Autodefensas se subordinan

PAULINO CÁRDENAS

Al menos hay dos tipos de autodefensas. Los que han decidido subordinarse al gobierno federal y que quedarán bajo el mando del Ejército, y los que se niegan a someterse a las instancia institucionales que por años los tuvieron abandonados y en el olvido. Pero sin duda hay otro grupo de comunitarios armados más radical: los que están dispuestos a seguir en su lucha contra los cárteles que los tienen sometidos y contra la delincuencia organizada que los extorsiona, porque dudan que el gobierno peñanietista pueda con el reto de exterminar a los capos y sus sicarios en el país. La tarea de exterminio, dicen, duraría años, ¿y mientras? ¿seguiremos expuestos a los criminales? Además –se quejan– el gobierno advierte que las armas que tenemos hay que registrarlas y si son de uso exclusivo del Ejército hay que entregárselas, nos las quitan, mientras que los sicarios seguirán en posesión de armamento de alto poder e incluso cohetes autopropulsados conocidos como RPG que se usan en las grandes guerras.

Pero no todas las autodefensas están dispuestas a quedar subordinadas al gobierno federal ni bajo el mando del Ejército. Un nuevo grupo de estos colectivos civiles, por ejemplo, comenzó este martes a operar en el Municipio de Yurécuaro, en los límites de Michoacán y Jalisco. Lo mismo sucede en otros municipios de otros estados de la República. Las razones son dos: una, que no están dispuestos a quedar a expensas de los cárteles ni del crimen organizado ya que los gobiernos no hacen más que tirar discursos mentirosos en los que exaltan cosas que en la realidad no suceden, y dos, que de plano no creen en las promesas del gobierno federal de que acabarán con los cárteles de la droga y sus redes de explotación, violencia y crimen en contra de la población que desde hace años ha estado desamparada.

Así las cosas, entre los diversos grupos de autodefensa armada no todos están dispuestos a deponer las armas reglamentarias y subordinarse al Ejército. En Chihuahua, Morelos, Puebla, Zacatecas, Coahuila, Tamaulipas, Sinaloa, Durango y Veracruz, además de Chiapas y Oaxaca, entre otros estados de la República, hay grupos civiles armados que se niegan a sumarse al gobierno federal y quedar subordinados bajo las órdenes de los militares en su lucha contra los criminales, ya que militares y policías locales y federales, gozan de la mala fama entre la población, de estar coludidos con los cárteles de la droga y las mafias criminales que tienen asoladas a muchas comunidades y poblados en decenas de municipios del país. Aparejado con los problemas de violencia y fuego que hay en varios estados, existen otro tipo de causas que podrían convertirse en otro dolor de cabeza para el gobierno federal.

Un caso es el que está sucediendo en Guerrero, en donde Policías ciudadanos y pobladores del Valle Ocotito se congregaron sobre la carretera Acapulco-México para impedir el ingreso del Ejército a su población. Entre los límites de la comunidad de Ocotito y Mohoneras, la policía ciudadana compuesta por hombres y mujeres así como pobladores está a la expectativa en caso de que el Ejército ingrese a su pueblo colocando un retén sobre la carretera federal. Gonzalo Torres, coordinador de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana, denunció que se tienen amenazas y hostigamiento “brutal” por parte de las fuerzas federales de que los van a replegar.

Dijo que les han informado que convoyes del Ejército Mexicano se encontraban agrupados en la entrada de Chilpancingo, Las Cruces, en Acapulco, y en la salida de Cuernavaca para llegar a la comunidad de Ocotito. Los policías ciudadanos realizaron sobre la carretera federal Acapulco-México “ejercicios militares” en caso de que ingresen vía terrestre como acostarse en el piso para impedir su paso. Dieron a conocer que para anunciar a la población de la llegada del Ejército tocarán las campanas de la iglesia y los claxon de los carros. Los pobladores mostraban sobre la vía federal a los automovilistas pancartas y mantas con leyendas como “Luchemos por un Ocotito con Paz”, “No más inseguridad”, “No más violencia”, “Ocotito a favor de la comunitaria” y “Debemos estar unidos y no dejar que nadie nos pisotee”.

Está el otro caso de San Gabriel, Chilac, Puebla, donde un grupo de pobladores ha decidido levantarse en armas y tomar los cuatro módulos de Seguridad Pública de la localidad para impedir que tome posesión el nuevo alcalde del Partido del Trabajo (PT), Rigoberto David Martínez, el próximo 14 de febrero. A diferencia de las autodefensas de Michoacán y de Guerrero, los habitantes del pequeño poblado de San Gabriel no buscan combatir al crimen organizado por cobro de cuotas, por derecho de piso o por violación a sus mujeres. Los poblanos quieren combatir a sus políticos que acusan de corruptos y de fraude electoral. Otro tipo de problemas, como el abandono de los gobiernos de gente que vive en la pobreza y la miseria, es otro factor que podría estarse sumando al descontento social y hacer, junto con las autodefensas civiles, un caldo de cultivo muy peligroso para el país y un nuevo reto para el gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto.

Por lo pronto el gobierno federal anunció su primera detención importante en Michoacán, la de Dionisio Loya Plancarte alias ‘El Tío Nicho’, quien era el encargado de la distribución de droga en Morelia. Fue hallado por miembros del Ejército y la Policía Federal encerrado en un clóset. En un mensaje ofrecido en la Secretaría de Gobernación, acompañado de representantes de la Defensa Nacional, Marina, PGR y Policía Federal, Monte Alejandro Rubido García señaló que con esa detención se dio un duro golpe al crimen organizado en Michoacán. “El gobierno de la República refrenda su compromiso de reforzar el Estado de derecho, promover acciones para vigilar que se respete el marco legal aplicable y garantizar la seguridad de los ciudadanos”, señaló. Aunque varios líderes de los grupos comunitarios estuvieron de acuerdo en quedar subordinados al Ejército en su tarea de autodefensa, hay otros grupos de civiles armados que no están de acuerdo en subordinarse dócilmente a la propuesta del gobierno federal.

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