Dura carta de HRW al gobierno

PAULINO CÁRDENAS

En México hay una crisis profunda en materia de derechos humanos, señaló la organización internacional Human Rights Watch en una dura carta que envió al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong con copia para el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam. Y claro que sí hay una profunda crisis en esa materia. Los hechos lo corroboran. En cada acto delictivo que realizan los sicarios al servicio de los cárteles de la droga y del crimen organizado en el país, se cometen graves violaciones a los derechos humanos de las víctimas que en un gran número de casos acaba ejecutado, decapitado, incinerado y enterrado en fosas clandestinas. HRW demanda una investigación seria y resultados inmediatos al gobierno mexicano en el tema de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y de las ejecuciones de Tlatlaya. Pero no solo eso.

En una larga misiva hace un repaso de lo que el gobierno de México ha dejado de cumplir con respecto a la salvaguarda de los derechos elementales de personas vinculadas o no a la delincuencia. Señala el citado organismo: “Los esfuerzos del gobierno mexicano para combatir la desaparición forzada de personas y los secuestros están plagados de demoras inexplicables y declaraciones contradictorias”. José Miguel Vivanco, director para las Américas de ese organismo, quien rubrica la carta, indicó en su misiva que si bien esta grave crisis de derechos humanos comenzó durante el gobierno de Felipe Calderón, miles de casos siguen dándose en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, lo que sigue afectando a muchísimos mexicanos y sobre todo indignando a la nación entera.

Recuerda que en febrero de 2013 publicó el informe “Los Desaparecidos de México: El persistente costo de una crisis ignorada”, donde se documentan casi 250 desapariciones ocurridas durante el gobierno del Presidente Felipe Calderón. “Encontramos evidencias convincentes de que 149 de esos casos constituyeron desapariciones forzadas, en las cuales estaban involucrados agentes de todas las fuerzas de seguridad, incluidos el Ejército, la Marina, la policía federal y las policías locales. También documentamos que las autoridades en general no investigaban estas desapariciones, ni hallaban a las víctimas o perseguían penalmente a los responsables”.

Reconoce HRW que, en respuesta a la publicación del informe, el gobierno de Peña Nieto admitió la gravedad del problema y anunció una serie de iniciativas destinadas a encontrar a personas cuyo paradero se desconocía, y a brindar asistencia a las víctimas y sus familiares. “Sin embargo, desde entonces, los esfuerzos del gobierno se han visto eclipsados por demoras inexplicables y declaraciones públicas contradictorias, y las medidas adoptadas han tenido resultados muy limitados”.

Human Rights Watch realizó recientemente una misión de investigación a México, comprobando que las actuaciones del gobierno en general están muy por debajo de lo requerido para asegurar que México cumpla con su obligación jurídica internacional de abordar esta crisis de derechos humanos. Después de una larga lista de asuntos sin resolver, señala una serie de recomendaciones al gobierno de México. Señala que si bien ha habido algunas medidas en la dirección acertada, “se necesitan acciones mucho más enérgicas para hacer frente a esta crisis de derechos humanos.

La prioridad principal debería ser impulsar medidas de persecución penal y justicia en casos de desaparición forzada. Concretamente, señala HRW, el gobierno debería priorizar la investigación penal de presuntos casos de desapariciones forzadas, asegurando que la unidad especial de la PGR, y otros agentes del Ministerio Público con competencia, cuenten con los recursos y el personal que necesitan para hacer su trabajo, y que los investigadores reciban cooperación plena y activa de parte de todas las instituciones federales y de los estados.

Otra prioridad central debería ser acelerar la implementación en todo el país de la Base de Datos Ante-Mortem-Post-Mortem que, una vez en funcionamiento, podría jugar un papel clave al brindar la información necesaria para que las familias de personas desaparecidas encuentren a sus seres queridos, para que los agentes del Ministerio Público lleven adelante investigaciones penales y para que los responsables de la adopción de políticas públicas y la sociedad mexicana comprendan la verdadera naturaleza y magnitud de la crisis de derechos humanos que atraviesa México.

Entre otros pasos cruciales que el gobierno debería adoptar se incluyen: Dar a conocer los nombres de las 30,000 personas cuyo paradero se desconocía y fueron encontradas, así como de las 22,000 personas que siguen sin ser localizadas. 
Reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir denuncias de desapariciones forzadas presentadas por personas y Estados, e invitar a sus miembros a que realicen una visita oficial a México.

Asegurar que la definición de desaparición forzada contenida en los distintos códigos penales, tanto a nivel federal como en los estados, sea coherente en las diferentes jurisdicciones e incluya todas las conductas contempladas en las definiciones establecidas por la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. En especial, debe asegurarse que la definición incluya las desapariciones cometidas por organizaciones o personas que actúen en representación de funcionarios estatales, o con su apoyo (directo o indirecto), su consentimiento o aquiescencia.

Recomienda modificar la definición y el proceso de declaración de ausencia establecido en el Código Civil Federal para evitar que los familiares de personas desaparecidas pierdan el acceso a servicios sociales básicos, y promover reformas similares en el ámbito de los estados;. Reglamentar la Ley General de Víctimas. En fin, que Human Rights Watch hace un severo llamado al gobierno de Peña Nieto para que adopte una estrategia clara de prevención de una serie de delitos que atenten contra los objetivos del Programa Nacional de Derechos Humanos. Ante ese organismo internacional, México está en falta en esa materia.

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