Gente armada, ¿qué hay detrás?

PAULINO CÁRDENAS

¿Que hay detrás de esos extraños fenómenos de gente armada que está proliferando en México? ¿Quiénes surten de armas a cárteles y autodefensas? ¿Hay ‘mano negra’ extranjera en ese raro esquema? ¿La CIA está detrás, como sucedió en tiempos pasados? ¿Existe una soterrada ofensiva contra México para subordinarlo a Washington en materia de seguridad? ¿Acaso hay grupos guerrilleros detrás de esos crecientes flagelos? ¿O son las FARC como alguien sugiere? ¿Y los servicios de inteligencia del Gobierno federal y de las Fuerzas Armadas? ¿Funcionan solo para espiar a los políticos que andan a la greña como Cordero y Madero? ¿Qué hay con el primer eje del gobierno de Peña Nieto de “lograr un México en paz”? ¿Dónde quedó por cierto el superpolicía colombiano Oscar Naranjo que vendría a asesorar al Presidente en asuntos de seguridad? ¿Responderá esta semana el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, algunas de estas preguntas?

Por instrucciones de su jefe, el responsable de la política interior y seguridad interna del país hablará a la nación y revelará varios misterios sobre las causas que han motivado el avance de los grupos delictivos organizados, el de la proliferación de los grupos de autodefensa, y explicará el por qué las Fuerzas Armadas han estado en la contemplativa ante esos problemas. Hasta ahora pocos saben por qué las fuerzas gubernamentales armadas han estado a la expectativa ante ese actuar de los grupos delincuenciales organizados, pese a que numerosos contingentes castrenses por miles han sido destacados en diversas entidades del país, dizque para poner orden y dizque para defender a los habitantes de los pueblos asediados por el crimen, en lugares como Michoacán, en donde la dejadez del gobierno local ha permitido que los criminales cometan todo tipo de abusos contra la población en muchos municipios, incluidos violaciones a niñas y ejecuciones de gente inocente.

Lo mismo ha sucedido en otras entidades federativas, en donde, tanto las autoridades del gobierno federal, como los estatales y municipales, han estado prácticamente en un estado de mutismo frente a la desgracia ajena, el de la población. Se supone que eso sucede porque así esta dada la orden de la superioridad: no meterse frontalmente con los grupos del narco y del crimen organizado, para no caer en la misma tentación que cayó el gobierno de Felipe Calderón, que militarizó a medio México en su afán de querer abatir a los grupos delincuenciales organizados a base de fuego y sangre, poniendo a las Fueras Armadas a hacerle de viles policías persecutores de sicarios y capos. Aunque una y mil veces se le hizo ver al ex presidente panista que eso era inconstitucional, al michoacano le valió sorbete. El resultado de su necedad tuvo dos consecuencias: una, que en su sexenio fueron más de 80 mil muertes los que cobró su ‘guerra’ contra el crimen –algunos hablan de que fueron más de 150 mil muertos en seis años–; y dos, que escogió una pésima estrategia anticrimen porque las cosas no mejoraron ni un ápice.

Esa fue la tenebrosa herencia que le dejó Calderón a Enrique Peña Nieto, quien desde el inicio de su gobierno el mexiquense ha querido borrar esa imagen de derramamiento de sangre y un México en guerra contra los capos de la droga. En sus discursos quedaron proscritas las palabras guerra, narcocrimen, cárteles de la droga, y muchas otras que componían el léxico bélico que utilizaba cotidianamente el régimen anterior, empezando por él. En su primer discurso como jefe del Ejecutivo federal, el mexiquense dijo que el primer eje de su gobierno sería “lograr un México en paz; pondremos al ciudadano y a su familia en el centro de las políticas de seguridad”. Por más que sus voceros han querido hacer creer que así es, eso resulta imposible si simplemente se observa lo que cotidianamente sucede en el país. Lo cierto es que el incremento de la violencia ejercida por el crimen organizado, ahora con el ingrediente de las autodefensas armadas, evidencia que las instituciones oficiales no garantizan condiciones de seguridad.

A diferencia de su antecesor, el presidente Peña Nieto dijo que el delito no puede combatirse sólo con acciones de fuerza. “Debemos cambiar de paradigma, entender que no habrá seguridad mientras no haya justicia”. Pero todo quedó en promesa, porque muchos mexicanos en diferentes estados del país siguen padeciendo de inseguridad y de injusticias. Y peor que eso, han quedado a la deriva y a expensas del crimen organizado. Eso le ha dado una muy mala imagen a México en el extranjero. Ese dejar hacer y dejar pasar podría echar abajo las pretensiones anticipadas del gobierno peñanietista de que con la reforma energética vendrán grandes capitales al país y la nación estará encaminándose hacia el primer mundo, como varios de sus antecesores le hicieron creer a los mexicanos, como José López Portillo con la riqueza petrolera o como Carlos Salinas de Gortari con el TLC.

En el recuento del 2013 se puede ver que todo el esfuerzo presidencial se concentró en los temas de las reformas estructurales que en racimo envió Peña Nieto al Congreso de la Unión teniendo de parapeto al Pacto por México. El caso de la creciente inseguridad fue ‘bateada’ en los doce primeros meses de su gobierno. Hoy, cuando la situación es prácticamente insostenible es que el presidente Peña Nieto reacciona. Qué bueno. Más vale tarde que nunca. Ojalá que Osorio Chong le hable claro a los mexicanos sobre lo que realmente habrá de hacer el gobierno federal para frenar la peligrosa espiral de incontenible violencia y explique por qué hay tanta gente armada cuyo número está multiplicándose en muchos estados de la República. Ese es el punto.

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