ERPI crea brigada justiciera

PAULINO CÁRDENAS

Mientras que el gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre, propuso que se haga una consulta popular para saber si deja el cargo o no, lo que fue ‘bateado’ por el INE, el grupo rebelde armado Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) ha convocado al pueblo a integrarse a la “Brigada Popular de Ajusticiamiento 26 de Septiembre”, para exterminar al “mal llamado” grupo criminal Guerreros Unidos, exigir la renuncia del mandatario estatal, combatir el narcoestado mexicano y dar con el paradero de José Luis Abarca Velásquez, alcalde de Iguala, y de su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, vinculada al cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

El ERPI, que había optado por no aparecer públicamente desde hace tiempo, señaló en un video que “nos vemos obligados a romper el silencio por los acontecimientos que se dieron en el estado de Guerrero”, refiriéndose a los ataques a estudiantes normalistas en Iguala, perpetrados por policías y presuntos miembros de Guerreros Unidos el 26 de septiembre, que dejaron seis muertos, 25 heridos y 43 desaparecidos. Esto, por la omisión y supuesta colusión del gobierno estatal en estos y otros hechos relacionados con el crimen organizado.

A esta propuesta se unió también otro grupo rebelde Fuerzas Armadas Revolucionarias-Liberación del Pueblo (FAR-LP), que el pasado 1 de octubre habían manifestado que el alcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca Velásquez, arribó al poder “a base de la compra de conciencias con dinero proveniente del narcotráfico”. Señaló que es un secreto a voces que el edil que anda prófugo forma parte del cártel de ‘Guerreros Unidos’ a quienes sirve y lava dinero junto con su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, de negro historial.

Señala este grupo rebelde que ambos son responsables de la tortura y asesinato de los dirigentes sociales Arturo Hernández Cardona, Rafael Balderas y Ángel Román de la Unidad Popular de Iguala, así como de Justino Carvajal Salgado, primer síndico procurador de Iguala”. Las FAR-LP externaron su apoyo y pésame a los familiares de los normalistas fallecidos hace una semana como consecuencia de un ataque perpetrado por agentes municipales de Iguala. “Lo que pasó es algo que nos ofende a todos”, expresó el movimiento.

“A todos nuestros hermanos de lucha, preparémonos para pasar de la defensiva estratégica a la ofensiva generalizada contra el Estado; saben cuáles son los medios para ponernos de acuerdo; no dejemos pasar esto, nuestros hermanos muertos no se lo merecen, es hora de poner en práctica la máxima de Patria o Muerte. Al pueblo que nos apoya en nuestro andar y en nuestro accionar queremos decirle que todo lo que hacemos es por ellos y más tarde que nunca lograremos derrocar a este gobierno espurio”, señaló el comunicado.

“Ángel Heladio Aguirre Rivero ha vuelto a ensangrentar sus manos en su administración; traicionó al pueblo que lo eligió, se doblegó a los intereses y ambiciones de poder, su alianza con la delincuencia organizada y el pago de favores a los amigos que lo llevaron al poder; le quedó grande Guerrero”, coincidieron en señalar ambos grupos guerrilleros.

El ERPI dijo que la corriente Nueva Izquierda del Partido de la Revolución Democrática (PRD) es cómplice de los hechos del 26 y 27 de septiembre donde hubo un saldo seis muertos, 25 heridos y 43 secuestrados y desaparecidos, que acabaron siendo masacrados, incinerados y enterrados en 10 fosas clandestinas al pie de un cerro en las inmediaciones de Iguala, aunque el gobernador dice que los restos no son de estudiantes. El grupo rebelde propuso a gente del pueblo poner a disposición de ese movimiento armado, “por cualquier vía pública o secreta”, información sobre elementos, propiedades e intereses de dicho cártel. El propósito es dar con las guaridas de los integrantes de la organización delincuencial Guerreros Unidos y exterminarlos.

“Se siente gran pena que el pueblo en general este callado, ¿pero qué podemos esperar de un pueblo atemorizado por la acción del gobierno estatal coludido con la delincuencia organizada?, donde los cuerpos de seguridad encargados de garantizar la seguridad de los ciudadanos han sido reclutados y actúan al servicio de los criminales a la vista de todos, sin embargo los pueblos que siempre hemos luchado, debemos sacar a relucir nuestra forma de pensar y defendernos, si es con las armas adelante, puesto que es la única vía que se le está dejado al pueblo indefenso”, dijo ese movimiento armado.

El ERPI es una de los mayores grupos guerrilleros que operan desde hace algunos años en Guerrero, aunque ha aparecido en pocas ocasiones y ha tenido esporádicos enfrentamientos. Este grupo se escindió en 1998 del Ejército Popular Revolucionario, el EPR, que surgió públicamente en el estado de Guerrero en 1996 en el acto del primer aniversario de la masacre de Aguas Blancas, en la que murieron 17 campesinos a manos de policías.

El rebelde Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) anunció a través de un vídeo publicado en Internet la creación de la Brigada Popular de Ajusticiamiento 26 de Septiembre, la cual se encargará de la afrenta del “narcoestado” y de su cártel de sicarios “mal llamados” Guerreros Unidos. Esto viene a ser consecuencia de la ineficiencia del gobierno estatal que ha dejado hacer y pasar a alcaldes como el de Iguala, pese a tener conocimiento de que forma parte del crimen organizado, y que la policía municipal forma parte del cártel Guerrero Unidos, una ramificación del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

Incluso se dice que dos de los hermanos de la esposa del alcalde de Iguala, María de los Ángeles Pineda Villa, pertenecían al cártel de los Beltrán Leyva y que luego fueron asesinados por sicarios de ese misma organización criminal, era la que realmente gobernaba en el municipio. Ambos siguen prófugos. La orden también incluye al director de Seguridad Pública Municipal, Felipe Flores Velásquez, debido a que en el ataque contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa participaron elementos de esa corporación. Obvio que de todo eso estaba enterado el gobernador Ángel Heladio Aguirre.

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