La corrupción calderonista

PAULINO CÁRDENAS

El informe de revisión de la Cuenta Pública 2011 de la Auditoría Superior de la Federación, puso en evidencia que en el gobierno de Calderón, igual que los que le antecedieron, se cometieron abusos con los dineros del erario público, corrupción que no acaba porque los mecanismos de control y sobre todo de castigo a los infractores no han ofrecido a la ciudadanía respuestas confiables por una simple razón: la impunidad se impone, no se investiga, ni se procura justicia. De ahí que cada año, cuando la ASF da a conocer sus informes, vuelve a surgir la misma historia, sin que autoridad alguna se inmute. Pocos creen que la administración peñista se atreva a hacer algo al respecto aunque tiene ante sí la gran oportunidad de hacerlo.

Esta vez, el auditor Juan Manuel Portal informó que se interpusieron 134 denuncias penales en Agricultura, Reforma Agraria, y Comunicaciones y Transportes, entre otras secretarías, además de instituciones como el IMSS, ISSSTE y CFE, así como de varios gobiernos estatales que se fueron sobre los recursos públicos y que las cuentas no les cuadraron. Eso fue en la cuenta pública 2011. Habrá que ver todavía la de 2012 que fue el ‘año de Hidalgo’ en donde los funcionarios que terminan su gestión de gobierno suelen llevarse todo y no dejan ni el papel del baño para que se limpien los que siguen.

Lo que más atrajo la atención mediática del informe dado a conocer ayer, fue el caso de la Estela de la Corrupción, la famosa Estela de Luz que acabó siendo el colmo del descaro y el robo vil de dineros públicos en una obra tan inútil como fea que se realizó con motivo del centenario  de la Revolución y el bicentanerio de la Independencia, y que cobró la vida de una gente decente a la que se le quiso endozar el despilfarro y la responsabilidad de dar explicaciones de las cuentas negras de ese bodrio, como fue Alonso Lujambio, gente proba a quien le afectó gravemente su salud el saber lo que tenía que ocultarle a Calderón.

Desde que asumió el cargo, el presidente Peña Nieto ofreció llevar a cabo políticas modernizadoras notablemente contrarias a las de su antecesor. Una de las principales fue la de combatir la corrupción. Habló muy seriamente de la creación de su Comisión Nacional Anticorrupción, como una manera de plantear un nuevo paradigma que marque una pauta histórica contra esa nociva práctica, que ha llevado al país a ser esquilmado un sexenio sí y otro también, sin importar los colores partidistas del mando gubernamental o si este es federal, estatal o municipal. Han esquilmado al erario impunemente.

Ese nuevo órgano sustituiría a la todavía existente Secretaría de Función Pública. Todo mundo –excepto los antipeñistas que señalan que su triunfo presidencial implicó una certidumbre de corrupción–, creen que la famosa Comisión Anticorrupción será la panacea para acabar con esa nociva práctica desde dentro del sistema, y esperan –una vez que se apruebe su integración y entre en funciones luego de que sean elegidos el zar y sus consejeros, ya que los nombramientos de los cinco integrantes de la Comisión deben realizarse en un plazo máximo de 90 días, contado a partir de la entrada en vigor del decreto–, que esta administración marque una señalada diferencia respecto a lo que otros gobiernos han dejado de hacer en el combate a la corrupción.

Los mexicanos no quieren más verborrea sobe el tema. Quieren ver que los funcionarios deshonestos sean sancionados –sometidos a juicio y encarcelados– y los ineficaces sean relevados de su cargo. La rendición de cuentas tiene que ser una obligación sin excepciones, un proceso cotidiano e institucionalizado en toda la administración y para todo servidor público, incluido el propio Presidente en turno. En este sentido, un Estado eficaz debe ser necesariamente un Estado transparente, fiscalizado y sobre todo que haya quienes paguen el robo al erario público, a los recursos de la nación.

El punto de arranque sería fortalecer con urgencia el estado de derecho en el país. No se sabe si ese sea la convicción de Peña Nieto. Debe al menos reparar en el escaso valor de la ley en la cultura mexicana. Es lo menos que se espera de un presidente que se dice demócrata. Pero en el caso de la corrupción que sigue imperando en México por parte de los gobiernos, sean del color partidista que sean, debe ser un asunto de Estado. No basta con anunciar que habrá una Comisión Anticorrupción, sino que ésta funcione con eficiencia y eficacia y sea capaz, su zar y sus consejeros, de no temblarles la mano y que sometan a juicio a los inculpados.

Ya en el sexenio de Miguel de la Madrid se hizo un ensayo similar, del que pronto desistió el colimense. Fue Samuel del Villar de hecho el primer zar anticorrupción, que pronto se dio cuenta de que los intereses que había que afectar si se le entraba de lleno al asunto, su virtual jefe no iba a ser capaz de afrontar, como mas pronto que tarde sucedió. Esta vez, los mexicanos esperan que el anuncio de Peña Nieto de integrar una Comisión Anticorrupción que trabaje a fondo y en serio, no acabe como la intentona de aquel.

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