Asesinados 17; en fosas hallaron 28

PAULINO CÁRDENAS

Con la confesión de dos delincuentes de que fueron asesinados 17 de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos entre el viernes 26 y la madrugada del 27 de septiembre, junto con un grupo de efectivos policiacos de Iguala, queda clara la participación de la Secretaría de Seguridad Pública que desde más de cuatro meses operan bajo el esquema de ‘mando único’ que está bajo el mando del gobierno estatal. Ello implica al secretario de Seguridad Pública, Jesús Martínez Garnelo, en los hechos donde murieron tres normalistas. El asunto pone en evidencia al presidente municipal José Luis Abarca Velázquez y al Secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores Velázquez, ambos prófugos. Pero también esa responsabilidad le toca al gobernador Ángel Aguirre, quien podría tener contados los días como mandatario de esa entidad en conflicto.

Incluso hay evidencias de que los restos de 28 personas hallados en seis fosas en las inmediaciones de Iguala, corresponden a los normalistas desaparecidos, aunque el procurador Iñaky Blanco, dijo que ‘sería irresponsable’ decir que los cuerpos encontrados el pasado sábado en fosas clandestinas corresponden a los alumnos desaparecidos. El secretario de Salud, Álvaro Mazón, señaló que el proceso para determinar la identidad de los restos hallados, tardará unos 15 días. En las indagatorias ministeriales se supo que el secretario de Seguridad Pública, Flores Velázquez, no fue requerido inmediatamente por la Procuraduría General de Justicia local. Eso le permitió darse a la fuga, igual que el alcalde. Desde el año pasado han sido señalados de estar involucrados con el crimen organizado.

Las cosas para el gobernador Aguirre se han puesto color de hormiga, ya que lo acusan de negligencia e irresponsabilidad ante esos hechos. La presión de los guerrerenses y del sector político nacional, podría ocasionar que no tarde en pedir licencia. Mientras tanto, desde el centro el gobierno federal estaría contemplando la posibilidad de enviar a un comisionado plenipotenciario como sucedió con el caso de Michoacán, aunque hasta ahora ese experimento no ha dado los resultados que se esperaban, ya que en ese estado parece estar reviviendo los problemas de inseguridad y de violencia por parte del cártel de los Caballeros Templarios. En la entidad al mando de Ángel Aguirre opera el cártel Guerreros Unidos, que habrían tomado parte en los hechos de Ayotzinapa.

A principios de mayo pasado el gobernador firmó un convenio para establecer el Mando Único Policial en seis municipios de la entidad, los cuales representan 60 por ciento del total de elementos del estado: Acapulco, Chilpancingo, Teloloapan, Tixtla, Zihuatanejo e Iguala. Dijo entonces que la firma de dichos convenios de adhesión representaba “la unificación formal y material de las corporaciones estatales y municipales”. De esa manera, las policías municipales pasaron a depender de la SSP guerrerense, bajo el mando del secretario de Seguridad Pública estatal. Según Aguirre, dicho acuerdo se realizaba para combatir la inseguridad y la delincuencia “con acciones de reacción y preventivas con armas, patrullas e implementos necesarios, para contar con una policía que inspire confianza ciudadana y sea capaz de restablecer el tejido social, que han pretendido colapsar los enemigos de la ley”.

La PGR indaga la probable responsabilidad del secretario de Seguridad Pública, Jesús Martínez Garnelo, en los hechos ocurridos en Iguala. El fiscal general de Guerrero, Iñaky Blanco, informó que fueron exhumados 28 cuerpos de las fosas clandestinas halladas en Pueblo Viejo, Iguala, calcinados en su totalidad y algunos fragmentados. Indicó que hasta el momento 29 personas, entre ellas dos mujeres, se encuentran indiciadas por delitos de homicidio calificado y delincuencia organizada. Añadió que la orden de acudir al sitio donde protestaban los normalistas el pasado viernes, la dio el director de Seguridad Pública municipal Francisco Salgado; en tanto, la exigencia de llevárselos para ultimarlos la recibieron de un hombre al que conocen como ‘El Chucky’, líder de Guerreros Unidos.

El procurador confirmó que la totalidad de los 28 cuerpos fueron encontrados calcinados, por lo que, dijo que se presume que fueron rociados con diésel, gasolina o petróleo. Dijo que para la identificación de los cadáveres se realizarán pruebas de ADN con la Policía Federal y servicios periciales de la PGR, y que los resultados se tendrán entre 15 días y dos meses. “Conforme a la opinión de peritos especializados en la materia podemos señalar que en las fosas se colocó una cama de ramas y troncos sobre la cual se pusieron los cuerpos de las víctimas, a quienes se les roció una sustancia flamable acelerante, diésel, gasolina o petróleo”, señaló. Dijo que con los cateos realizados hubo varias detenciones.

Una de ellas fue José Gaspar alias ‘El Tongo’, además de Honorio Antúnez ‘El Patachín’ que era policía municipal, Alejandro Macedo, y Marco Antonio Ríos, todos vinculados al grupo criminal Guerreros Unidos. El procurador Blanco explicó que tras las declaraciones de los cuatro detenidos se logró identificar a 30 integrantes de la Policía Preventiva de Iguala, como elementos del grupo delictivo. De acuerdo con lo señalado por el fiscal, fueron Macedo y Ríos los que habrían declarado que privaron de la vida a los 17 normalistas, a quienes trasladaron a la parte alta de un cerro en Pueblo Viejo, donde el grupo criminal tiene fosas clandestinas.

En ese sitio fue donde los jóvenes fueron privados de la vida y posteriormente calcinados por ordenes de ‘El Chucky’. Explicó que Macedo y Ríos manifestaron haber seguido a los estudiantes, a bordo de dos camionetas, desde el momento en que llegaron a la ciudad tamarindera y cerca del centro de Iguala accionaron sus armas contra ellos. El caso Ayotzinapa, junto con las ejecuciones de presuntos delincuentes en Tlatlaya, estado de México, además de otros hechos vinculados a la corrupción como el de Oceanografía y el saqueo a Pemex, además de los vínculos de gobernadores con el crimen organizado, han colocado al gobierno de Enrique Peña Nieto en el banquillo de los acusados.

 

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