Muy tardía la reacción federal

Hoy, cuando las cosas están que arden en la región de Tierra Caliente de Michoacán, hay apuro del gobierno federal de entrarle de frente al problema de los enfrentamientos que se están dando día con día en diversos municipios de esa entidad federativa. Está dada la orden por parte del Presidente de emprender una serie de medidas que comprende, entre otras cosas, pedirle a las autodefensas que se desarmen, darle capacitación a los contingentes policiacos por parte de las tropas castrenses, y cursos de actualización y medidas de depuración en los ministerios públicos. La medida es bastante tardía. Hipólito Mora, uno de los líderes de las autodefensas dijo que primero habrían de empezar a desarmar a los Caballeros Templarios. Si nos desarman a nosotros, quedamos a la deriva y al rato las fuerzas militares, marinos y policías federales se van y volvemos a quedar al garete. Que el gobierno vaya primero por el crimen organizado no contra nosotros, expresó.

Es obvio que para el jefe del Ejecutivo federal y su gobierno, lo importante durante el 2013 fueron las reformas constitucionales que envió al Congreso, más que garantizar la paz a pueblos enteros como los michoacanos que han estado a expensas del crimen organizado, por lo que han tenido que armarse para defender a sus familias y a su patrimonio de las bestialidades que han venido cometiendo contra ellos los cárteles que han impuesto su ley en esa región del país, y en otras muchas. Se dice que en México hay una guerra de baja intensidad. También se pregunta mucha gente si no existe una conspiración venida de fuera contra el gobierno de Peña Nieto. El caso es que hasta ahora, un año después de iniciado el sexenio, se repara en que hay que entrarle con todo a tratar de poner paz en Michoacán. Aunque lo mismo está sucediendo en otros estados.

Mora insistió en que los Templarios le pusieron una trampa al gobierno federal para hacer creer que la culpa de lo que ha estado sucediendo de violencia y sangre, es de los grupos de autodefensa, y cayó. La prueba es que el secretario de Gobernación lo primero que hizo al llegar a Michoacán fue pedirle a los grupos civiles armados, que depongan las armas. Si, pero Hipólito pregunta ¿y quien nos va a apoyar? Que primero desarme a los grupos delincuenciales. Nos hemos organizado porque nadie nos escuchaba, ni el gobierno local ni el gobierno federal. “Estamos en un infierno”, afirmó quien se ostenta como uno de los mandos de las autodefensas michoacanas. Dijo que ese problema de la criminalidad de los cárteles sucede desde hace diez o doce años. Hasta que aparecimos los grupos de autodefensa se hizo el escándalo y empezaron a voltear a  Michoacán. Qué bueno, expresó Mora. Pero que primero vayan contra los Templarios, insistió.

Mientras el gobierno federal en pleno se dedicó en 2013 a empujar y apoyar las reformas que envió al Congreso de la Unión el jefe del Ejecutivo, la violencia y el sometimiento de los michoacanos por los grupos criminales, fueron ignoradas y el gobierno local ha sido incapaz de detener el avance de los criminales. Un año después, ya que las reformas fueron aprobadas, ahora sí voltea el gobierno a ver el caso Michoacán. Hora sí habrá ‘tolerancia cero’ advirtió Osorio Chong en su visita  de ayer a esa entidad. Habrá que ver, porque del dicho al hecho hay mucho trecho. Por lo pronto las autodefensas no se van a desarmar. En el gobierno federal, mientras todos andaban apurando en distintos foros las ‘bondades’ de las reformas para que fueran aprobadas, se creyó que  el gobierno del priísta Fausto Vallejo, iba a tener la capacidad de hacerle frente a ese flagelo.

Sin embargo, aprovechando la enfermedad y ausencia del cargo del veterano político a quien suplió como gobernador interino por unos meses su secretario de gobierno, Jesús Reyna García, las células de los cárteles hicieron lo que quisieron en las comunidades michoacanas. Se afirma incluso que el propio gobierno de esa entidad parece estar coludido con los cárteles de la droga. Ayer, con carácter de urgente, el secretario de Gobernación viajó a esa entidad, y por instrucciones del presidente Peña Nieto planteó al gobierno local una serie de medidas que habrán de tomar conjuntamente tanto con la administración local como con diversas alcaldías, para garantizar la paz y el orden en Michoacán. Es obvio que eso debió hacerse durante el primer año de gobierno peñanietista, cuya omisión le permitió a las organizaciones criminales hacer suyas decenas de comunidades e imponer su ley. A partir de ayer, la Federación asume el mando, dijo el funcionario.

Mientras los reflectores estuvieron puestos el primer año del nuevo gobierno en el tema de las reformas, la criminalidad se acentuó en el país, especialmente en tierras de Michoacán donde la gente del pueblo decidió armarse para defenderse de los cárteles de la droga. El problema es que ese esquema de autodefensa está sucediendo también en Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, estado de México, Jalisco, Chihuahua, Morelos, Veracruz, Puebla, Chiapas, Tamaulipas, Coahuila, Durango,  Sinaloa, Tlaxcala, Nuevo León y Tabasco, por solo señalar algunas en donde las comunidades están hartas de los abusos, violaciones y matanzas para someter a sus pobladores por parte de células de los cárteles de la droga, que han diversificado sus actividades delincuenciales a las  extorsiones, secuestros, y amagos a la población inerte a punta de pistola, rifles de alto calibre y granadas. La gente de muchas de esas comunidades se queja de que los militares, marinos y policías federales destacados por cientos y por miles en sus entidades, solo están a la expectativa.

Si en el gobierno calderonista se escribió una de las páginas más negras de la historia de México en materia de criminalidad, en la administración de Peña Nieto, habiéndose olvidado de combatir la violencia y la furia del crimen organizado, las cosas estaban condenadas tomar el mismo camino el mismo de violaciones, sangre y muerte. Por omisión, por dejadez, por insensibilidad, por negligencia, por no querer parecerse al régimen anterior. Por lo que sea, ya era tiempo de que el nuevo gobierno se percatara de que todo lo logrado en el campo legislativo el año anterior con las reformas que fueron aprobadas, en especial la energética, podría venirse abajo sin paz social. La paz es condición sine qua non para lograr el verdadero cambio en el país. No hay reforma que aguante permanentes derramamientos de sangre ni enfrentamientos armados cotidianos y generalizados como sucede en gran parte del territorio nacional.

 

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