Pasmo ante la inseguridad

PAULINO CÁRDENAS

El gobierno, en ninguno de sus tres niveles, cumple cabalmente con el mandato constitucional de preservar la paz social. Están como pasmados. Ante esa realidad, la tendencia en muchas comunidades y poblados del país es la de organizarse en grupos de autodefensa y armarse para hacer lo que el Estado no se ha atrevido a hacer, que es defenderse de la delincuencia organizada. No es necesario que lo diga la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana del INEGI. Los habitantes de muchas entidades federativas, municipios y comunidades del país, tienen temor a ser víctima de los grupos delincuenciales. En casi la mitad del territorio nacional, existe miedo a caer en manos del crimen organizado que sigue imparable, sin que autoridad alguna pueda contener su avance. Ninguna autoridad armada persigue a los delincuentes del fuero común ni a los cárteles de la droga y del crimen organizado. Por ello la población civil, inerme, está decidiendo armarse. No les queda de otra.

Pero eso no parece escandalizar al gobierno federal y menos a los gobiernos estatales ni mucho menos a los municipales. Ya sea porque así les ha sido ordenado a las fuerzas gubernamentales armadas –militares, marinos y policías federales, locales y municipales– o por la corrupción y la impunidad que existe entre los capos de los cárteles y los mandos militares y policiales que prefieren unirse a ‘los malos’ en lugar de defender a los buenos que están en la indefensión e inermes. El hecho es que el problema de la proliferación de las autodefensas y los policías comunitarios sigue aumentando. Aunque al parecer al gobierno ese fenómeno no le preocupe tanto, hay organismos internacionales que ya lo están advirtiendo, incluido el Departamento de Estado norteamericano. Pero al parecer esas advertencias el gobierno  de Peña Nieto ni las ve ni las oye.

Por lo pronto, en muchas comunidades del país han decidido armarse para defenderse de los sicarios que los tienen sometidos a punta de sangre y fuego, ante la negligencia de los grupos castrenses o por las ordenes dadas a los altos mandos, de no enfrentarse con los sicarios que están al servicio de los cárteles de la droga y del crimen organizado, como es un secreto a voces que ha venido sucediendo, se dice que en un afán de no parecerse al régimen de Felipe Calderón. En el caso del nuevo gobierno concurren dos factores: por un lado no existe una estrategia eficaz ni eficiente para frenar a la delincuencia organizada,  y por otro. la proliferación de las autodefensas y grupos comunitarios armados es una experiencia nueva, ante la cual no ha podido dar pie con bola. ¿O hay algún pacto de no agresión?

El gobierno se ha dedicado a criticar y señalar que las autodefensas y los policías comunitarios son inconstitucionales. Pero para mucha gente es más inconstitucional que el Estado se quede cruzado de brazos ante los hechos sangrientos de los cárteles que operan en diversas entidades del país. Hay órdenes al Ejército de desarmar y desmantelar a esos grupos civiles que lo único que hacen es tratar de defender a sus familias y el patrimonio que tienen. Ya están hartos de extorsiones, de que violen a sus hijas, de que les maten familiares por no obedecer órdenes de los criminales. Va quedando claro por parte del gobierno que no hay estrategia ante ese nuevo fenómeno, y menos cuentan con mediadores capaces de neutralizar los ataques del crimen organizado, que de manera cotidiana va contra decenas y decenas de familias enteras en comunidades en donde la autoridad brilla por su ausencia.

Más bien parece haber desprecio por parte de los tres niveles de gobierno hacia las comunidades que han quedado a la buena de dios, en lugar de armarse de valor y ordenar una estrategia militar que ponga fin a los avances de los cárteles, ante la fragilidad cada vez más acentuada de los gobiernos estatales y municipales que mas bien se han hecho guajes porque dicen que el asunto es federal. El caso es que entre que se echan la bolita unos a otros, los voceros del gabinete de seguridad del gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto se ha limitado a decir –como fue el caso del secretario de Gobernación, Migue Ángel Osorio Chong– que ‘hay avances’ ante ese problema, refiriéndose concretamente al caso de Michoacán en donde las cosas ya se salieron de madre, y donde los hechos desmienten esas declaraciones.

El caso es que hay al menos una docena de estados en esa misma circunstancia, de creación de nuevos grupos de autodefensas y policías comunitarios integrados por gente del pueblo –de muchos pueblos y comunidades en el país– para luchar contra la delincuencia organizada.  Los afanes del gobierno de Peña Nieto, de haber logrado que el Congreso de la Unión aprobara la reforma energética para sacar adelante al país según reza el estribillo oficial, podrían ser derrotados por la inseguridad que priva en muchos estados de la República. La mayoría de los mexicanos está comprometida con la no violencia. Pero todo tiene un límite.

Pero también debería tener un límite la negligencia o miedo del gobiernos federal, los estatales y municipales para combatir frontalmente a la delincuencia común y al crimen organizado, Ojalá que alguien se aplique en los altos mandos del gobierno de Peña Nieto, para acotar el avance de la criminalidad en México. Está a prueba su habilidad política ante ese difícil reto. Y si para ello requiere hacer cambios, que los haga. Por el bien del país. Antes de que sea demasiado tarde. Las Fuerzas Armadas no pueden seguir en la contemplativa por el mero afán de no parecerse a lo que hacían durante el régimen de Calderón. Las actitudes pusilánimes son malas consejeras. Y el dejar hacer y el dejar pasar, peor.  Para el mandatario priísta procurar la paz social, debería ser prioridad propiciarla, como lo prometió al inicio de su gobierno.

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