Clamor: algunos deben renunciar

PAULINO CÁRDENAS

Errores de decisión, pifias y contradicciones que se han dado desde el principio en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos, con ingredientes como el del pasado día 7 cuando se dio virtualmente por muertos y quemados a los normalistas, y ahora con el anuncio de los especialistas forenses argentinos señalando que hasta el momento ninguno de los restos humanos recuperados que han analizado corresponden a los jóvenes que siguen desaparecidos, han provocado mayor confusión de la que había en torno al caso, por lo que entre los mexicanos crece el clamor de que algunos funcionarios metidos en las investigaciones, deben renunciar. A la hora del balance que haga el presidente Peña Nieto a su regreso de China y Australia, habrá de tener más que elementos de sobra para tomar decisiones sobre si solicita renuncias o deja que las cosas sigan empeorando.

La percepción es que Peña Nieto debe hacer cambios de fondo en su gabinete ampliado, el de seguridad e incluso de su staff para que las cosas mejoren. Hasta en el extranjero hay ese clamor. La revista británica The Economist propuso en sus páginas que Manlio Fabio Beltrones, Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, llegue a la secretaría de Gobernación en lugar de Miguel Ángel Osorio Chong. Pero en todo caso no sería el único relevo si es que se dieran, ya que han trascendido rencillas internas entre los hombres del Presidente y algunas grillas en contra del procurador general de la República, Murillo Karam, por parte, se dice, del asesor Jurídico del mandatario, Humberto Castillejos, gente de todas las confianzas del jefe del Ejecutivo y allegado al comisionado en Michoacán, Alfredo Castillo. De ello está enterado Peña Nieto.

Ya hasta le ponen nombre al sucesor del procurador general: Alfonso Navarrete Prida, secretario de Trabajo, quien fue subprocurador general de la República en los últimos tres años del sexenio del ex presidente Ernesto Zedillo y más tarde procurador general de Justicia del estado de México durante el sexenio de Arturo Montiel, cargo que ocupó hasta el primer año del entonces gobernador Peña Nieto. Ese nuevo escenario de presiones para que haga cambios es el que encontrará el jefe del Ejecutivo a su regreso, quien quizá suponía que al retornar de su gira, ya habría resultados concretos y positivos del caso de los jóvenes desaparecidos. Pero lejos de haber claridad, sigue la confusión.

Se supone que desde el principio hubo engaños al propio Peña Nieto, desde que lo habrían convencido que la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la escuela “Raúl Isidro Burgos” no era un asunto federal sino de competencia local, es decir, un asunto que correspondía atender al entonces gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero. A Peña Nieto le vendieron esa idea y él la compró. Ahí comenzaron los problemas, primero de actuación tardía de la Federación en ese caso, y luego fueron  acumulándose males, errores y pifias.

El gobierno federal intervino muchos días después de que se llevaron a cabo esos condenables y lamentables hechos delictivos. Fue hasta que pudo escapar el ex alcalde y su esposa y después de la licencia que pidió el hasta entonces gobernador, que la Federación se puso las pilas y empezó a actuar de lleno y definitivamente en el caso. Fue hasta cuando el titular de la PGR recibió la orden de actuar en el caso Ayotzinapa. Los reclamos empezaron a rebasar las indagatorias, y comenzó a hablarse de que fue un crimen de Estado. Equivocada sustentación, porque en un crimen de Estado habrían de participar los tres poderes de la Unión, y de hecho todos los sectores que integran el concepto de Estado. Pero la frase llegó para quedarse la cual ha sido manejada por el cártel antiPeña en las manifestaciones y marchas públicas.

Con los días se fue corroborando que detrás de la desaparición forzada, además de las policías corruptas de Iguala y de Cocula que habrían obedecido las órdenes del ahora ex alcalde Abarca, estaba el crimen organizado, específicamente el cártel Guerreros Unidos cuyo líder ordenó desaparecer a los normalistas, porque su segundo de a bordo apodado ‘El Gil’, le hizo creer que los estudiantes eran sicarios del cártel Los Rojos, enemigos territoriales del grupo que comandaba Sidronio Casarubias, quien está detenido en el penal de Almoyola, cártel este, Guerreros Unidos, que cuenta entre sus integrantes a alcaldes y funcionarios guerrerenses. Así pues, el hecho es que a Peña Nieto lo engañaron, se fue con la finta y cayó en el garlito de no atender de inmediato el caso de los desaparecidos.

Y bien dicen que son las primeras horas las que cuentan y son definitivas para saber los móviles de los hechos de violencia y de los hechos delictivos, que fue el caso de los 43 estudiantes normalistas, por lo que la tardanza en la actuación del gobierno federal, fue determinante para que se diluyeran muchos elementos que pudieron haber servido al principio para el esclarecimiento de esos hechos que han indignado a la nación. Un factor que habría sido determinante fue que desde el primer momento de los hechos, el titular de la Secretaría de Gobernación supo de lo que sucedía en Iguala la noche del 26 de septiembre.

El gobernador le informó al subsecretario Luis Enrique Miranda, pidiéndole el respaldo, se dice, de la Policía Federal y del 27 Batallón de Infantería para ‘controlar’ a las policías de Iguala y de Cocula, peticiones que de entrada le negaron. La razón fue que el asunto era territorialmente de la competencia del gobierno de Guerrero y debería resolverlo solo. Error de cálculo. La Federación tenía conocimiento de tiempo atrás que el alcalde tenía presuntos vínculos con el crimen organizado y que habría ordenado matar a varios enemigos políticos perredistas. Se asegura que a uno de ellos lo asesinó el propio Abarca. No obstante la negativa de apoyo, la Fiscalía de Guerrero tuvo que hacerse bolas sola para atender el asunto.

Como se ve, pues, desde el principio han sucedido errores de decisión, pifias y contradicciones. Sin duda también engaños, no solo a los familiares de los desaparecidos sino a todos los mexicanos, y lo peor, al propio presidente de la República. Porque el hecho es que a 49 días de aquellos hechos, no se sabe si los normalistas viven o no. ¿Rodarán cabezas a su regreso de China y Australia? Ya se verá. Por lo pronto, solo hay que ver el semblante que traen quienes han estado al frente de los acontecimientos, incluido el propio Enrique Peña Nieto. Traen el rostro descompuesto.

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