¿Disparar contra manifestantes?

PAULINO CÁRDENAS

No exento de una gran polémica y con una cuota generalizada de rechazo por parte de varios sectores de nuestro país, ha tenido que ser modificada la norma que avalaba el uso de la fuerza pública y el uso de armas contra manifestantes, según acababa de ser aprobado por el Congreso de Puebla, a una moción hecha por el gobernador Rafael Moreno Valle, quien propuso al Poder Legislativo de su estado hacerle modificaciones a la Constitución local, entre ellas al artículo 46, con el supuesto afán de regular el comportamiento de los manifestantes y todos aquellos que realizan en calles y avenidas sus protestas de manera pública. Incluso se señalaba el virtual uso de armas letales en caso necesario cuando estuviese en peligro la integridad física de los elementos policiacos.

Las modificaciones sobre la “Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por Parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla”, fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado el pasado 19 de mayo. La idea de esas modificaciones surgió, dijo el gobernador, con la intención de restringir la actuación de los elementos e instituciones de seguridad pública y condicionar el uso de la fuerza a circunstancias excepcionales, “evitando con ello que una vacuidad normativa derive en la violación de los derechos humanos”. Ahí se señalaba que “queda prohibido el uso de armas de fuego para la dispersión de las manifestaciones. Se deberán observar los protocolos especializados correspondientes”.

Según Moreno Valle, “la ley jamás plantea ‘legitimar’ el mal uso de la fuerza pública, ni establecer facultades adicionales a las ya existentes o añadir potestades indebidas a las fuerzas policiales de la entidad. Por el contrario, restringe y condiciona el uso de la fuerza, con instrumentos que la delimitan y que evitan situaciones de indefensión y de abuso para las y los ciudadanos. Las consecuencias de permanecer en incertidumbre jurídica pueden llegar a la violación de derechos humanos”, subraya. La iniciativa original menciona en distintas ocasiones la posibilidad de que los policías puedan usar “armas letales” dependiendo de las circunstancias. No obstante, en el nuevo escrito se afirma que esa regulación no se incluyó “bajo ninguna circunstancia”.

Como sea, el asunto es que la serie de críticas que recibieron esas modificaciones de ley por parte del Congreso de Puebla, obligó al gobernador Moreno Valle a modificar la norma que avalaba el uso de la fuerza pública contra manifestaciones. Viene a cuento ese polémico tema, por los hechos que se han estado dando en los últimos días por un proyecto de obras hidráulicas en San Bartolo Ameyalco, delegación Álvaro Obregón, que ha motivado enfrentamientos entre cuerpos policiacos y habitantes del lugar decididos a defender su territorio y sobre todo el manantial que se encuentra en el poblado. Esos enfrentamientos, que han sido más bien apedreos y golpes con palos y fierros contra los uniformados, dejó al menos 116 heridos, 15 de ellos granaderos, dos de ellos de gravedad; la refriega motivó la detención de 5 enfurecidos protestantes.

Se calcula que más de mil 500 uniformados iban con la orden de resguardar a los trabajadores y la maquinaria del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) que, por segunda ocasión, pretendían terminar la instalación de infraestructura hidráulica en la calle Camino al Viejo Mixcoac, como parte de la ampliación del Sistema Cutzamala. Sin embargo, los habitantes de San Bartolo Ameyalco se juntaron, y con piedras, palos y fierros obligaron a los uniformados a recular, no sin antes haber apaleado a varios de ellos, a uno de los cuales de hecho comenzaron a lincharlo cuando cayó casi sin sentido al suelo, al grito de los enardecidos habitantes de !mátenlo…mátenlo!

Los habitantes del lugar se organizaron y formaron barricadas a las que prendieron fuego, y al irse acercando los granaderos que iban protegidos con cascos y escudos, la apedreada con la que tiraban a herir o matar los vecinos del lugar a los granaderos, obligó a estos a irse replegando. En la trifulca fueron detenidas varias personas, pero también seis policías. Algunos civiles fueron llevados al Ministerio Público de Tizapán, mientras que dos de los uniformados fueron encerrados en el centro de salud del pueblo. Los cuerpos policiacos supuestamente eran asistidos por dos helicópteros Cóndor que sobrevolaron la zona, con el jefe de la Policía, Jesús Rodríguez Almeida, en uno de los aparatos, quien supervisó el operativo y las agresiones desde las alturas.

Después de unas horas, los ánimos se calmaron momentáneamente, pero los pobladores pedían el regreso de sus gentes que habían sido detenidas, a cambio de la devolución de los dos policías. Un comando de uniformados fue al rescate de sus compañeros y a la fuerza los sacaron de donde estaban retenidos. Volvieron a sonar las campanas de la iglesia y nuevamente se reanudaron los enfrentamientos o mejor dicho el apedreo y la paliza de los habitantes contra los uniformados. Al ver esas escenas por la televisión, mucha gente pensó si lo que había aprobado el Congreso de Puebla sería la solución para no dejar en la total indefensión a los cuerpos policiacos que son mandados a la guerra sin fusil y con la orden de dejarse lapidar si es necesario, con tal de no agredir a la turba enardecida que no mide consecuencias a la hora de protestar públicamente o defender lo que considera un agravio en su contra.

Muchas protestas de la ciudadanía son relacionadas a la violación de los derechos humanos. ¿Acaso los policías y granaderos no tiene esos mismos derechos? Y cuando se trata de aplicar la ley a los vándalos, la ley se vuelve laxa. Para equiparar los momios, ¿no sería justo que los uniformados usaran armas letales contra quienes al protestar se pasan de lanza contra ellos?  ¿O cuál sería la fórmula para proteger los derechos o libertades de los demás pero también de las fuerzas del orden público? Por lo pronto, los enfrentamientos en San Bartolo Ameyalco seguramente seguirán. Y seguramente habrá más heridos… o quizá hasta muertos, en esa lucha por el agua. Aún con la paliza que recibieron los policías inermes, hubo quejas en las redes sociales de que el gobierno de Miguel Ángel Mancera es represor y autoritario. Usted dirá.

 

Anuncios

Comentarios desactivados en ¿Disparar contra manifestantes?

Archivado bajo ¿Disparar contra manifestantes?

Los comentarios están cerrados.