Nuevo código anticrimen

PAULINO CÁRDENAS

De que hay cambios en la estrategia anticrimen del nuevo gobierno, en comparación con la del calderonismo, los hay. Empezando porque al plantear su estrategia contra la violencia y el crimen organizado, ese programa ha sido bautizado eufemísticamente como Programa Nacional contra la Prevención del Delito. Incluso en la nueva envoltura hay un nuevo léxico para referirse a la lucha contra los cárteles de la droga y el crimen organizado, que prohibe tácitamente hablar de ‘narcocrímenes’, ‘cárteles de la droga’,  ‘narcoguerra’, ‘decapitados’, ‘ejecutados’,  ‘desapariciones forzadas’, ‘levantones’,  ‘entambados’, ‘descuartizados’, ‘desmembrados’, ‘secuestrados’, ‘torturados’,  ‘empaquetados’, ‘encajuelados’,  ‘bombazos’,  ‘lucha armada’, ‘narcoguerra’, etc., etc. La palabra que de plano está prohibidísimo usar por parte del gabinete de seguridad es la de ‘guerra’. Excepcionalmente será utilizada.

También está prohibido hacer apología de las detenciones de presuntos delincuentes y menos irlos a exhibir a la televisión antes que presentarlos ante el Ministerio Público, como hacía Genaro García Luna con la complacencia de su jefe. En las detenciones será indispensable que, al estilo americano, los policías y agentes les lean sus derechos a los detenidos, sea que presuntamente hayan cometido delitos del fuero federal o del fuero común. Si Felipe Calderón tuvo la desvirtud de darle todo el vuelo y el peso de su gobierno al crimen organizado y a su guerra contra los cárteles de la droga, Enrique Peña Nieto quiere que la política de su gobierno en materia de combate a la delincuencia contra los capos y las mafias, tenga un carácter menos belicoso con lo que pretende irse creando un nuevo ambiente menos agresivo contra esos flagelos, de cara a la nación. De ahí que el código anticrimen haya cambiado, empezando por utilizar un nuevo léxico para referirse a esa guerra, la cual se empieza a ver como una changa rasurada.

La paz no se logra haciendo la guerra, parece ser la premisa de la que parte el nuevo gobierno. Su Programa Nacional contra la Prevención del Delito no trata en sí de innovaciones que marquen grandes diferencias, sino más bien lo novedoso estriba en que todas las instancias involucradas en esa lucha anticrimen trabajen de manera de veras coordinada, y que los esfuerzos jalen hacia un mismo propósito, como aspecto fundamental para hacer las cosas como debieron haber sido en el sexenio anterior, en donde lo que privó precisamente fue la descoordinación de acciones que propició un pésimo desempeño en el cumplimiento de operaciones, tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Federal y las policías estatales y municipales. De ahí que la estrategia de Calderón en esa materia, que tanto defendió, estaba destinada de antemano al fracaso. Peña quiere otra cosa.

La responsabilidad toral de ese nuevo Programa, por instrucción presidencial recae a partir de ahora de manera oficial en la Secretaría de Gobernación, la cual tendrá que lograr –entre muchas otras cosas que tiene que atender en su carácter de ‘Supersecretaría’– implantar un esquema eficaz que dé prioridad, paralelamente, a la capacidad técnica y a la capacidad operativa de los funcionarios que han designado para estar al frente de cada alta responsabilidad, cuya tarea deberá ser coordinada con las áreas del Ejército Mexicano y la Marina-Armada de México, en las que sigue recayendo la parte más importante de responsabilidad junto con la Policía Federal, además de las fuerzas que se incorporarán en su momento en esas tareas, correspondientes a la llamada Gendarmería Nacional. La idea de una Policía Única se estaría explorando. Más bien lo que se quiere es que cada gobierno estatal no solo participe en el Programa Nacional contra la Prevención del Delito, sino que cada gobernador se involucre, con su gente y sus recursos, en las tareas anticrimen.

Uno de los retos iniciales a los que se han avocado los mandos del gabinete de seguridad es a evaluar lo que se tiene en tanto instrumentos y herramientas tecnológicas de punta, que habrán de servir para fortalecer los servicios de inteligencia, que en el sexenio pasado eran ínsulas que se tenían como cotos privados y por ende desvinculados unos de otros. Lo mismo sucedía con las áreas de inteligencia militar de la Defensa Nacional, que de la Marina, del Cisen, del búnker de la Policía Federal o de la llamada Plataforma México. De todas no se hacía una. Cada una veía para su santo. La indicación presidencial es que ahora trabajen coordinadamente y bajo propósitos muy definidos en contra de la delincuencia organizada y los cárteles de la droga.

De manera también coordinada, las nueve secretarías involucradas habrán de hallar las causas y soluciones a los problemas que dan origen a la delincuencia, como son principalmente los aspectos de la pobreza y desigualdad y las brechas que existen en los extremos de ingreso en las distintas entidades federativas del país. En el mapeo inicial hasta ahora se han clasificado alrededor de 50 municipios que adolecen de esas desigualdades y una problemática que debe ser atendida por el Programa Nacional contra la Prevención del Delito. En ello estarán trabajando las secretarías de Gobernación, Hacienda, Sedesol, Trabajo, SEP, Salud, Economía, SCT, y Desarrollo Agrario. Por lo pronto, las escenas del crimen se siguen repitiendo en casi todo el país ya que los capos de la droga y las mafias del crimen organizado ni por asomo dan concesiones ni treguas.

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