Se radicaliza la violencia

PAULINO CÁRDENAS 

La violencia que se ha desatado en México ha incrementado las preocupaciones sobre la estabilidad del país, coinciden en señalar diversos analistas internacionales. La pasividad que han mostrado las fuerzas gubernamentales armadas –militares, marinos y policía federal–, que se dedican a observar más que a actuar contra la delincuencia organizada, ha ocasionado que en diferentes zonas del país los enfrentamientos se desborden y la ciudadanía tenga que acudir a organizarse para hacerle frente a las bandas delincuenciales que cada vez proliferan más en todo el territorio nacional. Michoacán, en la zona de Tierra Caliente, es hoy por hoy el caso típico de ese fenómeno. El riesgo es que ese ejemplo empiece a cundir en otros estados de la República en donde las cosas están igual o peor de descompuestas por la política oficial del dejar hacer y el dejar pasar en materia de seguridad.

Incluso un reporte del Servicio de Investigaciones del Congreso estadounidense, advierte que la violencia “ha incrementado las preocupaciones sobre la estabilidad de México, un aliado clave en lo político y económico, y sobre la posibilidad de que la violencia se derrame hacia EU”. También menciona que la “aparente debilidad” del sistema de justicia penal de México “parece haber limitado” la eficacia de los esfuerzos contra el crimen, como la Iniciativa Mérida. Pero no es solo eso. El hecho estriba en que en un afán de no parecerse al régimen anterior, la actual administración que encabeza Enrique Peña Nieto ha preferido no enfrentar a sus fuerzas contra la delincuencia y ha dejado que sean los propios grupos delincuenciales los que busquen eliminarse unos a otros. Un sueño guajiro en el que también llegó a creer su antecesor.

Esto ha provocado que en lugar de que prevalezca la tranquilidad y la justicia, esas luchas armadas entre los cárteles se conviertan en una pesadilla para los pobladores de muchas comunidades de decenas de municipios del país, en donde existe más que el estado de derecho, la ley que impone la criminalidad. En Estados Unidos existe preocupación de que, provocado por los cárteles de la droga y las actividades de las mafias del crimen organizado, la violencia de los estados del norte de México pueda traspasar la frontera como ya se han dado casos, por lo que hay signos de preocupación por parte del Departamento de Estado norteamericano y de las agencias anticrimen del vecino país del norte.

Incluso un informe elaborado por The Economist Intelligence Unit auguró que México es uno de los 65 países con “alto riesgo de conflicto” en 2014, debido a los problemas económicos, desigualdad de ingresos, bajo nivel de prestaciones sociales, tensiones étnicas y desconfianza en el gobierno. El informe, publicado por el semanario inglés The Economist, en su suplemento “El Mundo en 2014”, incluye un listado de 150 países entre los que, de acuerdo con su actual situación política, económica y social, prevé riesgo de “rebelión” muy alto, alto, mediano, bajo y muy bajo. Algunos analistas creen que la aparente debilidad del sistema de justicia penal de México parece haber limitado la eficacia de los esfuerzos contra el crimen, pero los factores son múltiples.

Ha sido más bien la falta de una estrategia anticrimen definida, eficaz y eficiente, que permita ir acotando el avance de los diferentes grupos delincuenciales que se han por cierto multiplicado en los últimos meses, unos en busca de hacer alianzas y otros para enfrentar a cárteles de mayor peso armado y logístico. El fin es el mismo para todos: luchar por ganar o no perder territorio para la siembra y trasiego de estupefacientes, y en otros casos el tener bajo control a comunidades como sucede en Michoacán y en Guerrero, en donde los grupos de autodefensa y policías comunitarios han proliferado para defenderse de los cárteles que los tienen sometidos, por la nula actuación por parte de las fuerzas militares y policiales que han sido destacadas en decenas de comunidades, supuestamente para que prevalezca la paz y la tranquilidad.

Incluso el accidente que sufrió el pasado sábado el líder de las autodefensas de Michoacán, José Manuel Mireles Valverde, al caer la avioneta en la que viajaba, resultando herido el médico veterinario junto con otros ocupantes de la aeronave en donde murió el copiloto, es síntoma de lo que está sucediendo en esa entidad federativa. Se cree que la caída de la avioneta habría sido un atentado perpetrado posiblemente por una célula de los Caballeros Templarios. Ese accidente sin duda agitará más las cosas en Michoacán, y no es de dudarse que en otras entidades como Guerrero, Morelos, Chiapas, Oaxaca, el estado de México, y otros más, surjan grupos que se unan a la lucha que llevan a cabo las comunidades michoacanas.

Está por supuesto el otro asunto, el de la radicalización del magisterio disidente que ha anunciado que seguirá su lucha anti-reforma educativa en la capital del país y otras entidades del país, quienes luego de ocho meses de reacción tardía, fueron retirados del Monumento de la Revolución, por lo que acusaron al jefe de gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, de criminalizar las manifestaciones públicas. Están también los grupos radicales que siguen atacando con bombas molotov instalaciones estratégicas como sucedió el domingo en un edificio alterno de la SCT en la capital del país, y que sin duda esos actos vandálicos seguirán dándose con cualquier pretexto, por parte de grupos pertenecientes al cártel antiPeña, que son muchos y muy numerosos.

Y por si algo faltara, otro reto que tendrán que enfrentar los altos mandos de Seguridad Pública federal y de algunos gobiernos locales, estará cifrado en la invitación que hace la Federación Anarquista Informal a sus afiliados para promover la práctica de ‘ejecuciones de objetivos humanos’, es decir de atentar contra la gente que administra los inmuebles que suelen ser destruidos, apedreados y quemados por esos grupos que actúan embozados. En un panfleto distribuido en la red Contrainfo, firmado por la Conspiración del Fuego FAI/FRI perteneciente a la Internacional Anarquista, se convoca a los autollamados ‘anarquistas’ a no conformarse con la destrucción en las marchas y protestas, sino ampliar el espectro de la violencia ‘a la vida cotidiana’. ¿Se convocan a atacar a la gente? ¿A malherir a seres humanos e incluso con intenciones de matarlos? El documento puede leerse en “Seamos Peligrosxs”, nuevo panfleto anarquista.

 

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