Narcoviolencia y megapetroleras

PAULINO CÁRDENAS

La violencia y los crímenes que siguen sucediendo en el país vinculados a los cárteles de la droga y a las mafias del crimen organizado, es una seria preocupación para la administración peñanietista con respecto a los emporios petroleros extranjeros que están por asentarse en México o que ya han empezado a hacerlo. De ahí que después de no hacer caso durante más de un año de lo que venía sucediendo en Michoacán desde el sexenio de Felipe Calderón, el presidente Peña Nieto optó por ordenarle al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, entrarle al toro por los cuernos y asistir a un gobierno que no daba una, porque el mandatario Fausto Vallejo había sido rebasado por los problemas cada vez más intrincados, derivados del avance del cártel de los Templarios y otros grupos delictivos que tenían y siguen teniendo sometidas a muchas comunidades michoacanas, lo que estaba por poner peligrosamente en riesgo la gobernabilidad en ese estado.

Y para efectos de lo que viene en materia petrolera, la imagen negativa de Michoacán estaba siendo una apuesta demasiado riesgosa, ya que la imagen de lo que venía sucediendo de años atrás en la entidad, le había dado la vuelta al mundo varias veces. Cierto que no solo Michoacán padece ese problema de dominio de los cárteles de la droga. Siguen vivos casos similares en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz, Nayarit, Jalisco, Colima, Aguascalientes, Estado de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo. También el Distrito Federal tiene lo suyo, pese a que se insiste en que la capital del país está ‘limpia’ de ese azote. Sin embargo, Michoacán ha sido de lo más notable en materia de violencia, abusos y sangre derramada de gente inocente por parte de los cárteles de los templarios y otros grupos delictivos.

Por ello Peña Nieto quitó a su amigo Alfredo Castillo de la Profeco y lo mandó de comisionado plenipotenciario a esa entidad federativa, quien a decir verdad ha hecho lo que ha podido frente a la enorme complejidad del problema delictivo, social y económico que vive esa entidad, que como en otras, culpa en gran parte es de sus gobernantes que se han visto rebasados por la furia de los grupos delictivos que han impuesto su ley en muchas comunidades y municipios michoacanos sin que las fuerzas gubernamentales armadas los haya podido detener. En el caso michoacano, por esos factores de ineficiencia, ineficacia y valemadrismo gubernamental, es que fueron surgiendo los grupos de autodefensa en ese estado, los cuales han proliferado de un año a la fecha.

Ante ese panorama, Castillo Cervantes ha tenido que actuar a como dios le ha dado a entender, a veces de manera extraña por decir lo menos, como fue el  caso de haberse reunido con Juan José Farías alias ‘El Abuelo’ quien tiene antecedentes criminales, o haber detenido a Hipólito Mora sin más pruebas que los dichos de sus enemigos, pese a ser uno de los dirigentes más visibles de las autodefensas de La Ruana que se había sumado de buena fe a los propósitos del gobierno federal. La reunión que tuvo Castillo el pasado 5 de febrero con ‘El Abuelo’ desató una serie de críticas contra él, y cuando se le preguntó al funcionario por qué se había reunido a solas con el ex templario en una bodega de un paraje de Tepalcatepec, dijo que no sabía de quién se trataba, cosa que nadie le creyó.

El comisionado se había reunido ese día con ganaderos y dirigentes de autodefensas. Pero con Farías pareció una reunión ‘en lo oscurito’ como para buscar un pacto de no agresión con grupos delincuenciales, usándolo como intermediario. La reunión con Juan José Farías fue una casualidad, no fue una reunión ‘en lo oscurito’, afirmó. Lo que ha estado sucediendo en Michoacán con el comisionado plenipotenciario a algunos les parece de locos. Empezando porque en lugar de ir tras las cabezas principales de los templarios y otros cárteles, el gobierno federal dio la orden de ir contra los que se tienen que defenderse por sí mismos por las omisión y colusión del gobierno estatal con las mafias y porque el actual gobierno federal se hizo como que la virgen le hablaba durante más de un año, lo cual no tiene lógica.

En realidad lo que obligó a actuar al gobierno de Peña Nieto fue la presión derivada de la reforma energética, que implica la inminente llegada de las grandes empresas petroleras que vendrán a extraer hidrocarburos bajo nuevas reglas de juego que ya les  permite la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La actuación de Castillo Cervantes ha estado preñada de actitudes que no corresponden a una gente con su supuesta experiencia de ex procurador. Se ha dejado llevar más por los chismes y diretes de la gente, que por los hechos. Caso concreto es el de Hipólito Mora, a quien le endilgaron la complicidad en dos crímenes y le encaramaron 35 acusaciones proveniente de gente de muy dudosa honorabilidad.

En una reciente entrevista para la radio señaló que había rumores de que los ‘iniciados’ templarios, realizaban sacrificios humanos, cuyo corazón se tenían que comer, obligados por ‘El Chayo’, como prueba de lealtad a esa agrupación. Dijo que un criminal recién detenido, Manuel Plancarte Gaspar -sobrino de  Enrique ‘Kike’ Plancarte, uno de los principales líderes de los templarios-, había confesado esa condición de antropofagia para los iniciados templarios que les imponía ‘el más loco’, mientras Plancarte Gaspar y otros, se encargaba de secuestrar niños y extraerles sus órganos para ser vendidos. Es decir que a Castillo Cervantes lo convencen más los dichos de gente de dudosa reputación, que los hechos. Toda esa prisa es por el apuro que hay de las megapetroleras que vienen.

Si el presidente Peña Nieto quisiera resolver de manera integral el gran problema global de la criminalidad en México que heredó de la ineficaz guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón -que dejó un saldo de más 80 mil muertos aunque algunos hablan que pudieron ser de más de 150 mil-, entonces tendría que enviar un comisionado a cada una de las 24 entidades señaladas por la PGR en el mapa de la criminalidad que hay en el país para someter a los nuevos 80 cárteles surgidos durante el sexenio pasado, incluido el Distrito Federal. De manera que México se convertiría, metafóricamente hablando, en una Nación de Castillos, con todo y los bemoles del comisionado. Ojalá esa fuera la solución.

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