Creen hallarlos en campos militares

PAULINO CÁRDENAS 

Según Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se comprometió a valorar la pertinencia de que padres de familia de normalistas de la escuela rural ‘Raúl Isidro Burgos’ desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, acudan a instalaciones militares para indagar sobre el paradero de sus hijos. Se sabe que en algunos campos militares de México existen hornos de cremación de cadáveres. Es difícil que pudiera autorizarse esa inspección, porque las Fuerzas Armadas lo verían como una afrenta. Ni siquiera después de la masacre estudiantil de 1968 en donde quedó clara la participación del Ejército, se permitió que entraran a ver si ahí estaban los muertos en el Campo Militar Número Uno.

Además, el jefe máximo de las fuerzas castrenses Enrique Peña Nieto sabe que habría una negativa tácita del general secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda, y del almirante secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, para efectuar esa búsqueda, ya que tendría que ser con la ayuda de alguna ONG y personal especializado y tendrían a los medios internacionales encima. De por sí al General y al Almirante les molestó mucho que el gobierno cancelara de última hora el desfile del pasado 20 de noviembre, lo que denota que el criterio militar no está en la misma frecuencia que el criterio político de la actual administración. De hecho se sabe que hay malestar entre los militares por la forma en que se han manejado los asuntos de Ayotzinapa y de Tlatlaya.

Como sea, con el solo asunto de que en algunos campos militares de México existen hornos de cremación de cadáveres, sería suficiente para saber si de veras solo sirven apara dar ese servicio como los escribió hace unos días la reportera Sanjuana Martínez, en un reportaje especial para La Jornada. Informó que el pasado 7 de enero, la Secretaría de la Defensa Nacional envió una carta a El Correo Ilustrado del mencionado diario, por conducto de su director general de Comunicación Social, el general brigadier Martín Terrones Calvario, para precisar que “ninguna instalación militar del país cuenta con crematorios”, como lo señalaron los investigadores Jorge Antonio Montemayor Aldrete y Pablo Ugalde Vélez, sobre su hipótesis de que los 43 normalistas de Ayotzinapa pudieron haber sido incinerados en instalaciones militares.

Sin embargo, la propia información proporcionada por la Sedena en sus páginas de Internet señala lo contrario, ya que ofrece servicios de “incineración” a sus empleados, señala la reportera. Además, existe un convenio entre el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) e Issfam, para ofrecer sus servicios funerarios a los miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas en activo o retiro, pensionistas y derechohabientes en el territorio nacional. La información relativa a los servicios funerarios se halla en dos direcciones electrónicas que da a conocer la periodista.

El doctor Jorge Antonio Montemayor Aldrete, del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), había planteado la hipótesis de que los jóvenes desaparecidos no pudieron haber sido incinerados como lo señalan las autoridades. La ciencia no nos deja mentir, dijo al señalar que su hipótesis -y la de un grupo de especialistas de la UAM- “va por buen camino”. Dijo que los normalistas tuvieron “que haber sido incinerados en un crematorio. ¿Y quién tiene posibilidad de tenerlos para usarlos de manera discreta? Sólo el Estado”.

Dijo que “si las autoridades hubieran dicho que los jóvenes fueron enterrados en el desierto y se encontraron sus huesos, sería otro el camino. Pero en cuanto dijeron que fueron incinerados en el basurero de Cocula, de acuerdo con las leyes de la física, química y ciencia en general, es imposible que fueran cremados allí, ni con madera ni con llantas. Ya lo demostramos. Por tanto, tienen que haber sido incinerados en un crematorio”.

De por sí el General y el Almirante están enojados desde que el gobierno canceló el desfile de 20 de noviembre. Una ruptura sí puede poner en peligro la estabilidad del país. Por ello nadie cree que dejen entrar a buscar en los cuarteles a los padres de los normalistas desaparecidos. Eso sería un agravio histórico para las Fuerzas Armadas. Ni siquiera sucedió después de la masacre estudiantil del 68. Se da por hecho, pues, que los altos mandos castrenses no lo van a permitir. Y el balón del caso Ayotzinapa seguirá en la cancha de Peña Nieto.

Por lo pronto, el pasado lunes un grupo de personas allegadas a los familiares de los normalistas desaparecidos acompañaron a algunos de ellos a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería de Iguala, pretendiendo entrar por la fuerza a ese campo militar con la intención de corroborar si dentro pudieran estar los jóvenes estudiantes que no aparecen desde el pasado 26 de septiembre. De acuerdo con los padres de los normalistas, la Policía Militar ya esperaba su arribo y los agredió “con gas lacrimógeno y piedras” señalaron en un documento, en el cual se detalla que alrededor de la una de la tarde “los padres de familia llegamos a las instalaciones del cuartel en la ciudad de Iguala, donde éramos esperados por decenas de militares con equipos antimotines”.

Luego de realizar un mitin y cuando los padres y estudiantes demandaban la apertura del cuartel para buscar a los jóvenes desaparecidos, señalaron que fueron agredidos “por los elementos castrenses que con gas lacrimógeno y piedras empezaron a golpearnos”. Señalaron que “para evitar ser más agredidos los estudiantes, optamos por retirarnos abordando los camiones para trasladarnos a la Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’.

Después de ese episodio fueron llamados a dialogar en Gobernación. Ahí se anunció que se analizaría la pertinencia de que padres de familia de normalistas de la escuela rural ‘Raúl Isidro Burgos’ desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, acudan a instalaciones militares para indagar sobre el paradero de sus hijos. Por otra parte, dijeron que ayer miércoles comenzaría la búsqueda ciudadana de los estudiantes desaparecidos, en apoyo a los padres de los normalistas que siguen insistiendo en que sus hijos están vivos y ocultos en algún lugar del país. Incluso creen hallarlos en alguno de los campos militares.

 

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