Indulto causará controversias

PAULINO CÁRDENAS

El indulto que otorgó el presidente Enrique Peña Nieto la semana pasada a Alberto Patishtán Gómez, reconocido por quienes siempre creyeron en la inocencia del profesor tzotzil, causará sin duda controversias en el ámbito jurídico y político. El indulto presidencial se otorgó a partir de la reforma al Código Penal Federal y el argumento se sustentó en presumibles errores del Poder Judicial de la Federación por violar los derechos humanos del profesor indígena que tenía en la cárcel 13 años. El argumento de su indulto fue concretamente por violaciones al debido proceso. ¿Cuánta gente está ilegalmente detenida, presa hace años o sentenciada a muchos años de cárcel siendo inocente? ¿A cuántos presuntos culpables tendría que indultar Enrique Peña Nieto a lo largo del sexenio por violaciones al debido proceso?

Patishtán fue encarcelado tras ser acusado de participar en una emboscada donde fueron asesinados siete policías en El Bosque, Chiapas, sin que se le haya probado la acusación en su contra por homicidio. Dijo que una vez en la cárcel se encontró con presos en condiciones de pobreza que vivían injusticias y humillaciones; indígenas que ante los escasos recursos económicos están encerrados, por lo que al considerarlos “su pueblo”, comenzó una nueva lucha.
 ¿Habrá esperanzas de que esos detenidos alcancen el indulto como fue el caso del activista tzotzil? Aunque el de Patisthán fue distinto, lo mismo sucedió con el caso Cassez. Y la libertad que se le otorgó recientemente al narcotraficante Rafael Caro Quintero fue por lo mismo, por violaciones al debido proceso, dizque. En todos esos casos el hecho es que el Poder Judicial de la Federación queda en evidencia.

A finales del pasado mes de octubre las Cámaras aprobaron una reforma al Código Penal Federal donde un sentenciado puede tener el beneficio del indulto cuando haya violaciones a su procedimiento hacia los derechos humanos y esa facultad la tiene el Ejecutivo federal.
 El indulto es un figura jurídica que ha existido, pero ahora de manera regulada en los casos que hay sentencia. El artículo 97 Bis al Código Penal Federal fue modificado, en el cual se subraya que ya sea motu proprio o a petición del Congreso, el Ejecutivo “podrá conceder el indulto” a las personas sentenciadas que no representen un peligro para la tranquilidad y seguridad públicas, “cuando existan indicios consistentes de violaciones graves a los derechos humanos de la persona sentenciada”.

Hay voces de algunos expertos que señalan que si bien el indulto constituye una concesión otorgada en exclusiva por el Poder Ejecutivo, cierto es también, que para la SCJN (Tesis 1a. XXXIV/2013) el reconocimiento de inocencia que vino a sustituir al indulto necesario y judicial, se conceptúa como una institución de carácter extraordinario y excepcional que, reconociendo el principio de seguridad jurídica surgido con la sentencia definitiva irrevocable, tiene por objeto corregir verdaderas injusticias cometidas por el juzgador penal, cuando habiendo condenado a una persona, posteriormente se demuestra de manera fehaciente e indubitable que es inocente, como lo señala José Antonio Hernández Huesca, quien se pregunta: ¿Qué va a pasar con el juzgador penal que cometió las violaciones al debido proceso? Se supone que debía haber castigo.

Sandino Rivero, abogado de Patisthán, dijo que el indulto que se otorgó a partir de la reforma al Código Penal Federal es “distinto” al que pudiera entenderse al “perdón”, ya que en este caso es un reconocimiento, un error en el Poder Judicial de la Federación, por la grave violación a los derechos humanos. 
“No se está reconociendo que el profesor fue culpable; lo que se está reconociendo es que hubo violaciones graves a los derechos humanos, y en concreto violaciones al debido proceso, por lo que no podemos hablar y asegurar que el profesor fue culpable, ya que no pudo sostener la presunción de inocencia que de por sí tenía”.

Si bien es cierto que hay preocupación de las autoridades por los problemas que genera la delincuencia, el delito y el delincuente a los que se les ha dado distintas soluciones desde el castigo hasta la muerte en el intento de aprehenderlos, otro grave problema que sucede en México es precisamente que por querer llenar el expediente hay detenciones arbitrarias. Está el caso de la indígena otomí Jacinta Francisco Marcial, quien pasó tres años y un mes en prisión acusada por dizque haber secuestrado a seis elementos de la desaparecida AFI (Agencia Federal de Investigaciones) y quien finalmente fue liberada sin cargos junto con tras dos indígenas acusadas de cómplices, ni siquiera con el ‘usted disculpe’ de por medio.

En México hay miles y miles de gentes que están en las cárceles siendo inocentes, quienes son sometidos a indebidos procesos, llenos de aberraciones legales, como el de Patishtán o el de la Cassez, o quizá hasta el de Caro Quintero cuyos abogados siguieron el mismo caminito de los defensores de la francesa, para que el famoso capo quedara en libertad, después de 28 años de estar en la cárcel. Hay otros, la gran mayoría, que por su condición misma de pobreza, pasan años en la cárcel en espera de que alguien revise su caso. Fue el caso de Antonio Zúñiga cuyos abogados Layda Negrete y Roberto Hernández realizaron un documental llamado ‘Presunto culpable’, el cual desnuda a un sistema judicial corrupto e ineficiente.

 ¿A cuántos presuntos culpables tendría que indultar Enrique Peña Nieto en su sexenio?

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