Seguridad hecha bolas

PAULINO CÁRDENAS

Los principales mandos policiales y militares, comenzando por los de más alto nivel, parecen estar hechos bolas con sus ‘ejes poligonales’. No hay coordinación, ni servicios de inteligencia, ni estrategia. Al principio del sexenio se dijo que las prioridades contra la delincuencia iría, primero contra los secuestros y luego contras las extorsiones cometidas por la delincuencia organizada, que desde hace tiempo ha ampliado su espectro de actuación exigiendo dinero y hasta mujeres en pago por ‘derecho de piso’, a cambio de no agredir a los dueños de changarros y de negocios bien establecidos, quienes, si no acceden a dar su ‘mochada’ de extorsión, los sicarios van y los matan o les queman su establecimiento, sin que la policía federal, estatal, local o las fuerzas militares hagan algo por impedirlo. La extorsión telefónica es otro de los delitos que más ha proliferado en las zonas urbanas. Pareciera que las autoridades no pueden con el paquete.

El propio Javier Sicilia, a dos años del asesinato de su hijo, dijo que si las autoridades de seguridad del actual gobierno no están haciendo su función, que se vayan. En el régimen peñista la ola de ejecuciones, colgados, descabezados e incinerados, no ha cesado con respecto a las escandalosas cifras con las que cerró el sexenio de Felipe Calderón. En prácticamente todos lo estados de la República y el Distrito Federal y su zona conurbada, el salvajismo que se veía en los crímenes cometidos por los grupos al servicio de las mafias a lo largo del calderonismo, en los primeros casi cuatro meses del nuevo gobierno, sigue igual o peor. Pero en las zonas más apartadas del país, en los poblados de muchos municipios, las cosas comenzaron a ser intolerables, ya que la criminalidad, coludida con las policias locales y los ministerios públicos, trabajan juntos.

Esto ha motivado que estén floreciendo los grupos civiles armados prácticamente en todas las entidades del país. Ya el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia, lo venía advirtiendo en los últimos meses, que si los gobiernos municipales y estatales no cumplían con la función de brindar seguridad a la población, “existe el riesgo latente” de que grupos de autodefensa se extiendan y el crimen organizado se infiltre en ellos. Los encargados de dar seguridad, lejos de cumplir con su tarea, se coluden con las mafias locales para extorsionar a familias y trabajadores en diferentes puntos del país, lo que ya los tiene hartos y por lo que han optado por organizarse, armarse y defenderse ellos mismos.

En Guerrero no hay coordinación, ni servicios de inteligencia ni estrategia; lo que hay es colusión entre la delincuencia y los ministerios públicos y las policías locales, le dicen a Sabina Berman en su programa Shalalá de los miércoles en Canal 13, Ernesto Gallardo Grande, comandante de Policías Comunitarias de Ayutla; Manuel Vázquez Quintero, abogado; Gonzalo Torres Valencia, coordinador de las  Policías Comunitarias de Ayutla y José Flores, rector de la Universidad de los Pueblos del Sur.


 Le dieron razones por las que decidieron armarse y enfrentar como ciudadanos organizados, a la delincuencia que impera en ese estado de la República. Solo hay que escuchar sus razones y se entenderá mucho de la problemática y de lo que debría ser una seria preocupación de las autoridades, ya que ese esquema de organización para autodefenderse y enfrentar la inseguridad que padecen, se está multiplicando en todo el país.

Aunque Guerrero es la entidad federativa en donde más visibles se ha hecho este tipo de grupos, organizados en la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), el esquema ha sido adoptado en Michoacán, Oaxaca, estado de México, Colima, Veracruz, Chihuahua, Jalisco y Tabasco. Guanajuato ya anda en esas. En el Distrito Federal, al menos en el barrio de Tepito, ya apareció también un grupo comunitario de autodefensa. Como sea, esas organizaciones civiles han capturado a decenas de personas que pertenecen a varios grupos delincuenciales, a quienes los han hecho confesar que son secuestradores, que han matado gente y que pertenecen a la delincuencia organizada. Es decir, han logrado en pocos meses mucho más que que las policías federal, estatales y municipales, soldados y marinos, juntos.

Tanto en la instancia federal que tiene a su cargo el zar antimafias, Manuel Mondragón y Kalb, como en la PGR, lo que han hecho es desacreditar a esos grupos de autodefensa civiles a quienes acusan de que solo son ‘grupúsculos’ que actúan al margen de la ley y que incluso ‘son armados por la delincuencia organizada’, lo que ya les ha sido respondido desmintiendo esas aseveraciones. Se resisten a aceptar que la creación de grupos de autodefensa que está floreciendo en todo el país es por la falta de efectividad y eficiencia, además de la corrupción y colusión que impera entre las autoridades y la delincuencia, lo que se está convirtiendo en un nuevo reto de seguridad para el gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto y cuyos mandos no saben qué hacer.

Los grupos de autodefensa han manifestado que, al igual que ocurrió con los grupos civiles que tuvieron que armarse en países como Colombia y alzarse en armas ante la ausencia de una acción del Estado y la desprotección que prevalecía en sus zonas ante el avance impune de grupos del narcotráfico y el crimen organizado contra la población, lo mismo está sucediendo en México, que es organizarse en grupos armados de autodefensa. ¿Que eso es inconstitucional?, preguntan esas organizaciones. Y responden: ¿No es más inconstitucional, y hasta criminal, permitir que haya colusión de autoridades con la delincuencia y que siga imperando la impunidad? ¿Y a nuestras familias, quién las va a defender? El Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene la palabra.

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