Atrás está el crimen organizado

PAULINO CÁRDENAS

Es evidente que tras la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, está una de las organizaciones del crimen organizado. El presidente Enrique Peña Nieto dijo en tono de promesa que el Estado -que no el gobierno- hallará a los culpables de la desaparición que sufrieron los estudiantes que a estas fechas siguen sin aparecer. Indicó que con la información que dio a conocer la PGR, de que los restos hallados en las fosas clandestinas en Iguala, no corresponden a los normalistas, se abren otras líneas de investigación para indagar el paradero de los jóvenes, cuyos familiares y amigos exigen que sean devueltos vivos. El procurador general Jesús Murillo Karam, dijo que ninguno de los 28 restos hallados en las primeras fosas clandestinas, corresponden a los estudiantes.

El jefe del Ejecutivo señaló que se hallará y se aplicará todo el peso de la ley a los culpables de la desaparición masiva de los normalistas y de los hechos de violencia en Guerrero. Dijo que no habrá impunidad. Indicó que los mexicanos quieren un país en paz, incluyente y próspero, donde se aplique la ley y se respeten los derechos humanos. “Esta es la ruta que nos trazamos desde el inicio de esta administración y que estamos siguiendo. Acontecimientos como los de Iguala, Guerrero, lejos de desviarnos nos convocan a redoblar el paso”. Lo malo del asunto es que detrás de esa desaparición forzada, está la mano del crimen organizado.

Porque justamente ese ha sido el talón de Aquiles de su gobierno: la lucha contra el crimen organizado y las capos que encabezan los cárteles de la droga en nuestro país, herencia negra que le dejó su antecesor, el panista Felipe Calderón, quien le declaró la guerra a las bandas del narcotráfico pero que a lo largo de su administración esa lucha acabó siendo un fracaso dejando un saldo de más de 80 mil muertos, miles de desaparecidos y centenares de familias desplazadas de sus lugares de origen que huyeron para no ser víctimas de la gente armada al servicio de los capos de las organizaciones criminales que se multiplicaron en el sexenio anterior.

Será difícil que se cumpla la promesa que ofreció Peña Nieto a los familiares de los estudiantes desaparecidos, ya que la propia Procuraduría General de la República dio a conocer que -además de los 22 policías del municipio de Iguala que fueron detenidos en las primeras horas después de los hechos del 26 y 27 de septiembre pasado, señalados como sospechosos de haber participado en el plagio masivo- el pasado lunes fueron aprehendidos otros 14 policías del municipio de Cocula, Guerrero, que confesaron su implicación en los hechos de Ayotzinapa. Admitieron que tras la desaparición forzada de los 43 estudiantes, éstos fueron entregados a la organización Guerreros Unidos, entre los municipios de Iguala y de Cocula.

Según dio a conocer el procurador Murillo Karam, que aunque por ahora no se tiene el móvil de la desaparición de los normalistas, se espera que con las investigaciones que se llevan a cabo se detenga a los autores intelectuales de esas desapariciones forzadas de los normalistas para conocer la razón que lo motivó. Por su parte el titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, dijo que la prioridad es dar con el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos, para lo cual se ha extendido su búsqueda en los municipios de Iguala, Cocula, Cuitzala, Tixtla y Huitzuco. Indicó que en la búsqueda participan familiares y amigos de los desaparecidos, además de brigadas de agentes del Ministerio Público.

Explicó que hay un despliegue numerosos de personal oficial en el operativo, incluyendo 896 efectivos de la Gendarmería, 300 de los cuales están avocados a la búsqueda y el resto a labores de seguridad pública en las zonas señaladas y a tener monitoreo del C4 en cuyo centro de mando se reciben todas las llamadas de auxilio de la ciudadanía y de las corporaciones policiales de áreas específicas, en este caso las indicadas para la búsqueda de los estudiantes desaparecidos. Toda esa estrategia parece que va por buen camino para dar con los autores y el móvil de la desaparición forzada de los normalistas.

Lo que sucede es que el presidente Peña Nieto, al señalar que se dará con los culpables y que no habrá impunidad, invoca al Estado que no a su gobierno, lo cual tiene una connotación de corresponsabilidad compartida, lo que equivale a que no solo su administración, sino el conjunto de instancias que integran el concepto de Estado, deben hacerse cargo de dar con los estudiantes desaparecidos. Eso no es malo. Lo malo es que si hay el referente de que el crimen organizado -específicamente el cártel Guerrero Unidos- está detrás de esa desaparición forzada, la cosa cambia, ya que el gobierno federal ni los gobiernos estatales han podido dar pie con bola cuando el crimen está en medio.

Un ejemplo típico -como debe haber otros- es el de Michoacán, en donde por más que se diga que las cosas están bajo control y que los índices de criminalidad han bajado, lo cierto es que el que sigue mandando en el estado es Servando Gómez Martínez, alias ‘La Tuta’, pese a que el presidente Peña Nieto mandó hace meses como comisionado plenipotenciario para propiciar la paz en ese estado a su amigo, Alfredo Castillo Cervantes, quien no ha podido dar los resultados esperados. El problema de fondo es que hay corrupción en los estados de la República de muchos funcionarios coludidos con el crimen organizado, lo mismo que sucede con los jueces.

A la esposa del ex edil de Iguala que anda prófugo, María de los Ángeles Pineda Villa -quien dicen que era la verdadera gobernadora municipal-, un juez federal le otorgó una suspensión provisional a fin de evitar cualquier orden de aprehensión, detención, búsqueda, localización e incluso arraigo, no obstante que hay testigos de que la mujer ha estado estrechamente vinculada con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva y últimamente con la organización criminal Guerreros Unidos a la que pertenecieron dos de sus hermanos. Según las reformas de ley, la suspensión provisional se otorga cuando no hay delito grave que perseguir. Usted dirá.

Por ello hay dudas de que se acabe descubriendo la verdad de las desapariciones forzadas de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Esto porque el sistema tradicional de justicia en México está basado en la corrupción, en la presunción y en suposiciones. ¿O de veras ya habrán cambiado las cosas en nuestro país? Ojalá sea así. Por el bien de México y del gobierno peñanietista.

 

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