Gobierno y narco coinciden

PAULINO CÁRDENAS

En México se ha dado una paradójica coincidencia: El narco no quiere que se sepa de sus andanzas criminales a través de los medios masivos de comunicación ni a través de los blogs de Internet, y el gobierno federal sería feliz si nadie hablara de narcocrímenes, tal vez en espera de ver si así desaparece el problema. Incluso los funcionarios del gabinete de seguridad han proscrito de su léxico palabras que aludan a la temida narcomaldad. Cuando se refieren a ella lo hacen con tal cuidado, que no hay duda de que la consigna es depurar casi hasta la santidad los demoníacos términos de la violencia que sigue provocando ríos de sangre en más de la mitad del país.

El problema no se arreglará evitando hablar de él y menos con los reiterados llamados a la calma y de que ‘ya merito’ entrará en operación la innovadora estrategia anticrimen. Miles de mexicanos siguen viviendo en la zozobra. Lo mejor sería ver cómo se activan los servicios de inteligencia y cómo se ataca el problema en las llamadas “zonas de guerra” –que el zar antimafias Manuel Mondragón y Kalb llamó ‘foquitos rojos’– en las que se incluye a Tamaulipas, Coahuila, Durango, Michoacán, Guerrero, Nuevo León, Chihuahua, Morelos, San Luis Potosí, Chiapas y Veracruz, entre otras entidades.

Con la llegada al poder de Peña Nieto, la Secretaría de la Defensa Nacional redujo en más de 16 por ciento el número de elementos encargados de combatir el narcotráfico y crimen organizado, en comparación con los efectivos destinados a estas tareas durante el gobierno de Felipe Calderón. En el sexenio pasado más de 50 mil elementos estaban comprometidos diariamente en la guerra contra el tráfico de drogas, a diferencia de 32 mil 253 en la actualidad. Sin definir aún estrategia de lucha anticrimen, también disminuyó la cifra de detenciones y decomisos, apunta una nota de Jesús Aranda para La Jornada.

Como sea, a la guerra contra los cárteles –como le llamó Calderón a la lucha que su gobierno emprendió infructuosamente contra los grupos delictivos organizados con una estrategia evidentemente fracasada–, el gobierno de Peña Nieto dejó de llamarla así. Sus funcionarios dedicados a combatir a las mafias tienen prohibido utilizan términos que hagan alusión a la violencia, ni a utilizar como referente del combate a los grupos criminales palabras que son comunes en el argot de la criminalidad organizada y no organizada.

Incluso el ex presidente colombiano César Gaviria, de visita en nuestro país, hace unos días elogió el hecho de que el Presidente mexicano haya cambiado su discurso sobre el narco, como si eso fuera a terminar con el problema. Dijo que Peña ‘acertó’ en no seguir hablando de guerra contra las drogas y los traficantes, pues según él, por esa causa el precio fue pagado con ‘muchos’ homicidios en el sexenio de Felipe Calderón.

Pero lo coincidente y paradójico es que ni el gobierno ni los capos quieren que los medios de información hablen de crímenes, ni se den pelos y señales de las actividades delincuenciales. Inlcuso los capos han querido silenciar a medios de comunicación en algunas zonas del país, siendo la más castigada Tamaulipas, así como la región de La Laguna que abarca los estados de Coahuila y Durango, habiendo registros similares en Michoacán y Chihuahua, entre otras entidades federativas en donde, de la autocensura, el silencio pues, los medios de comunicación han pasado de plano al cierre de sus actividades. Los principales medios de esas entidades han dejado de cubrir este tema y la cobertura la han estado dando los blogueros.

Ante los amagos que ha recibido de la delincuencia y para proteger la vida e integridad de sus más de mil trabajadores, sus familias y de sus directivos, los periódicos Zócalo Saltillo, Piedras Negras y Monclova, Coahuila, anunciaron que dejarán de publicar información sobre el crimen organizado. El crimen organizado, sobre todo el que domina la plaza, monitorea las informaciones y cuando no le parecen, van y queman instalaciones o las rocíande balas de alto calibre o simplemente asesinan a mansalva al autor o dueño de el sitio web, como sucedió el pasado 4 de marzo de Jaime Guadalupe González Domínguez,  reportero y director del portal digital Ojinaga Noticias.

Otro lamentable caso fue el enésimo ataque al diario El Siglo de Torreón que dejó un civil muerto y cuyos presuntos atacantes fueron detenidos.  También el Diario de Juárez y Canal 44, en Chihuahua, que sufrieron ataques hace unos días, sobre los cuales el gobernador César Duarte se delantó a decir que no hay pruebas que esos hechos estén vinculados con el crimen organizado. Y está el caso de Saltillo en donde fueron hallados 5 cuerpos ejecutados y envueltos en sábanas blancas que dejaron en un puente, tres de ellos colgados y otros dos dejados en el piso a un lado del arroyo vehicular, con un mensaje del cual no se supo su contenido.

¿Y qué decir del proditorio crimen del secretario de Turismo de Jalisco, José de Jesús Gallegos Álvarez, recién llegado al cargo, a manos de un comando armado, donde resultaron heridos en el tiroteo, su chofer y un acompañante? ¿Quiénes siguen? ¿En dónde? La verdad es que las cosas están igual o peor que en el sexenio pasado en materia de inseguridad. Hasta ahora resulta obvio que ni las policías únicas, ni la coordinación entre corporaciones, ni los servicios de inteligencia, funcionan como debería.

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