Aplacar violencia con dinero

PAULINO CÁRDENAS

La violencia que se ha desatado en Michoacán y que se ha convertido en una virtual guerra civil, tiene causas diversas. Las principales son el olvido y la inacción de las autoridades locales y federales ante los abusos del crimen organizado que hizo suyo gran parte del territorio de esa entidad por tantos años de negligencia oficial. Otros factores que han tenido que ver con la desgracia en la que ha caído ese pujante y otrora productivo estado de la República, han sido las fracasadas políticas públicas de los gobiernos que han tenido el mando estatal, tanto del PRI como del PRD y ahora de vuelta en manos de un priísta al que se le ha ido de las manos el control y la gobernabilidad frente al avance de los cárteles de la droga que han hecho suyo el mando en muchos municipios de la entidad incluido el cobro de impuestos.

Esa aberrante situación ocasionada por tantos años de olvido oficial acumulados, provocó que los pobladores de muchas comunidades michoacanas comenzaran a padecer las atrocidades de la Familia Michoacana, de los Zetas, y más recientemente de los Caballeros Templarios; vejaciones, violación a sus derechos humanos más elementales. violaciones físicas de niñas, ejecuciones, descuartizados, cobros por derecho de piso y de paso, cuotas por venta de productos, impuestos de todo tipo, y quien no pagaba le quemaban sus comercios o mataban a sus dueños e incluso a su familias, lo mismo que sucedía con los agricultores que cultivaban aguacate, limón y otros productos del campo; los ganaderos padecían ese mismo escarnio.

Hartos de todo eso, en Michoacán decidieron armarse y defenderse por propia mano de los criminales, integrando colectivos de autodefensa. Guerrero fue el primer estado que creó su policía comunitaria el 15 de octubre de 1995. Esa policía atiende a 107 pueblos en 13 municipios de la Costa Chica y la Montaña (San Luis Acatlán, Marquelia, Metlatónoc, Cochoapa El Grande, Iliatenco, Malinaltepec, Tlapa, Atlamajalcingo del Monte, Tlacoapa, Ayutla, Acatepec, Ayozú y Tlacoachistlahuaca). Ese esquema de defensa se ha convetido en el sistema de Seguridad y Justicia Comunitaria y Reeducación de esa entidad. ‘La Comunitaria’ como se le conoce comúnmente, comparte experiencias de justicia indígena que nacieron de relevantes procesos organizativos de colectivos indígenas de Colombia, las Juntas de Buen Gobierno zapatista en Chiapas y las Rondas Campesinas de Perú.

La creación de las autodefensas en Michoacán comenzó a darse paulatinamente de un tiempo para acá, aunque algunos grupos comunitarios armados ya existían. Empero, el número de grupos comunitarios se fue incrementando desde el 2013 con el nuevo gobierno federal. No obstante que las noticias del avance de los cárteles en tierras michoacanas, ni el gobierno local encabezado por Fausto Vallejo ni el federal, hicieron algo para coordinarse y defender a muchas comunidades sojuzgadas por el crimen organizado, pese a los clamores de ayuda que fueron desoídas. Fue más por razones de conveniencia después de aprobadas las reformas, en especial la reforma energética y petrolera, cuando la administración peñaniestista reparó en la necesidad urgente de echarle la mano a los michoacanos bajo el yugo de los grupos criminales.

Fue cuando el presidente Enrique Peña Nieto instruyó al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, implementar un programa integral de ayuda militar, policial y social, que se dio a conocer hace unas semanas. Luego de afinar dicho programa de asistencia, la federación decidió apoyar a las autoridades locales y al sector productivo de Michoacán, ‘pero especialmente’ al pueblo, con una estrategia de cinco ejes que contempla el cumplimiento de 250 objetivos para reactivar la economía, reforzar el combate a la inseguridad, así como el despliegue de nuevas acciones de asistencia social. La inversión de ese ambicioso programa integral denominado ‘Por Michoacán, juntos lo vamos a lograr’, tendrá una asignación de recursos por 45 mil 500 millones de pesos, el cual estará encaminado a devolver el orden, la prosperidad y la confianza al pueblo michoacano.

Los cinco ejes de acción coordinada entre federación y gobierno local, son: mejora de la economía familiar y creación empleos; darle prioridad a la educación y cultura como base sólida para lograr la prosperidad; propiciar una infraestructura moderna y apurar los cimientos para una vivienda digna; propiciar los círculos virtuosos para una salud comunitaria de primer orden, y establecer las condiciones para lograr para todos la seguridad social, así como un desarrollo social con sustentabilidad. Enhorabuena por esa decisión dictada desde el centro, ya que el gobierno local estaba totalmente rebasado y era un cero a la izquierda en cuanto a gobernabilidad. Ni se diga para atajar el avance de los cárteles, y menos para inyectarle recursos encaminados a reactivar la vida productiva que requiere ese estado de la República.

El gobierno federal espera obtener buenos resultados a favor de Michoacán, pero habrá de esperar también que otros estados en el país, que guardan similares condiciones de abusos del crimen organizado, de los cárteles de la droga y de los propios funcionarios de los gobiernos locales y municipales involucrados con los capos, que empiecen a solicitarle a Peña Nieto un trato igual al que ordenó para los michoacanos. Aunque las autoridades y  voceros del gobierno federal que integran el gabinete de seguridad no creen que el esquema de violencia e inseguridad de Michoacán se repita con la misma intensidad, la realidad es que estados como Guerrero, Tamaulipas, Coahuila, Durango, Sinaloa, Chiapas, Oaxaca o Veracruz, por solo mencionar algunos, pronto le estén exigiendo al mexiquense ese trato que ven como preferencial hacia Michoacán, aunque ciertamente lo ameritaba con urgencia. Máxime cuando está claro que el gobierno federal, cuando quiere, puede.

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