Escandaliza matanza militar

PAULINO CÁRDENAS

Aunque ha sido lugar común que las investigaciones de abusos militares se difuminen con el paso de los días, semanas y meses, o queden sin resolver, la Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer estar dispuesta a que el caso de los crímenes masivos de exterminio -que no son nuevos en este sexenio- contra presuntos delincuentes vinculados al narcotráfico que fueron abatidos en el municipio de Tlatlaya, estado de México hace casi tres meses, pocos creen que el asunto llegue hasta sus últimas consecuencias, lo mismo que las indagatorias que también anunció sobre esa misma matanza la PGR, masacre que se ha convertido en un escándalo internacional y que está en la mira de la división para las Américas de la organización internacional Human Rights Watch.

Fue la revista Esquire la que publicó la versión de una mujer testigo de la masacre, quien afirmó: “Ellos (los soldados) decían que se rindieran y los muchachos decían que les perdonaran la vida. Entonces (los soldados) dijeron ‘¿no que muy machitos, hijos de su puta madre? ¿No que muy machitos?’. Dijo la testigo: “Así les decían los militares cuando ellos salieron (de la bodega). Todos salieron. Se rindieron, definitivamente se rindieron. (…) Entonces les preguntaban cómo se llamaban y los herían, no los mataban. Yo decía que no lo hicieran, que no lo hicieran, y ellos decían que ‘esos perros no merecen vivir (…) Luego los paraban así en hilera y los mataban. (…) Estaba un lamento muy grande en la bodega, se escuchaban los quejidos”, según la publicación estadounidense en su edición de México.

La agencia The Associated Press informó del testimonio que involucra a militares de ese fusilamiento extralegal. De acuerdo con la agencia, una mujer relató que vio cuando los militares dispararon y asesinaron a su hija Erika Gómez González, de 15 años. “Estaba en el suelo con una herida en la rodilla. Los soldados le dieron la vuelta al cuerpo aún con vida y le dispararon más de media docena de veces en el pecho”, describió la agencia de noticias estadounidense cuyo servicio se reproduce en cinco idiomas: inglés, alemán, neerlandés, francés y español, y que es considerada también una de las de mayor alcance mundial.

El director de la división para las Américas de la organización internacional Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, afirmó que el asesinato por parte de elementos del Ejército Mexicano a un grupo de 22 presuntos delincuentes -21 hombres y una mujer-, “es la peor masacre de civiles del sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto”. Recalcó que “el testimonio  de lo ocurrido en Tlatlaya reflejaría que estamos ante la peor masacre de civiles por parte de militares de este sexenio”, afirmó Vivanco en un comunicado. En agosto pasado, la organización internacional HRW, defensora de los derechos humanos, pidió al gobierno de Peña Nieto esclarecer e investigar a fondo la muerte de 22 civiles a manos de elementos del Ejército, ocurrida el pasado 30 de junio durante un enfrentamiento.

En un comunicado de prensa, el organismo, con sede en Nueva York, señaló que “han transcurrido casi dos meses desde que un grupo de soldados mató a 22 civiles y todavía hay más interrogantes que respuestas con respecto a qué sucedió verdaderamente ese día”. Indicó que la investigación debería considerar adecuadamente las evidencias que señalan que militares habrían actuado de manera “irregular”. El anuncio oficial de la Sedena dada a conocer horas después del supuesto enfrentamiento señalaba que se desató una balacera en la localidad luego de que elementos del Ejército fueron atacados por miembros de una organización criminal. Sin embargo,  la versión dio un giro de 360 grados, cuando la prensa internacional retomó el caso y se reveló que los soldados habían atacado a los civiles.

“Marcas de bala y manchas de sangre en las paredes dentro de una bodega de almacenamiento de grano en las montañas del sur de México cuentan una historia sombría de muerte que implica soldados y presuntos delincuentes. Puede no ser la historia que cuentan los mismos funcionarios”, decía una nota publicada por AP, que decía tener pruebas de que los elementos del Ejército mexicano colocaron a los jóvenes en un paredón (improvisado dentro de una bodega) para dispararles. Ahora, los nuevos testimonios confirman la sospecha y exigen a las autoridades esclarecer qué pasó en Tlatlaya el pasado 30 de junio.

Por su pate la Secretaría de la Defensa Nacional dijo que realizará una “investigación a fondo” de los hechos ocurridos en el municipio de Tlatlaya, para lo cual ofreció su “colaboración irrestricta”. Por su parte la Procuraduría General de la República confirmó que mantiene una averiguación previa respecto a ese caso y señaló: “Nuestra responsabilidad es precisar con claridad si las conductas se apegaron a derecho y con respeto absoluto a los derechos humanos”.

En un comunicado, la Sedena puntualizó que es la más interesada en que se determine le verdad jurídica, pues “los integrantes del Ejército y la Fuerza Aérea estamos obligados a conducirnos con pleno respeto a los derechos de las personas. Por ello “prestará su colaboración irrestricta para que la autoridad competente esclarezca los hechos y determine la verdad jurídica sobre este acontecimiento”.

Agregó: “refrendamos nuestro compromiso de cumplir con las misiones asignadas con estricto apego a la ley y a las directivas giradas para que en todo momento se preserve la vida y la seguridad de las personas, respetando invariablemente los derechos humanos”. También la PGR, en un comunicado, indicó que “se tiene iniciada una averiguación previa respecto a esos hechos, misma que está en etapa de investigación”.

Dio a conocer “que tiene un equipo de especialistas en diversas disciplinas dedicada a esta tarea, desde que tuvo conocimiento de los hechos”. Se dijo que “la seriedad con que esta administración toma en cuenta la aplicación de las reglas elementales en el procedimiento de búsqueda de la justicia obliga a una investigación completa y profunda para llegar a la verdad”. Habrá que ver hasta donde cumplen lo prometido tanto la Sedena como la PGR. Lo cierto es que parecen ir surgiendo evidencias de que existiese una orden por parte de los altos mandos castrenses a sus tropas, de exterminar a cuanto presunto sicario encuentren a su paso, con el pretexto de que mueren en encuentros a tiros con las fuerzas armadas.

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