Las ‘guardias blancas’

PAULINO CÁRDENAS 

Utilizados tradicionalmente como parte de una política de guerra contrainsurgente, las llamadas ‘guardias blancas’ han sido usadas primordialmente para control social. Esos grupos armados han comenzado a reaparecer en algunas regiones del país; una versión lo atribuye a que han sido integradas por bandas del crimen organizado infiltrados en los colectivos de autodefensa civil, para saber de los movimientos castrenses y de otras bandas delictivas en su contra, y otra habla de que son del propio gobierno para tratar de frenar el avance de los grupos criminales. Esos grupos han comenzado a ser detectados en Michoacán y Guerrero, y hay pistas de que también han empezado a surgir en Oaxaca, Chiapas, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas entre otros estados.

La ineficacia policial en los estados y municipios ha propiciado que la gente de trabajo común y corriente quede a expensas de la delincuencia organizada, ya que son sometidos a pagar derecho de piso si  tienen un comercio por modesto que sea, un impuesto paralelo al del gobierno al que son obligados a pagar y quienes se oponen a darlo, es amenazado y queda expuesto a que le incendien su establecimiento o a que sea asesinado a mansalva. Por ello, desde que inició el sexenio, empezaron a proliferar, primero los grupos civiles de autodefensa armada, después las policías comunitarias, y ahora las ‘guardias blancas’, con el supuesto propósito de defender a la población de los ataques de los sicarios al servicio del crimen organizado.

Esos grupos son auspiciados con mucho dinero porque, entre otras cosas, hay que armarlos. ¿Quién les paga? ¿De dónde sacan las armas para pertercharlos? El hecho es que esas ‘guardias blancas’, cuando no son paramilitares pagados por el gobierno, la mayoría de las veces no saben para quién trabajan cuando son financiados por grupos privados. Como sea, se ha comprobado que esos grupos están siendo cada vez más visibles en los territorios de guerra de nuestro país. Tradicionalmente sus integrantes son asesinos que usan armas convencionales o de alto poder, contratados para asegurarle buenos resultado al patrón, llámese gobierno o ente privado. Esta vez esas ‘guardias blancas’ parecieran estar en contra de la delincuencia organizada, aunque existen muchas dudas. Más bien parecen tener otros objetivos.

Por lo pronto han aparecido en Michoacán como pate de los colectivos civiles de autodefensa,  cuyo propósito aparente es servir de punta de lanza a los propios cárteles en disputa de territorio, como está sucediendo en esa entidad federativa entre los cárteles de Los Caballeros Templarios, La Familia Michoacana y Nueva Generación. La situación en ese estado, sobre todo en la zona purépecha, se ha vuelto cava vez más conflictiva. Por ello, el pasado 23 de mayo el presidente Enrique Peña Nieto ordenó el despliegue de miles de soldados y policías en Michoacán, donde en 2006 empezó la cruenta lucha del ex presidente Felipe Calderón contra los cárteles de la droga.

El titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, declaró que ahí se mantendrá ese dispositivo castrense ‘hasta que regrese la paz’ a ese estado de la República. Dijo que es una estrategia “integral” que marca una “gran diferencia” con la que lanzó Felipe Calderón, basada en el combate frontal a los grupos criminales. El operativo estará coordinado por el secretario de Defensa, general Salvador Cienfuegos. El operativo, según fuentes federales, consta de 6,000 militares y más de 1,000 policías desplegados principalmente en la conflictiva Tierra Caliente donde son comunes los retenes ilegales de gente armada y las extorsiones contra empresas y pobladores.

En esa región la gente ha señalado que los militares llegaron más bien a reprimir a los grupos civiles que se han venido constituyendo para la defensa de la población, y no para defenderlos de la delincuencia organizada como se ha anunciado oficialmente. El caso es que las famosas y temidas ‘guardias blancas’ han vuelto a aparecer en escena, justo cuando las autoridades federales insisten en que los índices de inseguridad y violencia han disminuido a partir de este sexenio, sin que haya pruebas fehacientes de ello. Son decires. En algunos estados de la República el gobierno peñanietista asiste a sus mandatarios y a sus instancias de seguridad, planeando estrategias conjuntas para dizque recuperar la tranquilidad y la paz en sus comunidades.

Y mientras se implementan esos planes de ‘seguridad ciudadana’, los habitantes de muchos poblados en el país siguen a expensas del crimen organizado, sobre todo en las llamadas ‘zonas de guerra’ del país, cuya existencia es negada oficialmente. Una forma de paramilitarismo han sido las ‘brigadas blancas’, con las que el Estado suele esconder su responsabilidad en la violaciones de los derechos humanos que cometen esas agrupaciones para eximir a las autoridades de responsabilidad, así como mantener impunes a todos los actores que los financian, a la vez que el gobierno mantiene la política de control social a través del terror. Eso es lo tradicional. No se sabe si ahora que se atribuye la formación de esos grupos al crimen organizado, podría ser peor.

paulinocardenas.wordpress.com

 

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