Deben indagar a más narcoalcaldes

PAULINO CÁRDENAS

Las autoridades encargadas de perseguir el crimen organizado y a las mafias del narco en México están más que rebasadas. Eso es un hecho. Actúan tardíamente; siempre a toro pasado. A sabiendas de lo que sucede con personajes de la clase política vinculados a la delincuencia organizada, se hacen guajes y no actúan. Prefieren optar por la política del avestruz, como se ha señalado en repetidas ocasiones. Eso lo saben todos los mexicanos que ya no creen en las declaraciones oficiales cuando dicen que se actuará ‘hasta las últimas consecuencias’ cuando saltan a la palestra pública casos como el alevoso crimen masivo sucedido en contra de los estudiantes normalistas en Ayotzinapa que se ha convertido en un escándalo mundial.

En el marco de ese vacío institucional es que los capos de la droga y del crimen organizado actúan con un amplio margen de impunidad, como ha ido quedando al descubierto con el caso del alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca Velázquez y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, sobre supuestos vínculos con el narco y autores intelectuales de la persecución y ejecuciones de líderes sociales. La cónyuge de Abarca por cierto estaba a punto de anunciar que iría tras la alcaldía para suceder a su marido el mafioso; a ella se le señala como asociada también de los cárteles Guerreros Unidos y al de los hermanos Beltrán Leyva.

En un video aparecido en agoraguerrero, sale Leonor Villa Ortuño, supuesta suegra de Abarca Velázquez, quien se le ve detenida y vendada de los ojos y es interrogada por un supuesto agente. En el video declara que su yerno es el ex alcalde prófugo a quien las mafias le pagaban 2 millones de pesos al mes por dejarlos actuar a plenitud en Iguala y sus alrededores. También dice que el gobernador aliancista Ángel Aguirre recibió dinero del cártel de los Beltrán Leyva para su campaña. Dijo ser la mamá de María de los Ángeles Pineda Villa y de Mario Pineda Villa y Alberto “El Borrado” Pineda, operadores del Cártel de los Beltrán Leyva. Ambos fueron ejecutados en 2009. Se supone que la PGR contaba con esa información.

En octubre de 2013, integrantes de la corriente perredista Izquierda Democrática Nacional entregaron al Gobierno federal el testimonio de un sobreviviente de las torturas y ejecuciones ordenadas por el ex alcalde. “Es el presidente José Luis Abarca quien le da un escopetazo en la cara y otro en el pecho y lo dejaron tirado en la fosa”, relató Nicolás Mendoza, testigo de la ejecución del líder social Arturo Hernández Cardona, y cuyo testimonio ante notario fue entregado a las autoridades.

René Bejarano, dirigente de Izquierda Democrática Nacional, IDN, e integrante de la dirección nacional del PRD, confirmó que en su momento había hecho del conocimiento del procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, y del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, varias acciones criminales imputadas a Abarca. Ambos negaron que ‘el señor de las ligas’ les hayan aportado pruebas de su dicho. ¿Por qué si las autoridades tenían conocimiento de esos vínculos no actuaron en su momento sino hasta que el caso Ayotzinapa alcanzó niveles de escándalo internacional?

Hace unos días aparecieron varias mantas del cártel Guerreros Unidos amenazando al gobierno estatal que si no liberaban a los 22 policías detenidos acusados por la desaparición forzada, asesinato y calcinación de cadáveres hallados en varias fosas clandestinas en Iguala que se presume corresponden a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, revelarían los nombres de los políticos que respaldan sus actividades delictivas.

Es un hecho pues, que la ley del narco mantiene sometidos a un gran número de alcaldías en la mayoría de los estados de la República, asunto del que las autoridades federales tienen conocimiento, pero no han querido actuar con el pretexto de que la federación no debe inmiscuirse en asuntos que comete resolver a los estados. ¿Por qué en Michoacán sí y en Guerrero no?

Lo cierto es que comunidades y pueblos enteros viven bajo la zozobra y el miedo por el yugo a que son sometidos por parte de los sicarios al servicio de los cárteles de la droga y las mafias del crimen organizado. En tanto los gobernadores de las entidades sometidas por la narcoviolencia se la pasan minimizando esos hechos o afirmando que mucho de lo que acontece en sus entidades es obra de la exageración mediática. Sin embargo, el clima de inseguridad ha ido creciendo cada día en casi todo el país. Eso debería preocupar seriamente al gobierno federal y no se diga a los gobiernos locales.

Hay casos que ilustran esa verdad, como el de Michoacán, donde 
la reciente aparición de videos y fotografías de la alcaldesa de Pátzcuaro, Salma Karrum Cervantes, y la de Huetamo, Dalia Santana, con Servando Gómez “La Tuta” líder de Los Caballeros Templarios, dan fe de que hay alcaldes a quienes los capos los cooptan y someten hasta volverlos sus cómplices y a quienes extorsionan con pagos de ‘cuotas’ semanales. A quienes se oponen, los matan. En los últimos siete años 63 presidente municipales fueron asesinados y ninguno de los casos ha sido aclarado, por lo que los autores intelectuales y materiales se mantienen en la impunidad.

Los alcaldes de las zonas donde hay mayor presencia de los cárteles de narcotráfico son presionados a pagar las extorsiones con recursos públicos, las cuales se cubren en efectivo, con un porcentaje de las obras públicas y en algunos casos son obligados a contratar a empresas constructoras. De eso no hablan ni los gobernadores ni el gobierno federal. No hablan ni del acoso, el hostigamiento ni de las amenazas que sufren los ediles. Cuando los alcaldes son ejecutados por negarse a ceder a las exigencias de los cárteles, los crímenes quedan prácticamente impunes.

Como se ve, hay estados en el país que padecen el yugo de organizaciones criminales y cuyos municipios viven en situación de emergencia porque sin duda hay muchos alcaldes que están vinculados al narco a los que las autoridades de procuración de justicia deberían investigar. Solo que en los altos niveles de decisión se ha preferido la omisión que más parece sumisión. Prefieren la ley del silencio o la política del avestruz que viene siendo lo mismo.

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