Pesan a Peña desapariciones forzadas

PAULINO CÁRDENAS

Las desapariciones forzadas que no cesan en México le están pesando mucho al gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto. Al menos en Iguala, siguen. El capítulo de la ONU sobre ese tema se ha convertido en un dolor de cabeza para su administración, en especial para el gabinete de seguridad que encabeza Miguel Ángel Osorio Chong. La semana pasada ese organismo se pronunció al respecto con diversas recomendaciones que ponen en evidencia que la actual administración, igual que la del panista Felipe Calderón, están en falta en el seguimiento de esos casos en donde lo que priva es la impunidad.

En su informe que dio el pasado viernes el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, muestra una profunda preocupación “por la impunidad respecto a los numerosos casos denunciados por desaparición forzada y que se expresa en la casi inexistencia de condenas por este delito”. Denuncia además que lejos de considerarlo un fenómeno aislado y ya superado, este flagelo aún se extiende “por gran parte del territorio” y que representa para las autoridades un “serio desafío en materia de prevención, investigación y sanción”.

Señaló que el Estado mexicano no ha sido capaz de cerrar uno de los capítulos más oscuros de su historia reciente, como es la desaparición de miles de personas durante la guerra que le declaró al narco el sexenio pasado Felipe Calderón, y en el actual que está a cargo de Peña Nieto, sus autoridades ni siquiera han podido con el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos el 26 de septiembre pasado en Ayotzinapa, Guerrero. Lo que señala ese comité le viene muy mal a la administración federal del priísta, contra quien recae de frente esa responsabilidad.

Desconcertados por la dureza del informe de esa instancia de la ONU, México dio una respuesta que denota donde anda el gobierno federal en esa materia, ello pese a que el análisis del comité es resultados de una minuciosa revisión en la que se dio derecho de audiencia al Estado mexicano y a representantes de la sociedad civil en la reciente reunión que sostuvieron integrantes del Comité Contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas y representantes del gobierno mexicano.

Después de defenderse como pudieron los miembros de la delegación de México, quedó claro para el Comité que ni la ley federal ni las legislaciones de los Estados mexicanos que recogen este delito cumplen con los estándares marcados por la convención internacional de la que México es firmante. De hecho, en México muchos estados de la República no establecen como delito la desaparición forzada.

Al respecto, los miembros del Comité señalaron que “la Convención establece que por desaparición forzada se entiende el arresto, detención, secuestro o cualquier forma de privación de libertad que sea obra de agentes del Estado y de particulares que actúen con la autorización, apoyo o aquiescencia del Estado”. Señalaron que “este es un punto en que fallan las leyes mexicanas. Muchas se limitan a tipificar las acciones sólo (si participan) servidores públicos”. Con todo y ello, el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, no fue aceptado por el gobierno que encabeza Peña Nieto. Al respecto el gobierno de México manifestó su inconformidad.

“Las recomendaciones emitidas por el Comité no reflejan adecuadamente la información presentada por México ni aportan elementos adicionales que refuercen las acciones y compromisos que se llevan a cabo para solventar los retos mencionados”, señalaron en un comunicado conjunto de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores. El hecho es que la ONU ha dicho que México se ha conformado en hacer ‘tibios avances’ en materia de desapariciones forzadas.

Un caso que detonó esos delitos no atendidos por los gobiernos de nuestro país -ni panistas ni priístas hay que recalcarlo- con la atingencia que obligan los acuerdos internacionales y que ha suscrito México, fue sin la menor duda el de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa, Guerrero la noche del 26 de septiembre de 2014.

Además de que ni la ley federal ni las legislaciones de los Estados cumplen con los estándares marcados por la convención internacional de la que México es firmante, solo 19 de las 32 entidades del país lo hacen y en algunos casos la ausencia de ley coincide con los lugares con una mayor tasa de desapariciones.

Diversos analistas coinciden en señalar que la dificultad de analizar el fenómeno comienza con la imposibilidad de conocer las cifras exactas de desapariciones forzadas en México. No existe ninguna estadística oficial que dé cuenta del problema. Hay cifras estimadas pero adolecen de datos de causas por estado, sexo, edad, nacionalidad de las víctimas. Un estudioso que ha logrado realizar una depuración es el profesor del ITAM, José Merino, su trabajo, que no distingue la causa de la desaparición, señala que existen 23, 701 personas en México que se desconoce su paradero.

Indica que seis entidades acumulan casi el 30 por ciento de los casos. Tamaulipas, Coahuila, Sinaloa, Chihuahua, Jalisco y Sonora suman juntas 6,703 casos y registran la tasa más alta por número de habitantes. Tan solo dos de estos estados, Coahuila y Chihuahua, recogen el delito en sus códigos penales. Tamaulipas, al noreste del país, marca el récord con 5 mil 155 casos, lo que supone una tasa de 17,2 por cada 100, 000 habitantes, tres veces mayor que los dos siguientes estados más golpeados, Sinaloa y Coahuila.

Como sea, el hecho es que el caso Ayotzinapa de los 43 normalistas desaparecidos, sigue siendo el fantasma que persigue a Peña Nieto y al gabinete de seguridad que encabeza Osorio Chong. Y queda claro que México sigue en falta con el tema de las desapariciones forzadas lo que lleva de modo intrínseco la violación a los derechos humanos. Y no se trata de negar o justificar, sino de resolver esos problemas tan graves que agobian a los mexicanos. Porque en Iguala, Guerrero, por ejemplo, pese al envío de tropas y de policías federales y estatales, siguen las desapariciones forzadas. Pero ese es otro tema.

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