¿Narcocrimen matará reformas?

PAULINO CÁRDENAS

Ante el evidente fracaso gubernamental respecto a la inseguridad y especialmente al combate al crimen organizado y las mafias del narco que operan en México, hay quienes se vienen preguntando si esa pesadilla que vive México de hechos sangrientos y despiadados no impedirán que la apuesta del presidente Enrique Peña Nieto en las reformas estructurales que le fueron aprobadas por el Congreso para impulsar el desarrollo del país, pudieran fracasar. Sobre todo hay quienes temen que las inversiones extranjeras que vendrían junto con los emporios petroleros ahora que está vigente la apertura para que las grandes empresas mundiales vengan a explotar nuestros hidrocarburos, pudieran arrepentirse o alargar su decisión de venir a México.

El propio secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, reconoció que esos “brotes” de violencia, “pueden afectar el ánimo de los inversionistas en un momento en que el país se halla inmerso en la instrumentación de reformas impulsadas por el gobierno para atraer capitales”. Por su parte, el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens quiso matizar las palabras de Videgaray, y declaró que el ambiente de inseguridad no afectarán las inversiones que espera el gobierno de México gracias a las reformas estructurales aprobadas por el Legislativo. Reconoció que son tiempos difíciles pero estimó que el factor de inseguridad irá perdiendo peso y no afectará el crecimiento económico del país.

El hecho es que, por diversos factores, la supuesta estrategia anticrimen del gobierno peñanietista no ha dado los resultados esperados, entre otras cosas por la ingobernabilidad que priva en varios estados de la República en los que, por colusión o falta de oficio político, los mandatarios locales y municipales han sucumbido ante el poder de sometimiento del narcocrimen. El propio Enrique Peña Nieto ha dicho, palabras más palabras menos, que hay gobiernos que demuestran debilidad ante el acoso del crimen organizado.

En el caso de Guerrero, advirtió que aunque el gobierno federal respaldaría las labores de seguridad, la administración estatal debe asumir su responsabilidad ante la situación que padece esa entidad. Fue un severo llamado de atención al gobernador Ángel Heladio Aguirre por la falta de gobernabilidad que ha mostrado su mandato ante los acontecimientos que se han vivido en esa conflictiva entidad. El más reciente es el de los 43 estudiantes normalistas que siguen desaparecidos y que se teme que de ellos sean los restos que han sido hallados en diez fosas clandestinas.

A esos hechos debe agregarse el de la matanza a mansalva de los 22 supuestos criminales que fueron ultimados en Tlatlaya, estado de México en pasado 30 de junio, que el gobierno ocultó y fue hasta que la revista Esquire y la agencia AP, tres meses después, sacaron a la luz una entrevista con una testigo de esos hechos, lo que obligó a que oficialmente se reconociera el asunto y la participación de varios soldados y un militar de grado, como autores de esas ejecuciones, asuntos ambos que ha empañado la imagen de México a nivel mundial dejándolo como un país bárbaro en donde la delincuencia organizada es la que manda en muchos estados de la República.

Pero la matanza estudiantil en Iguala ni la ejecución de presuntos delincuentes a manos de soldados en Tlatlaya, son los únicos por los que la comunidad mundial repudia las violaciones a los derechos humanos que se repiten y se repiten sin cesar en México, por lo que ya corren apuestas de que el desmesurado optimismo que hubo después de aprobadas las reformas que Peña Nieto envió al Congreso y que le fueron aprobadas, podrían toparse con la necia realidad que significa una nación insegura en donde se cometen a diario matanzas, decapitaciones, desmembramientos, colgados, restos mutilados y calcinados echados a fosas clandestinas.

Pero además, un país en el que los hechos criminales no son esclarecidos por lo que suelen quedar impunes, sin culpables y sin castigos, como ha ocurrido en infinidad de acontecimientos delictivos del crimen organizado y del fueron común. Hay omisiones del gobierno federal y de las Fuerzas Armadas -como se pretendió con el caso de la matanza de presuntos delincuentes a manos de militares en el municipio mexiquense de Tlatlaya, que durante casi tres meses se pretendió ocultar- o la incapacidad de las autoridades encargadas de investigar hechos criminales -como es el de los estudiantes normalistas desaparecidos de manera forzada-, lo que ha colocado a México en el mundo con la etiqueta de país de barbarie.

Ese panorama de crímenes bestiales que priva en muchas partes de la nación mexicana es la que podría anular el optimismo gubernamental de que pronto lleguen las inversiones esperadas. Incluso países como Estados Unidos han freiterado sus advertencias de viaje a sus connacionales para no viajar a Guerrero, lo mismo que había hecho para el caso de Michoacán, Tamaulipas, Chihuahua, y otros estados de la República. Pero no solo eso, la Casa Blanca ha visto con tal preocupación el avance y dominio de los capos del narco en México, que también están apuntando que se aceleren las investigaciones sobre los últimos hechos de sangre que han manchado la imagen de nuestro país.

Por lo pronto en Puebla, el presidente Peña Nieto ratificó su compromiso por fortalecer el marco legal en favor de los derechos humanos, que son la piedra angular de nuestro orden constitucional y “deben ser también de nuestra realidad cotidiana”. Al inaugurar el XII Encuentro Iberoamericano de la Sociedad Civil: Nuevos Roles y Expresiones de la Sociedad Civil, el mandatario federal dijo que cuando hay disposición en los gobiernos es más fácil avanzar, construir y modelar la sociedad de progreso que todos deseamos. Aseguró que su administración seguirá compartiendo esfuerzos con la ciudadanía para fortalecer el marco legal y el andamiaje institucional en favor de los derechos fundamentales, incluyendo la protección de los niñas, niños y adolescentes, así como el desarrollo integral de las mujeres. Pero los hechos hasta ahora hablan de otra cosa.

 

 

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