Sueltan amarras a Pemex

PAULINO CÁRDENAS

Al dar a conocer la propuesta de leyes secundarias en materia de energía, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, anunció que se propone reducir la carga fiscal de Pemex de 75 por ciento a 65 por ciento, con el fin de permitirle tener una mayor rentabilidad y que la reinvierta. La transición hacia este nuevo régimen fiscal se llevará a cabo en un periodo gradual de 10 años, con el fin de evitar algún daño a los ingresos petroleros y a las finanzas públicas. La CFE tendrá un estatus similar. Indicó que dentro de la propuesta, ni Pemex ni la CFE necesitarán de la aprobación de la SHCP para conformar su presupuesto, ni cuando quieran realizar cambios al mismo. Se trata de soltar amarras y que el viento sople a su favor.

Esto es parte del empuje que el actual régimen le quiere dar al sector energético al mediano y largo plazos. Durante la presentación de las iniciativas de legislación secundaria de la reforma energética que el Ejecutivo Federal envió al Senado de la República, el secretario dijo que lo anterior será siempre y cuando se cumplan dos requisitos mínimos que fijará el Congreso de la Unión: un límite global de endeudamiento y un límite global al gasto en el capítulo de servicios personales.

Comentó que el régimen de Pemex aplicará para los contratos que establezcan con participantes privados, la cual deberá ser equiparable para que la petrolera no compita en desventaja. De los contratos de utilidad compartida, de producción compartida o de licencia en este régimen, explicó que se establecerá una cuota contractual que garantiza al Estado recibir un flujo mínimo de ingresos, independientemente de la etapa de desarrollo y la rentabilidad de proyectos.

Indicó que se generarán incentivos a los operadores para minimizar los costos y para producir de manera sostenible, maximizando la renta petrolera, y el régimen para los nuevos contratos será progresivo para asegurar que el Estado se quede con la mayor proporción de recursos en los casos donde aumenten los precios de hidrocarburos o se descubran yacimientos de mayor rentabilidad.

Al reconocer todos los costos de Pemex y reducir la carga tributaria, “Pemex podrá tener utilidades que sean tres o cuatro veces superiores a las que tiene en la actualidad”, dijo Videgaray en el evento que se realizó en Palacio Nacional. La transición hacia este nuevo régimen fiscal, comentó, se llevará a cabo en un periodo gradual de 10 años, con el fin de evitar algún daño a los ingresos petroleros y a las finanzas públicas. Con las mayores utilidades que se obtengan, Pemex tomará decisiones sobre oportunidades de inversión, sobre reinvertir las utilidades o entregarlas por la vía de un dividendo al dueño de la empresa, que finalmente es el Estado.

Indicó que la legislación que se propone al Congreso establece la posibilidad de que exista un dividendo y se determine “mediante una discusión explícita en el Consejo de Administración de Pemex y en el Congreso de la Unión”. El nuevo régimen fiscal de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, propone “dotar a ambas de un régimen especial que les otorgue autonomía presupuestaria, sustrayéndolas de los controles y reglas asociados al proceso presupuestario, manejo de la deuda y control del gasto” a los que actualmente están sujetas. Hasta ahí todo suena bien. Pero para llegar a cumplir esas metas y esos objetivos habrá que librar muchos asegunes. Está, entre otros, el caso de la renta petrolera, que se manejará como un fondo de inversión transnacional y no como una política económica del Estado.

La complejidad estriba en la forma en que operará el Fondo Mexicano Petrolero para la Estabilización y el Desarrollo, conforme la ley respectiva. Ese fondo será la canasta donde caerán los millones y millones de dólares por concepto de derecho de exploración y explotación de las empresas petroleras privadas nacionales y extranjeras, que se realizará a través de una serie de contratos de diferente diseño. Ese fondo tendrá una reserva que podrá ser invertido en diversos instrumentos como los bonos soberanos, los bonos soberanos indexados a la inflación, bonos corporativos y acciones, además de que se podrán usar derivados, que son instrumentos de deuda volátiles y de ato riesgo que generaron la crisis económica de 2008.

¿Quién o quiénes van a manejar ese galimatías financiero? Los expertos. ¿Y quiénes son los expertos? Y ahí es donde comienzan a surgir personajes que podrían hacerse cargo de esos enjuagues, cuyos nombres para nada están en la lista de los bien reputados. Se habla del Fondo Navix, creado por el hijo de Francisco Gil Díaz, Gonzalo Gil White, quien ha adquirido acciones de la empresa petrolera Oro Negro en la que participa el ex director de Pemex, Luis Ramírez Corzo, quien le otorgó más contratos a Oceanografía que nadie. Otro de los que dicen saber manejar ese tipo de suertes financieras llenas de estrambóticos apelativos, es otro ex director de Pemex muy allegado a Gil Díaz, Juan José Suárez Coppel.

Este último esgrimió siempre la idea de que Petróleos Mexicanos debía dejar de ser una empresa paraestatal, salirse del presupuesto público, mantener autonomía financiera y de gestión y elegir sus opciones con base en la oportunidad de los proyectos y no de la disponibilidad de recursos que el gobierno mexicano le otorga. Con Raúl Muñoz Leos fue director de Finanzas en el sexenio de Vicente Fox y Felipe Calderón lo nombró director general de la paraestatal. Ha sido de los directivos neoliberales que han sumido a Pemex en un caos. Discplicente y arrogante, fue promovido a la dirección de Pemex por el salinista Francisco Gil Díaz. Como él, otros que han pasado por la más alta responsabilidad de esa empresa, se han distinguido por la falta de resultados y el entreguismo hacia compañías extranjeras.

Pemex ocupándose de darle oxígeno a astilleros españoles; Pemex entrando en malos negocios con Repsol; Pemex puesto al servicio de Oceanografía; Pemex dándole contratos a los cuates; Pemex siendo víctima de los ordeñadores de combustibles, etc, etc, etc. El saqueo vil, pues. Debe cambiar ese paradigma. Se trata de sacar de ella la escoria y blindarla para que nadie más se aproveche de lo que fue la industria de todos los mexicanos. Esto incluye por supuesto a un senador llamado Carlos Romero Deschamps que maneja al sindicato petrolero y que es uno de los intocables de este régimen. Con ellos dentro, nada que se pretenda hacer desde afuera se logrará.

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