¿Hay pactos con el crimen?

PAULINO CÁRDENAS

Si Felipe Calderón tuvo mala fama como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, ha trascendido que Enrique Peña Nieto está motivando malestar en los altos mandos castrenses porque como su jefe supremo, el mandatario priísta está dando muestra de tibieza y debilidad de cara a la nación ante la delincuencia organizada que sigue avanzando en el país, ya que al parecer las Fuerzas Armadas tienen órdenes precisas de no provocar a los cárteles, mientras que la Policía Federal sigue ivernando en la comodidad de su año sabático, y las policías locales no pintan en esa lucha. Lo que acaba de suceder en Michoacán el pasado fin de semana con los Caballeros Templarios es muestra fehaciente de ello, ya que los miles de efectivos destacados en esa entidad tienen la orden de no intervenir contra ese cártel. Ante esa indolencia, la gente, los michoacanos, han tenido que organizarse para autodefenderse. ¿Hay pactos por México con el crimen organizado?

Es obvio que en este sexenio las fuerzas gubernamentales armadas no están para ir en defensa de las comunidades que están a expensas de los abusos, extorsiones, secuestros, cobros de piso, violaciones de niñas, torturas y ejecuciones cometidos por ese grupo criminal. Los soladados tienen la orden de sus superiores de desarmar a los grupos civiles que han optado por autodefenderse de la criminalidad. El cártel dominante tiene de hecho cómplices, ya que se dice que la omisión deliberada implica colusión. No hay signos claros de que el Gobierno federal se apreste a tomar cartas en el asunto de manera seria y contundente, esino que más bien espera de que la solución se dé a nivel estatal, lo que es tanto como pedirle peras al olmo, ya que el gobierno de esa entidad ha sido un cero a la izquierda frente a ese problema desde hace años.

Después de que las autoridades que habían guardado silencio sobre los hechos delictivos sucedidos en ese estado con el ataque contra instalaciones de carácter federal en 18 subestaciones de la CFE, el incendio deliberado de 6 gasolineras y los estallidos de granadas y tiroteos realizados por grupos subversivos que dejaron varios muertos y heridos, el vocero de Gobernación, Eduardo Sánchez, dijo escuetamente en su breve asomo con los periodistas, que esos hechos habían sido obra de vándalos, al señalar que hubo tres detenidos vinculados como presuntos autores de varios de esos ataques. Trató de disminuir la gravedad de los hechos y no aceptó preguntas. Sin embargo, los actos criminales están a la vista. No se pueden ocultar.

En medio de las esquivas declaraciones oficiales está la contundente declaración del médico veterinario, José Manuel Mireles Valverde, quien encabeza el Consejo Ciudadano de Autodefensa de Michoacán, quien refirió ayer en la primera edición de Noticias MVS que hubo el uso de granadas que estallaron, además de tiroteos con armas de alto calibre por parte de los Templarios que habrían dejado como saldo al menos una docena de sicarios y un civil, muertos, además de otro civil herido en un glúteo por un francotirador, cuando los grupos de autodefensa intentaron llegar desarmados a Apatzingán en una marcha con dirigentes de varios grupos de autodefensa, para exigirle a las autoridades que saquen de Apatzingán a los Templarios que tienen el dominio absoluto en ese municipio.

A ese cártel se le achacan los ataques del sábado y domingo pasados, aunque hay quienes señalan que pudo haber ‘mano negra’ de quienes han venido manejando los mal llamados grupos ‘anarquistas’ que han venido actuado en varias ocasiones durante este año en el Distrito Federal. Si no fueron los Templarios ¿hubo otra misteriosa fuerza que intervino en esos actos terroristas que hubo en 18 municipios de Michoacán el pasado fin? Los hechos sucedidos en ese estado de la República son propios de grupos subversivos que están dispuestos, no solo a enfrentarse al gobierno del estado sino al gobierno federal, porque saben que ninguno de los dos gobiernos tiene las agallas para hacerles frente; uno, el local, porque parece estar sojuzgado y hasta siendo cómplice del cártel que maneja el estado; y el otro, el federal, por su afán de no quererse parecer al gobierno anterior.

Desde principios del sexenio peñanietista hubo la orden a los altos mandos castrenses de no provocar a los cárteles de la droga en el país, para evitar que el Ejército y la Marina o la Policía Federal fueran noticia cotidiana de los enfrentamientos con la criminalidad, como era pan de cada día en el sexenio anterior. Esta ‘estrategia’ ha sido muy bien aprovechada por los capos del crimen organizado que se han despachado con la cuchara grande y tienen sometidas a muchas comunidades en el país, como ha sucedido con los Caballeros Templarios en donde este grupo criminal es el amo y señor en Michoacán, por lo que sus pobladores han tenido que ocurrir a organizarse para autodefenderse de los sicarios que trabajan para ese cártel.

La nueva política anticrimen del gobierno federal no convence a nadie y menos a quienes siguen siendo víctimas de los cárteles en muchos estados de la República, como venía sucediendo en el sexenio pasado. Incluso se habla entre los grupos afectados que policías y soldados están coludidos con los sicarios que trabajan para grupos como los Caballeros Templarios, Los Zetas, Jalisco Nueva Generación, del Golfo y el cártel de Sinaloa entre otros, que han aprovechado muy bien la ausencia de autoridad en varias regiones del país. Si no se aplica, la tibia lucha contra los capos de la droga y el crimen organizado puede ser el talón de Aquiles de Peña Nieto. Si es que no hay pactos por México con esos grupos criminales, como corren versiones por todos lados.

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