Los raterazos, a la cárcel

PAULINO CÁRDENAS

Son 88 millones y medio de pesos en efectivo que tenía escondidos en una vivienda ubicada en una ranchería de Nacajuca, José Manuel Saiz, ex tesorero de Andrés Granier, el ex mandatario de Tabasco al que se le viene señalando por un desfalco calculado en 20 mil millones de pesos durante su administración. Se cree que podría haber más dinero escondido en otros lugares, ya que más de 25 personas han declarado sobre las cantidades en efectivo que ingresaban a la Secretaría de Finanzas del estado. Trascendió que hay varias personas detenidas; se dice que Saiz, quien al parecer radica -o radicaba- en Mérida, ya trae un amparo bajo el brazo, y Granier vive en EU. Otro sospechoso es el subsecretario de Egresos, Miguel Ángel Contreras. Podrían desaparecer del mapa.

Esto sucede a unos días de que el noticiario Telereportaje difundiera unas grabaciones en las que el ex gobernador Granier presumió de viajes por el mundo y propiedades en Miami, Cancún, el Distrito Federal y Villahermosa, además de poseer mil camisas, 400 pares de zapatos, cientos de pantalones y 300 trajes. La conversación fue grabada durante una fiesta en la ciudad de México el 17 de octubre de 2012, dos meses y medio antes de que Granier dejara el cargo, cuando era manifiesta una grave crisis financiera en Tabasco por un millonario quebranto que paralizó entre otros el sector salud. Dijo que aquel día estaba en estado de ebriedad. Pero los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Otra ficha es su hijo Fabián Granier Calles.

Los mexicanos honestos, que son una abrumadora mayoría, preguntan: ¿Cuántos gobernadores y ex gobernadores, presidentes municipales y funcionarios federales en México están en las mismas que Granier? ¿Cuántos más funcionarios hay en el país que al amparo de su cargo se dedican a saquear las arcas del erario público? ¿Cuántos casos quedan impunes? Por lo pronto resulta loable el esfuerzo de las actuales autoridades de Tabasco por darle seguimiento al supuesto desfalco atribuido al ex gobernador durante su gobierno. El descarado robadero al erario de esa entidad federativa quedó demostrado con el hallazgo de las cajas de cartón que tenía escondidas el ex tesorero de Granier y en donde había millones de pesos en efectivo.

Ahora la población tabasqueña demanda celeridad en los procesos contra los funcionarios corruptos, comenzando por las sospechas fundadas que han recaído en Andrés Granier. Ojalá que no se atribuya a una legislación penal obsoleta o a la práctica perversa de algunos abogados que suelen entorpecer la buena marcha de los procesos, para que al final salgan con que no hay elementos suficientes para instrumentar jurídicamente el debido proceso en cada caso. Ojalá que tampoco se le ocurra al gobierno que encabeza Arturo Núñez del Movimiento Progresista por Tabasco, integrar una Comisión Especial de Justicia para el caso, porque eso equivaldría a que el mismo pudiera quedar impune ya que las comisiones no sirven para nada. La sociedad tabasqueña y de todo el país piden la aplicación de sanciones ejemplares a esos ladrones de cuello blanco.

Los mexicanos están interesados en conocer las medidas que habrían de ser aplicadas al ex tesorero de Granier y a éste junto con su hijo Fabián, así como al subsecretario de Egresos del gobierno anterior, Miguel Ángel Contreras, que son sospechosos de haber integrado una red criminal organizada para saquear los recursos del erario de esa entidad que padece muchas carencias. Asímismo hay un número indeterminado de denuncias de corrupción que se han venido dando en otros estados de la República, sobre los que la que la ciudadanía quisiera ver la aplicación de sanciones penales ejemplares.

Un caso que ha vuelto a retomar fuerza es el de la guardería ABC. En una entrevista para la primera emisión de Noticias MVS, las madres de víctimas, Juana Luna y Julia Escalante, así como el abogado Gabriel Alvarado, sostuvieron que existen elementos que comprobarían que el incendio de la guardería se inició por la quema intencional de documentos sobre la deuda estatal de unos 10 mil millones de pesos del gobierno de Eduardo Bours, cuya documentación se hallaban en la bodega de la Secretaría de Hacienda, contigua a la guardería en donde fallecieron 49 niños y decenas más quedaron con cicatrices permanentes en sus cuerpos y con afectaciones irreversibles en su salud.

El abogado indicó que el 17 de abril la PGR abrió la nueva línea de investigación, luego de que “se le proporcionaron elementos de prueba para señalar que fue provocado el incendio”. Ojalá que este caso se reabra y se procese y condene a quienes en los más altos niveles tuvieron responsabilidad de ese drama que conmovió a la nación. Y mientras cobra vida la Comisión Nacional Anticorrupción, los mexicanos esperan que el gobierno de Enrique Peña empiece a develar los casos de corrupción, identifique a los corruptos y los procese. Eso significaría un gran paso hacia la democracia. El caso Granier abre la esperanza de que deveras en esta administración comience una nueva etapa de ir contra la corrupción de funcionarios públicos y no salgan con que no habrá cacería de brujas. El mandatario priísta podría vestirse de luces si influye para que los raterazos vayan a la cárcel.

paulinocardenas.wordpress.com

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