Lo de Ayotzinapa puede repetirse

PAULINO CÁRDENAS

Casos como el de Ayotzinapa pueden repetirse. La razón es que, mientras haya miembros de las Fuerzas Armadas y del orden civil, y narcofuncionarios, coludidos con el crimen, como los que participaron en la desaparición de los 43 jóvenes normalistas que estudiaban en Iguala, Guerrero, potencialmente existe el peligro de que ese tipo de eventos vuelva a repetirse. De hecho, desde mucho antes del caso de los normalistas de la escuela rural ‘Raúl Isidro Burgos’, han habido muchas desapariciones forzadas, muchas de ellas de gente inocente que acaba siendo víctima de las bandas criminales que merodean en muchos lugares del país y que acaban siendo secuestradas, martirizadas, decapitadas, ejecutadas y echadas a fosas clandestinas de las que está lleno México.

Desde el 2006 para acá, esos eventos no solo se han repetido casi cotidianamente, sino que han aumentado en el país. El número de muertos y desaparecidos que hubo en el sexenio del panista Felipe Calderón con su ‘guerra’ contra el narco -más de 80 mil muertos y un número similar de desaparecidos mas los cientos familias desplazadas que huyeron de sus hogares por temor a ser víctimas también de esa guerra loca que motivó que algunos cárteles se escindieran y nacieran nuevos, más pequeños, pero igual de sanguinarios, como los Caballeros Templarios, Guerreros Unidos o Los Rojos-, fue la herencia que recibió el gobierno del priísta Enrique Peña Nieto.

Los factores para que un evento similar al de los normalistas rurales vuelva a repetirse, están ahí, intocados. Empezando por la colusión de funcionarios municipales del partido que sea, con el narco, incluyendo a sus titulares, los ediles -y gobernadores, funcionarios públicos federales, legisladores, jueces, etc.- asunto que es bien sabido por los mexicanos y las autoridades estatales y federales, pero quienes deberían de actuar contra ellos, no actúan. Hay una razón primordial por la que no se actúa en contra de los narcofuncionarios: la impunidad. Por ello existe colusión con los capos de los cárteles que operan en un gran número de estados de la República, de miembros del Ejército, de la Policía Federal y de las fuerzas del orden de los estados y sobre todo de los municipios.

Otro factor es el tema de las desapariciones forzadas. La historia de las desapariciones forzadas es vieja en México y han sido un tabú. Las autoridades no aceptan el término, ni siquiera en las que están implicados policías locales, estatales o federales, o miembros del Ejército o la Marina. Las autoridades señalan que no puede llamársele desapariciones forzadas a viles secuestros exprés realizados por la delincuencia común, muchas veces llevadas a cabo por jóvenes, incluso menores de edad, para sacarle a las familias de las víctimas ‘unos cuantos pesos’. Tampoco acepta, como en el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, que haya sido una desaparición forzada. De hecho, en México, la figura de desaparición forzada no existe.

Ni las desapariciones que ordenan los cárteles a policías o militares corruptos, coludidos con las mafias del crimen, cuando realizan los llamados ‘levantones’, son consideradas por las autoridades como desapariciones forzadas. Mientras se debate si son o no son, esos hechos se siguen dando cotidianamente en muchas partes del país. Uno de ellas, quizá el más sonado de muchos años, es la de los 43 normalistas desaparecidos el pasado 26 de septiembre en Guerrero que, como muchas otras desapariciones, tiende a quedar en la impunidad. Desde los años 60 hasta la fecha, han desaparecido miles de personas de manera forzada en nuestro país, en la que han intervenido miembros del Ejército y miembros de las fuerzas del orden civil.

Solo hay que recordar la masacre de Tlatelolco de 1968 en donde además de estudiantes muertos, hubo decenas de desaparecidos. Pese a comisiones de la verdad -que más bien deberían llamarse omisiones de la verdad-, y fingidas declaraciones oficiales de ‘nunca más’, todo ha quedado en la impunidad. Respecto de ese tema, el presidente del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas o Involucradas de la ONU, Ariel Dulitzky, dijo que en México no hay una política de Estado para tener una base de datos sobre desapariciones.

De visita en nuestro país, en entrevista con CNN la semana pasada, señaló que el caso de Iguala-Ayotzinapa es único e inédito en cuanto al número de efectivos, que buscan a los estudiantes desaparecidos, si se cuenta a los 10 mil efectivos de las fuerzas federales destacados para ello. “En general, el gobierno no ha respondido a las necesidades que se tienen frente a un alto número de desapariciones forzadas”, apuntó. “Tiene que haber protocolos de búsqueda urgentes, no se puede esperar 72 horas; debe haber peritos que tengan capacidad de hacer análisis técnicos, capacidad de la procuraduría, capacidad de hacer análisis sistémicos, sobre en qué lugares se presentan las desapariciones”, enfatizó.

Recordó que a los pocos días de los hechos de Iguala “sacamos un comunicado de prensa diciendo que la manera en que se resolviera este caso era una prueba para el Estado Mexicano”.  Destacó: “Lo que vemos es que es una prueba sumamente difícil y que hasta a hora no la ha superado, creemos que hay muchas dudas, muchos problemas que deberían de ser un punto de inflexión, un parteaguas en la historia de México y en cómo se trata el tema de las desapariciones forzadas”, expuso Ariel Dulitzky. Otros factores que propician eventos lamentables como los de Ayotzinapa con los normalistas rurales desaparecidos, es que en México hay omisiones, corrupción, incompetencia, y sobre todo impunidad. La ley no se aplica. Ahí está el caso de los vándalos que embozados realizan destrozo y medio en donde quiera y a la hora que quieran, sin que las autoridades intervengan.

Lo que hay de parte de quienes toman decisiones en el país es indolencia ante esos hechos, y tolerancia al crimen. O quizá miedo a no parecerse al régimen de Gustavo Díaz Ordaz. ¿De qué quejarse entonces si no se aplica la ley? Por ello el ‘nunca más’ resulta una ilusión para muchos mexicanos que marchan a favor de la paz y de que haya justicia, y es una frase a la que recurren las autoridades que se traduce en un engaño mayúsculo. Por todo ello es que lo de Ayotzinapa puede repetirse. Y por ello el vandalismo en todo el país arreciará.

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