Castillo recicla ‘alianzas’

PAULINO CÁRDENAS

Oootra vez, el comisionado plenipotenciario para Michoacán, Alfredo Castillo, retoma la idea de hacer alianzas con los grupos de autodefensa de ese estado y les vuelve a proponer lo mismo que hace unos meses: que registren y entreguen sus armas y se sumen a las tareas de vigilancia como policías comunitarios bajo las órdenes de las fuerzas militares del gobierno federal. Había trascendido que hubo acuerdos aberrantes como el de liberar a Hipólito Mora, dirigente del grupo de autodefensas de La Ruana, acusado de haber sido el autor intelectual del crimen de dos supuestos autodefensas de otro grupo, y a quien se le achacan diversos delitos como secuestro, extorsión y despojo entre otras chuladas. Mora fue detenido de manera por demás arbitraria y ahora ‘se acuerda’ su liberación. Lo mismo habría de suceder con el caso de Enrique Hernández Salcedo, preso por el presunto homicidio del edil de Tanhuato y quien fue detenido también de manera arbitraria como fue el caso de Hipólito, sin tener elementos para ello; hasta donde se sabe ambos fueron aprehendidos con información basada en chismes.

Quien había comentado que esos casos eran parte del acuerdo tomado con el comisionado, fue el doctor José Manuel Mireles Valverde, quien se ha autonombrado vocero único de los grupos de autodefensa y que de hecho se ostenta como líder del Consejo de Autodefensas de Michoacán (CAM). Eso fue desmentido ayer por la Comisión que encabeza Castillo. En un comunicado se precisó que es falso que exista algún acuerdo en beneficio de personas, miembros o líderes de autodefensas que enfrentan procesos por delitos graves, además de la portación de armas. Se dijo que los únicos acuerdos reconocidos por las partes son los anunciados el 14 de abril.Castillo expresó que lo acordado fue público y aceptado en votación unánime y democrática por lo que “aquellos puntos fuera de los enlistados, señalados por voceros o representantes de los mismos grupos, carecen de validez”. Aclaró que los compromisos que se hicieron públicos el pasado lunes y acordados con los líderes de grupos ciudadanos de veinte municipios, son los únicos reconocidos por todas las partes.

Lo anterior, dice el comunicado, ante versiones de que se habría negociado la libertad de Hipólito Mora, acusado de homicidio, y de otros procesados por delitos graves como parte del acuerdos para el desarme de las llamadas autodefensas y la institucionalización de las mismas.Se explicó que al día siguiente de que se realizó la votación, la Comisión empezó el cumplimiento del apartado de “Soluciones legales” mediante el cual el gobierno federal se compromete a “realizar las gestiones para lograr el traslado de todos los procesados integrantes de grupos de autodefensas, y que hayan sido detenidos por la portación de un arma, al Penal de Apatzingán”. Los individuos pertenecientes a grupos de autodefensas que están siendo procesados por otros delitos graves, además de la propia portación de arma, “seguirán su proceso penal conforme a derecho”. Tal es el caso, se precisó, de los señores Hipólito Mora Chávez y Enrique Hernández Salcedo, así como las personas que delinquieron con playeras y camionetas marcadas con leyenda de “Autodefensas” que pretendían despojar de caballos y bienes en un rancho el pasado 12 de marzo en el municipio de Álvaro Obregón.

Todo ello con tal de que las autodefensas dejen de andar armados y sueltos por las comunidades que defienden desde hace tiempo, a causa de que los gobiernos de Michoacán y el Federal dejaron al garete por mucho tiempo a miles de pobladores michoacanos que han estado bajo el yugo del cártel de los Templarios y de otros grupos criminales que se han dedicado a violar de manera flagrante los derechos de gente humilde que vive de su trabajo, así como comerciantes, agricultores y ganaderos que han sido obligados a pagarle cuotas por diversos conceptos a esas bandas que ambos gobiernos, de hecho, le han sacado la vuelta para no enfrentarlos directamente. Las declaraciones del comisionado Castillo del lunes y las aclaraciones que ha tenido que hacer apenas unas horas después para desmentir lo dicho por el doctor Mireles Valverde, de que los acuerdos no incluyen liberar a Hipólito Mora ni a Enrique Hernández Salcedo, es síntoma de que ese ensayo que el gobierno federal pretende repetir, de tratar de convencer a esos grupos civiles a que registren sus armas o y las de uso exclusivo del Ejército las entreguen, podría volver a quedar en el intento nuevamente.

Habrá que recordar que esta viene a ser la tercera vez que se intenta. Incluso esta vez el comisionado estableció el próximo 10 de mayo como fecha máxima para que las autodefensas de Michoacán queden desarmadas. ¡Vaya fecha que se escogió! Hay quienes dudan que eso vaya a suceder porque los integrantes de esos grupos civiles armados siguen sosteniendo que hasta que el gobierno federal no les garantice que tendrán paz en las comunidades en las que el cártel de los Caballeros Templarios han sentado sus lares, no dejarían las armas. Y no las dejarían porque ni el gobierno estatal ni el federal han demostrado voluntad política ni capacidad ni eficacia, para garantizarle a los michoacanos que el cártel dominante los deje de someter, sobre todo en las comunidades más apartadas del estado.

El nuevo llamado de Alfredo Castillo Cervantes a dizque ser amigo de las autodefensas, derivó porque al anunciarse hace unos días un ‘ultimátum’ de que o se desarmaban o el Ejército y la Marina lo harían, a lo que varios de ellos se opusieron porque, dijeron en voz de Mireles Valverde, quedarían nuevamente a expensas de los criminales a los que ni el gobierno estatal ni el federal, han querido someter. Dijeron que ‘preferían morir’ antes de entregar las armas. Eso preocupó en la oficina principal del antiguo Palacio de Covián, de donde salió la orden de volver a intentar hacer alianzas con los grupos civiles armados de Michoacán. Lo que sucede es que es un esquema que vuelve a reciclarse por tercera vez. A principios de este año, la orden había sido la de que el Ejército y la Armada desarmarían a las autodefensas porque andar cargando con armas a la vista ‘es inconstitucional’.

Luego de que hubo tres muertos durante la primera noche de ese intento, entre militares y autodefensas, Gobernación decidió ir por la suave y le ordenó a Castillo que anunciara que mejor sería que esos grupos civiles armados se sumaran a las tareas de las Fuerzas Armadas para ir, dizque, tras los principales cabecillas de los Templarios e invitando a los grupos civiles a integrarse a la policía estatal; algunos accedieron, otro no. Fue cuando comenzó la cacería de algunos dirigentes incómodos por parte del gobierno federal. Hubo hechos como el de la avioneta en la que viajaba Mireles Valverde y otros acompañantes, que cayó en un paraje. El líder de las autodefensas de Tepalcatepec quedó malherido, al igual que dos personas más que lo acompañaban y una cuarta resultó muerta. El accidente fue alrededor de las 20:30 horas del sábado 4 de enero pasado, en el poblado del Cháuz, donde la aeronave en la que iba el Mireles cayó repentinamente.

El problema de Michoacán es bastante más complejo que andar diciendo hoy que sí y mañana que siempre no, como La Chimoltrufia, con respecto a esos grupos civiles armados que solo han intentado defenderse por propia mano, en virtud de que el gobierno de Fausto Vallejo no da una, y el gobierno federal reaccionó demasiado tarde para ir en auxilio de los michoacanos sometidos por los Templarios. Con los raros acuerdos del comisionado y los malos entendidos de quien se ostenta como vocero único de las autodefensas michoacanas, las cosas en Michoacán no van a mejorar sino al contrario. Por cierto, ¿en dónde anda ‘La Tuta’? Unos suponen que está en su estado natal, Guerrero, aunque oficialmente se maneja como nacido en Arteaga, Michoacán; otros dicen que está refugiado en un país al sur de México en donde los Caballeros han tendido sus tentáculos. Otros más señalan que ‘ya está acorralado’ y que ‘pronto caerá’. ¿Será?

 

 

 

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