Un impuesto a manifestantes

PAULINO CÁRDENAS

Hablando de impuestos, no estaría mal que a través de un ‘adéndum’ en torno a la reforma fiscal, se anexe un gravamen de al menos 33 por ciento de su sueldo, a cada uno de los maestros disidentes que participan en las constantes manifestaciones por el Distrito Federal y otras ciudades del país, lo mismo que a los padrinos pertenecientes al cártel antiPeña que fondean las marchas, bloqueos y actos vandálicos tomando calles y avenidas impunemente, lo que podría servir a la recaudación de la Federación para ayudas varias que requiere apoyar el erario. Con los numerosos grupos que actúan a sus anchas a diario en la capital de la República y en el interior del país con la complacencia del jefe de gobierno del DF, del propio gobierno federal y de ciertos gobernadores, bien podría la Secretaría de Hacienda allegarse un buen de lana si se le cobrara a los manifestantes un Impuesto por Agandalle de Espacios Públicos (IAEP).

Sería otra fuente de ingreso seguro ahora que el gobierno anda en la pepena de más dinero para el erario. Podría promoverse un adéndum en el Pacto por México. Por lo pronto las protestas callejeras de los maestros disidentes, pese a la promulgación que hizo Enrique Peña Nieto de la ley general educativa y sus leyes reglamentarias, seguirán. La llamada ‘insurgencia magisterial’ con sus mítines y actos vadálicos de supuestos ‘infiltrados’ que seguirá afectando los derechos de terceros –y de cuartos y de quintos– por sécula suculorum, sería una garantía de recaudación fiscal y una fuente ianagotable de entrada de recursos frescos a las arcas de la Nación. Dijo el mandatario que quienes ganan más, paguen más. Eso equivale a que los manifestantes ganan más las calles que los ciudadanos comunes, por lo que debería pagar más altos impuestos si se aprobara el IAEP.

Pero además están las marchas consuetudinarias de los más de 60 sindicatos no alienados y las huestes barzonistas que un día sí y otro también, apelando como los maestros de la CNTE a su derecho a manifestarse libremente, hacen suyas calles y avenidas de la capital del país y de otras importantes urbes en la República, con bloqueos por aquí y por allá, importándoles un sorbete si violan con ese derecho el derecho de otros, supuestamente también garantizado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Independientemente de lo malo y lo feo que tenga la nueva Ley educativa y la reforma hacendaria que va de la mano con la fiscal, no estaría nada mal cobrarle un impuesto a los manifestantes por violar un derecho constitucional que es de todos los mexicanos, como es el del libre tránsito.

La moción podría ser ventilada –¿por qué no?– en el seno mismo del Pacto por México, en donde los integrantes del Consejo Rector dirimen qué sí y qué no debe ir al Legislativo, y cómo y de qué forma puede garantizarse la aprobación de cada propuesta de reforma una vez que llega al Congreso de la Unión, como ha sucedido hasta ahora, lo que de hecho garantiza que la reforma que acaba de anunciar el presidente Peña Nieto el pasado domingo, de nuevas reglas de juego con el doble propósito hacendario y fiscal, sea aprobada y pronto por diputados y senadores, como sucedió con otras de reciente cuño como la educativa y la que viene, energética.

El cómo se instrumentaría ese cobro y cómo dar con quiénes debe pagar el supuesto nuevo gravamen es cosa de los especialistas en la materia que también los tiene el Pacto en su área de asesores. Eso sería lo de menos, porque en esa labor podrían participar los servicios de inteligencia política que tiene el gobierno a su servicio en varias instancias comenzando por el Cisen, e incluidas las áreas de inteligencia militar de las Fuerzas Armadas. O acaso resulte más fácil gravar con ese impuesto a los padrinos que sufragan los gastos y costos de cada mítin o marcha de protesta, los cuales sería muy fácil de ubicar, primero porque están a la vista en la lista del cártel antiPeña, y segundo porque para la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda es fácil dar con los que pagan por provocar disturbios.

Para esa Unidad sería pan comido dar con quienes financian esos movimientos callejeros que provocan cortes a la circulación en diversos puntos de la ciudad, y con la mano en la cintura daría con quienes proveen a esos contingentes no solo de dinero, sino de artilugios con los que cometen sus fechorías cuando se convierten en vándalos. Ya no se diga en dar con quienes les pasan su ‘corta’ para andar de mitoteros en la vía pública, a quienes dejan a miles y miles de niños sin clases. Es un hecho es que la CNTE seguirá protestando a pesar de la promulgación de la Ley educativa y sus leyes secundarias. El arranque ayer de su ‘primer’ paro nacional, con el respectivo caos que propició en gran parte de la capital y en otras ciudades del país, es el principio de una nueva etapa de desobediencia magisterial que será difícil de parar.

Con eso, y la participación de Morena en apoyo a López Obrador en su campaña de protesta por la defensa del petróleo, y las marchas y mítines de los sindicatos disidentes y los grupos manejados por la izquierda radical que suelen sumarse a cuanto borlote hay, podría aumentarse el padrón de contribuyentes, si alguien tomara la idea de implantarle un gravamen a los manifestantes, ya que la indicriminada toma de calles y avenidas está garantizada, igual que los actos vandálicos de los dizque ‘inflitrados’ a quienes también se les cobraría el Impuesto por Agandalle de Espacios Públicos, IAEP. Porque, amparados en su derecho constitucional, los manifestantaes de todos colores y sabores seguirán sus protestas, marchas, mítines y bloqueos viales, aunque se lleven de corbata los derechos de terceros.

paulinocardenas.wordpress.com

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