Como avestruces ante el crimen

PAULINO CÁRDENAS 

Tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales prefieren hacerle al avestruz en cuanto al tema de la criminalidad y los hechos de violencia que cada vez aumentan en México, como sucedió con el caso de la matanza de 22 presuntos sicarios en Tlatlaya, estado de México, y con el caso de los muertos, heridos y desaparecidos de los estudiantes de la escuela rural de Iguala, Guerrero, por solo mencionar dos de los múltiples casos en que las autoridades optan no informar sobre los hechos violentos, sino hasta que los medios hacen pública la información lo que obligan al gobierno a anunciar que los hechos serán investigados y que se llegará ‘hasta las últimas consecuencias’, lo que nunca sucede o si acaso sucede a medias.

Resulta evidente que las autoridades están rebasadas por el crimen, lo que no se quiere reconocer. Acaso algún atisbo salta de repente, como fue el caso del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre quien reconoció que la policía estatal está cooptada por los capos de la droga y el crimen organizado. Fue parte de la respuesta que se le ocurrió dar, después de que el presidente Enrique Peña Nieto le reclamó públicamente que no atiende como es debido los asuntos que compete resolver en su entidad, dejándole en claro que el gobierno federal no atenderá los problemas que deben resolver los gobiernos estatales. Aún así, la información inicial que dio a conocer Aguirre sobre los estudiantes desaparecidos fue falsa.

El pasado martes afirmó que 13 de los desaparecidos habían sido hallados, situación que fue desmentida por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, organización que explicó que 12 los estudiantes aludidos por el Ejecutivo estatal no habían participado en las manifestaciones que precedieron a los hechos y que uno más había sido identificado por sus familiares en el Servicio Médico Forense. O no tenía a la mano la información correcta o quiso pasare de listo con esa declaración. Familiares de los estudiantes que hasta ayer no habían sido hallados, han comenzado a realizar diversos actos de protesta para exigirle al gobierno de Guerrero que se avoque a dar con el paradero de los estudiantes. Ha habido confusión respecto de las cifras.

Según el mencionado Centro de Derechos Humanos, en un inicio se habló de 58 estudiantes desaparecidos en los hechos de violencia suscitados en Iguala, pero después se dijo que eran 57. Sin embargo, al final, después de cotejar con los propios familiares de los desparecidos, la cifra quedó en 43 alumnos que no han sido hallados. Dice ese organismo que hubo cámaras de video que captaron la desaparición forzada de entre 20 y 25 estudiantes que fueron llevados por la policía hacia rumbo desconocido. Incluso reportaron las matrículas de las patrullas en las que se los llevaron : 017, 018, 022, 027 y 028. Además de las cámaras de video, se dice que hubo testigos que vieron esas detenciones forzadas.

En cuanto al caso de los ejecutados de Tlatlaya, estado de México, hecho sucedido el pasado 30 de junio, fue hasta que la revista Esquire, en su edición en español, publicó una entrevista con una supuesta testigo que asegura que los presuntos delincuentes vinculados con el narco, fueron sometidos en una bodega y aún cuando se habían rendido, les dispararon a mansalva los soldados que se encargaron del operativo en el que supuestamente había gente secuestrada, lo cual no ha quedado claro que haya habido gente privada de su libertad por los supuestos delincuentes que acabaron siendo ejecutados por los militares. Luego de que la revista y la agencia AP se encargaron de difundir la declaración de la supuesta testigo, el asunto cobró visos de escándalo nacional que trascendió las fronteras.

Por ello fue que hasta entonces, el gobierno federal reaccionó, aunque con la estocada mediática tuvo que salir a dar explicaciones y realizar detenciones de supuestos soldados involucrados y un teniente, a toro pasado, lo que ha suscitado infinidad de críticas que han puesto al gobierno peñanietista en el banquillo de los acusados, ya que resulta evidente que el Ejército no respeta los derechos humanos como reiteradamente asegura el jefe del Ejecutivo federal, quien a pesar de esos hechos ha salido a defender una vez más a las Fuerzas Armadas, aunque sigue habiendo muestras de que la actuación de las tropas castrenses ha dejado mucho que desear en el caso de la lucha contra los capos del narco y del crimen organizado.

Pese a que ha habido aciertos que nadie podría pichicatear, como fue el caso de la detención del ‘H’, Héctor Beltrán Leyva, el último hermano de la dinastía de ese grupo criminal, el asunto es que en el tema de la criminalidad en general, los gobiernos federal y estatales han preferido la política del avestruz, escondiendo lo más que pueden la cabeza, como si con esa actitud se fueran a resolver los problemas de violencia, ejecuciones, extorsiones, secuestros y encuentros a fuego abierto entre elementos militares y marinos, contra los sicarios al servicio de los capos cuya actuación sigue agobiando a muchas entidades del país.

Los problemas que dan origen a ese clima de inseguridad están vinculados a las colusiones que hay entre autoridades y mafiosos, y en la impunidad que sigue siendo el as que llevan bajo la manga los delincuentes organizados y del fuero común. De poco sirve las órdenes que tienen las Fuerzas Armadas de su jefe supremo, si sus planes no fructifican, por tanta corrupción que hay y que es el camino por el que transitan los jefe de los cárteles de la droga, a quienes los recursos económicos les sobran, lo mismo que el armamento de utilizan contra quienes se oponen a sus veleidades criminales.

Mientras que siga esa política del avestruz, con la que se pretende hacer creer que la inseguridad va en descenso, las cosas seguirán yendo a la inversa como ha sucedido en los 22 meses que lleva el actual régimen, que empieza a parecerse en cuanto al clima de violencia y hechos de sangre cotidianos que prevalecen en el país, a la administración del panista Felipe Calderón. Y apenas va para su segundo año el gobierno peñanietista. Hasta la Iglesia ha venido criticando al gobierno federal por el clima de inseguridad y la falta de justicia que hay en prácticamente toda la República Mexicana.

 

 

 

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