PAULINO CÁRDENAS
La gente se sigue preguntando cuáles son las razones por las que el presidente Felipe Calderón está llevando la guerra que le declaró al narcotráfico desde que asumió el poder, a extremos tales como romper el pacto federal, sin importar el respeto a la soberanía de los Estados consagrados en la Constitución, en aras de querer avanzar a paso veloz en el combate a las mafias del crimen organizado en todo el país. La demanda es que esa lucha se apegue a la Constitución, las leyes, los derechos humanos y el pacto federal.
El jefe de operaciones de la DEA, Anthony P. Placido, hace poco vaticinó la derrota del crimen organizado en México, “pero a largo plazo”. Además advirtió que la situación empeorará antes de quedar resuelta. Y comparó la etapa que vive México en esa lucha emprendida por el gobierno panista, con la que vivió Colombia en los 80s.
Declaró que aunque la guerra emprendida por el gobierno federal contra el narcotráfico es la vía correcta para eliminar al crimen organizado y resultará en el sometimiento de las bandas, “por el momento los cárteles están lejos de sentirse en riesgo”.
La razón, expuso el funcionario norteamericano, es la gran capacidad que conservan los capos de la droga para corromper a las fuerzas del orden. La impunidad, dijo en entrevista con la revista Proceso en su número del 1 de marzo, continúa estando garantizada para los integrantes de las bandas de narcotraficantes.
Quizá por ello, el presidente Calderón dijo que su gobierno no tiene por qué pedir permiso para actuar contra las mafias. Sin embargo, no se trata de pedir o no permiso sino de respetar las formas que dicta la Constitución para no violar la soberanía de los estados.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 39 refiere el concepto de soberanía y en el 40 establece el carácter federal de la organización política mexicana y reconoce al federalismo como un arreglo institucional que se distingue por la división de poderes y el respeto que se infiere debe privar entre un gobierno federal y los gobiernos de los estados miembros.
Un Estado federal se caracteriza por la competencia y limitantes constitucionales que tiene ante otros estados. Aunque existe autonomía en las decisiones también existe el respeto a la soberanía para no caer en actos de abusos de autoridad o de autoritarismo vil. Por tanto, la soberanía de los estados mexicanos debe ser respetada. Algunas precisiones aparecen en los artículos 73, 76 y 124 de la propia Constitución mexicana.
Pero el narcotráfico es un asunto federal. Por tanto, corresponde a las autoridades federales actuar en consecuencia. Y en cuanto a qué debe ser primero, si combatir al narco o respetar la soberanía de los estados, sería tema de discusiones bizantinas. Por eso tal vez los opertivos se hagan muy a la mexicana: más vale pedir perdón que pedir permiso.
Por ello, el jefe del Ejecutivo, en su papel de Jefe Supremo de la Fuerzas Armadas, tiene la potestad de realizar operativos en cualquier entidad en donde se focalice ese problema, si se quiere con incursiones sopresivas de las fuerzas gubernamentales. Ello supondría darle parte anticipadamente a quienes gobiernan las entidades, y no siendo tomadas por asalto como ha venido sucediendo con algunas de ellas, de manera políticamente por demás selectiva, sin importar que con ello se esté violando el pacto federal.
El caso Michoacán es típico. De ahí es el presidente Felipe Calderón, de ahí es el dirgente nacionald del PAN-gobierno, Germán Martínez, pero la plaza está en manos del perredismo desde hace rato. ¿Qué hacer para ganarla? Poner en un predicamento a su gobierno antes de las elecciones, aunque después venga el cásico “usted perdone”. Y si es con acusaciones penales por presuntos vínculos de alcaldes y funcionarios del gobierno con el narcotráfico, mejor. El caso es desalentar el voto a favor del partido del sol azteca.
Eso ha generado en muchos sectores de la sociedad y hasta en la clase política, la demanda de que esa lucha del gobierno contra los capos de la droga, se apegue a la Constitución, las leyes, los derechos humanos y el pacto federal. Millones de mexicanos en el país lo que quieren que se combata, primero que nada, es el hambre, el desempleo y la falta de oportunidades, que se han ido agravando por una crisis económica que va de mal en peor
Por lo pronto, esa estrategia de guerra que escogió el presidente Calderón desde que asumió el poder para legitimarse ante todos los sectores de la sociedad, y el haber autorizado que la misma se utilice como eje rector de la campaña del PAN-gobierno para las elecciones intermedias, conlleva riesgos y es un arma de dos filos. Eso lo sabe el mandatario panista que, aún así, decidió jugársela. El próximo 5 de julio en las urnas vendrá la primera calificación pública de tal decisión.
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