Presionado, Peña urge a un Pacto

PAULINO CÁRDENAS 

Presionado por la opinión pública nacional e internacional por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas que no se sabe si siguen con vida, el presidente Enrique Peña Nieto ha convocado con carácter de urgente a la firma de un pacto por la seguridad y el respeto irrestricto al estado de derecho, en el que participarían los 31 gobernadores, el jefe de gobierno del DF, dirigentes de partidos y líderes de la sociedad civil, para firmar un Acuerdo Nacional por la Seguridad y el Estado de Derecho, muy probablemente este fin de semana. Dicho pacto incluiría el compromiso de los gobiernos estatales contra el crimen, reformas legislativas y participación de la sociedad civil contra la corrupción, para evitar que hechos como el caso Ayotzinapa se vuelvan a repetir, señaló el mandatario federal.

Añadió que el compromiso es el emprender “cambios de fondo, fortalecer nuestras instituciones y sobre todo asegurar la vigencia plena del Estado de derecho”, aseveró. Señaló que el gobierno de la República prepara la firma del mencionado Acuerdo Nacional, muy posiblemente mañana mismo. Muchos se preguntan si ese acuerdo lo suscribirán gobernadores que están señalados por dejar hacer y dejar pasar hechos delictivos en sus entidades, casos que no atienden si son protagonizados por el crimen organizado, porque se sacan el bulto diciendo que son asuntos que compete resolver a la Federación.

Otros presumen de lo que adolecen, como son los casos de Veracruz, Puebla, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Chihuahua, estado de México y Morelos, entre otros, en donde el aumento de la criminalidad ha sido evidente, pese a que en los discursos los mandatarios de esos estados tratan de minimizar el incremento de la inseguridad en sus entidades, maquillando cifras. En varios casos hay una abierta colusión con las mafias. ¿A ellos se les convocará para que firmen el Pacto de Seguridad? Otro caso es el de los dirigentes de los partidos de oposición como el PRD, el PT y Movimiento Ciudadano, coalición que apoyó la candidatura de José Luis Abarca Velázquez para llegar de alcalde a Iguala.

Ellos nunca quisieron ver los antecedentes que tenía el edil preso. Aún a sabiendas, estuvieron de su lado y prohijaron su llegada a la alcaldía de Iguala. Incluso a Jesús Zambrano lo corrieron de CU porque se supo de una reunión que tuvo en la ciudad de México con el edil ahora preso, donde habrían planeado dónde esconderse. ¿Alguno de los perredistas, incluido el actual dirigente perredista Carlos Navarrete, amigo también de Abarca, serán convocados a suscribir el Acuerdo Nacional por la Seguridad? Otro que sería convocado es el actual gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega, quien ha venido siendo señalado como ex guerrillero y ex secuestrador, vinculado a varios de los grupos rebeldes que existen en esa entidad.

Ortega se la ha pasado elogiando a su antecesor Ángel Aguirre Rivero de una manera que ha asombrado a muchos por el tono y melosidad con que lo ha hecho. Familiares y compañeros de los estudiantes desaparecidos quisieran ver en la cárcel al ex gobernador. Se dice que el mandatario era amante de la esposa de Abarca, quien era señalada por los igualtecos o igualnenses como ‘la alcaldesa’ porque era la que llevaba las riendas del municipio. Ella era la presidenta del DIF y se dice que para evitar que los estudiantes hoy desaparecidos, boicotearan el informe de labores que realizaría, fue que ordenó que le dieran con todo a los normalistas. Lo primero que sucedió fue el ataque al autobús en que regresaba el equipo de futbol Los Avispones, de la tercera división profesional, sobre la carretera federal Iguala-Chilpancingo.

El primer pacto que firmó Peña Nieto fue por México, al inicio de su administración. Fue un logro político muy reconocido. Participaron las principales fuerzas políticas, pero el gusto no duró más que lo necesario que para que salieran adelante las reformas estructurales que el jefe del Ejecutivo envió al Legislativo. Prácticamente durante un año y medio no hubo otro tema en la agenda presidencial que el de las reformas, sobre todo la madre de todas ellas, como fue la reforma energética o petrolera por mejor decirlo. Sin embargo, quizá a los dirigentes de la oposición que suscribieron ese primer pacto no se les cumplió lo prometido o se les negó lo que ambicionaban adicionalmente, a cambio de los favores otorgados a la gestión peñanietista. El caso fue que el Pacto por México por angas o mangas, sucumbió.

Ahora, cuando el tema de la inseguridad debió ser atendido desde el comienzo de su sexenio y se fue dejando y dejando crecer, fue que Peña Nieto y sus asesores reaccionaron, cuando las cosas llegaron a colmar el plato Fue cuando comenzó a reaccionar el mando federal, enviando refuerzos militares y federales a entidades en donde la violencia se fue haciendo cada vez más evidente. Por órdenes del jefe supremo de las Fuerzas Armadas el Ejército y la Marina reforzaron sus operativos en varias partes del país, asolado por la ola de violencia atribuida al narcotráfico que fue creciendo; también hubo paquetes de ayudas económicas a los gobiernos.

 El número de batallones creció, lo mismo que el de efectivos armados que fueron desplegados por varios estados de la República. Pero también crecieron las violaciones a los derechos humanos por parte de militares.

Ni siquiera el envío del comisionado plenipotenciario a Michoacán ha tenido los resultados positivos que le contaron a Peña Nieto que podría tener. ‘La Tuta’ sigue operando como si nada en esa entidad e incluso ya anunció que crearía otro cártel dedicado solo a la explotación minera en ese estado y al envío de mineral de hierro a China, por encima de las barbas de Alfredo Castillo. En Guerrero, estado tradicionalmente conflictivo, siempre a punto de arder, ardió por fin con el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de manera forzada y que nadie sabe donde están y si aún viven. Esa fue la gota que derramó el vaso.

El mundo se le vino encima a Peña Nieto y por eso la urgencia de suscribir un pacto por la seguridad del país que el mandatario llamó Acuerdo Nacional por la Seguridad y el Estado de Derecho que sería suscrito esta mima semana. Ojalá pudieran excluirse de esa firma a los que tienen ligas con el crimen organizado. ¿Cómo saberlo? Los costosos aparatos de inteligencia deben tener esa información, si de veras han trabajado en lo suyo. En unas horas se verá si a ese acuerdo asisten quienes se sospecha que tienen ligas con el narco. Sería buen momento para detenerlos e investigarlos. Eso mejoraría enormemente la imagen presidencial.

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