Padres buscan ayuda internacional

PAULINO CÁRDENAS

Los padres de los normalistas no avalan el informe que dio a conocer este martes el procurador Jesús Murillo Karam e impedirán que el gobierno cierre el caso. Anunciaron que lo llevarán ante diversos organismos internacionales, con la finalidad de que se siga investigando lo ocurrido hasta llegar a la verdad, entre ellos el Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esto porque están convencidos que en México la investigación de los estudiantes desaparecidos se “perfila hacia la impunidad”.

Los abogados Vidulfo Rosales del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan y Santiago Aguirre, del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, anunciaron en conferencia de prensa que el próximo martes 3 de febrero presentarán el caso de los jóvenes desaparecidos al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, y que mantendrán el litigio que iniciaron en la CIDH cuyo secretario ejecutivo es el mexicano Emilio Álvarez Icaza ex ombudsman de la capital del país.

Rosales dijo que la investigación no puede cerrarse debido a que hay al menos diez puntos que aún no han sido esclarecidos, entre ellos porque no hay certeza científica para asegurar que los normalistas fueron asesinados. Manifestó que el testimonio de Felipe Rodríguez Salgado, alias ‘El Cepillo’ o ‘El Terco’, no es concluyente para asegurar que los 43 jóvenes están muertos, ya que el presunto delincuente admitió no haber visto de principio a fin los hechos de violencia contra los jóvenes.

El representante legal de los familiares de los estudiantes subrayó que hay una “prisa e intencionalidad política” del gobierno federal para cerrar el caso, a pesar de que la indagatoria “no es concluyente”. La prisa parece ser el hecho de que se avecinan las elecciones intermedias y el gobierno federal no quiere que en Guerrero se impida llevar a cabo ese proceso. Al respecto el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que ‘no está a discusión’ que vayan a realizarse los comicios en esa entidad el próximo 7 de junio. Da por hecho que así será.

Dijo el abogado que hay muchos otros detalles por los que no aceptan los padres de los estudiantes desaparecidos que el gobierno federal le de carpetazo al caso Ayotzinapa, entre ellos, indicó, porque hay denuncias de tortura de algunos detenidos que no se han investigado; no se ha resuelto el asesinato del joven Julio César Mondragón Fontes, y porque siguen prófugas varias personas que podrían ayudar a entender lo que ocurrió a los estudiantes de Ayotzinapa.

Señaló que tampoco hay ningún proceso penal por el delito de desaparición forzada; existen dos versiones contradictorias entre sí sobre el desarrollo del delito que no han sido resueltas, y no hay certeza legal sobre el lugar donde fue asesinado Alexander Mora Venancio, el único de los 43 jóvenes cuyos restos ya fueron identificados por exámenes de ADN. Además, expresó, faltan detenciones claves, como la de Felipe Flores, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública en Iguala.

Señaló que está pendiente una investigación por ordenar la desaparición forzada, en contra del ex edil de Iguala, José Luis Abarca.  “Si no hay esta acusación, para nosotros el caso permanece abierto” declaró el litigante quien expuso que no se ha agotado la línea de investigación que desde 2003 involucra al Ejército en complicidad con el cártel ‘Guerreros Unidos’ ni se ha esclarecido qué otros funcionarios estaban coludidos con los delincuentes, no sólo a escala municipal, sino también federal y estatal, incluyendo al ex gobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero.

Por lo anterior, el representante legal de los padres de los normalistas subrayó que no avalan el informe que dio a conocer este martes el procurador Jesús Murillo Karam e impedirán que el gobierno cierre el caso. Por su parte Felipe de la Cruz, vocero de los padres y madres de los estudiantes, manifestó su repudio por la manera en que el procurador busca cerrar “de manera descarada” las investigaciones. Fustigó el hecho de que las autoridades violen los acuerdos firmados por el presidente Peña Nieto, con lo que el gobierno estaba obligado a dar a conocer primero a los padres antes que a ninguna otra instancia, cualquier avance en las investigaciones,.

Indicó que junto con los padres “no vamos a permitir que concluyan o cierren las investigaciones. Seguiremos insistiendo y vamos a mantener esta lucha hasta las últimas consecuencias, hasta que se nos demuestre de manera científica que los mataron, porque vivos se los llevaron y vivos nos los van a entregar”. Padres de los normalistas y compañeros de éstos, coincidieron en señalar en que las autoridades “han pisoteado nuestra dignidad” y reiteraron su confianza en que los jóvenes desaparecidos entre la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre del año pasado, están con vida.

De cualquier modo, la PGR da por buena la versión de que el móvil fue la confusión. Y para Murillo Karam ‘la verdad histórica’ es que fueron asesinados, calcinados y sus cenizas tiradas al río. Pero el hecho es que las elecciones intermedias están en puerta y ese caso había que cerrarlo a como diera lugar. Lo demás será ‘bateado’ por las autoridades, apostando al olvido y a que los indignados por esos hechos se cansen y vayan abandonando su postura.

Por su parte los padres afectados y quienes los apoyan -incluidos muchos que se ‘colgaron’ de la desgracia que sufren los padres de los normalistas- han jurado que el gobierno pagará ‘con lágrimas’ la desaparición forzada de sus hijos, y siguen creyendo que el secuestro y desaparición fue un acto de Estado. “Mientras no haya evidencias científicas de que están muertos”, seguirán su lucha, han dicho, la cual podría radicalizarse y extenderse por todo el país. Solo hay que recordar que hay grupos guerrilleros que simpatizan con los padres de los normalistas desaparecidos, entre otros el EPR y el ERPI, de Guerrero, y el EZLN de Chiapas.

 

 

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