Caso Ayotzinapa iría a La Haya

PAULINO CÁRDENAS

En lugar de propiciar el reparto de culpas en el caso Ayotzinapa y en querer minimizar el asunto de la ejecución de supuestos criminales por parte de soldados y su mando en Tlatlaya, el presidente Enrique Peña Nieto habrá de echar mano de todos los recursos a su alcance para apurar esas investigaciones, antes de que la indignación nacional e internacional crezca más de lo que ha crecido hasta ahora, las cuales le están echando a perder la imagen de reformador que se había forjado y con la que intentaba salvar al país. Por lo pronto, el grupo de Izquierda Unitaria Europea/Verdes Nórdicos del Parlamento Europeo, pidió que sea la Corte Penal Internacional de La Haya la que analice los hechos de violencia ocurridos en Ayotzinapa y abra una investigación si se acredita que se trató de crímenes de lesa humanidad, como todo parece indicar, y que analice otros hechos de violencia que han ocurrido en México.

Ese asunto de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, junto con el de la matanza de supuestos criminales a manos de militares en Tlatlaya, estado de México, le han complicado el panorama al jefe del Ejecutivo mexicano, a quien varios de los diarios más influyentes le vaticinan un futuro incierto respecto de sus reformas, a causa de la inseguridad que su gobierno no ha podido controlar. La revista inglesa The Economist, por ejemplo, señaló que éstas “son atrocidades” lo suficientemente serias para cambiar el rumbo del gobierno de dos años del presidente Enrique Peña Nieto. Añadió que el mandatario mexicano “ha priorizado las reformas económicas y subestimado la ley y el orden como manera de modernizar México, sin reconocer que ambas son igual de importantes”.

En Estados Unidos, el diario USA Today publicó que la desaparición de los 43 normalistas es un “recordatorio alarmante” de que la violencia delictiva persiste en México, pese a que Peña Nieto insiste en lo contrario al señalar que la situación de seguridad está mejorando. Por su parte The New York Times difundió un artículo en primera plana en el que destacó los dichos de Peña Nieto, quien dijo que la búsqueda de los 43 estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa es la prioridad número 1 de su administración.

Apuntó: “Pero si de algo ha servido la búsqueda es para confirmar que la crisis del crimen organizado en México, donde se sabe fueron matadas decenas de miles en la guerra a las drogas de años recientes, podría ser peor de lo que han admitido las autoridades”, apuntó el diario en su nota titulada: “México halla muchos cadáveres, pero no a los estudiantes perdidos”. El gobierno federal, añadió el influyente diario, ha celebrado estadísticas recientes sugiriendo un declive en los homicidios, “pero la proliferación de fosas en Guerrero -incluidos 28 cuerpos humanos calcinados que resultaron no ser los normalistas- arroja nuevas dudas sobre el conteo del gobierno, potencialmente apuntando hacia un número más grande de muertos que no han sido contados”.

En tanto, The Washington Post resaltó que a nadie debió sorprender que ninguno de los 28 cadáveres encontrados en las fosas fuera de los 43 normalistas, toda vez que la sierra arriba de Iguala es un conocido basurero humano. “Mientras que la noticia de que no eran los normalistas alentó a sus familiares, para el resto de México fue una parada más en la rueda de la fortuna del horror, reforzando la creencia de que hay fosas clandestinas en todo el país donde se han esfumado un número incalculable de mexicanos”. Las fosas no son las primeras y tampoco las más grandes que se descubren en años recientes. “No obstante, han destrozado la campaña de relaciones públicas de EPN para desviar la atención internacional de los fracasos en materia de seguridad”.

Por su parte el Ejército Popular Revolucionario (EPR), también pidió llevar a juicio al Estado mexicano ante los tribunales internacionales de justicia por crímenes de lesa humanidad en el caso de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa. Ese grupo guerrillero insistió en que los autores materiales de la desaparición de los normalistas fueron las fuerzas policiaco-militares, “el aparato represivo en su conjunto dirigido por el mando único”. Señaló que la masacre contra los estudiantes normalistas es un crimen de Estado; un doble crimen de lesa humanidad por las ejecuciones extrajudiciales y la detención-desaparición forzada por motivos políticos”; en suma, “un acto múltiple de terrorismo de Estado”.

En tanto, el sacerdote Alejandro Solalinde, responsable del albergue de migrantes Hermanos en el Camino, ha seguido insistiendo, respecto de los 43 normalistas desaparecidos, que “todos están muertos” e incluso que varios de ellos “fueron quemados vivos” antes de ser enterrados en fosas clandestinas. Acusó al presidente Peña Nieto de ser “el principal responsable” de la masacre de normalistas de Ayotzinapa y exigió al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, su renuncia “por dignidad y vergüenza”. Advirtió que “si el gobierno no actúa como debe y sigue como hasta ahora, va a seguir exasperando a la gente, no va a poder controlar los estallidos y la indignación social será llevada a otros extremos”.

En cuanto a la solicitud a la Corte Penal Internacional de La Haya para que analice los hechos de violencia ocurridos en México y que abra una investigación al respecto si acredita que se trata de crímenes de lesa humanidad en relación al caso Ayotzinapa, la propuesta sería estudiada a partir de ayer. En caso de considerar que recaen dentro de su jurisdicción, se solicitaría a la oficina del fiscal abrir una investigación sobre esos crímenes, así como una resolución sobre violaciones a los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho en México, que sería votada hoy en el Parlamento Europeo por el pleno de diputados.

Por todo ello urge que Peña Nieto ordene lo que tenga que ordenar, para paliar las críticas nacionales e internacionales en su contra, antes de que los temas de Ayotzinapa y de Tlatlaya le echen a perder sus planes y proyectos sexenales. Su imagen de reformador ha empezado a quedar empañada con los temas de inseguridad y los hechos de sangre que su gobierno no ha podido controlar.

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