Gobernantes, ejemplo de corrupción

PAULINO CÁRDENAS

Cualquier gobernante de la entidad que se quiera ha sido ejemplo de corrupción en menor o mayor medida, sea del partido que sea: priísta, panista o perredista. Antes, y ahora, trátese de la entidad que se trate. Y en el gobierno federal sus titulares no escapan a esa tentación. El cuento de que se va a crear una instancia anticorrupción ha quedado en eso, en cuento. Gobiernos van y gobiernos vienen y es la misma cosa. No obstante se afirma que esta semana quedará listo el Sistema Nacional de Integridad Pública, que sin duda será otro elefante blanco como la SFP, y no se sabe si ocupará el lugar de la nonata y tan cacareada Comisión Nacional Anticorrupción o será un complemento.

Luego del escándalo de las mansiones y casas de descanso de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, y del secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, hubo apuro por parte del jefe del Ejecutivo para legislar en la materia, al convertirse ese tema, dentro y fuera del país, en escarnio contra quienes deberían poner el ejemplo de probidad, que en lugar de predicar con el ejemplo, cayeron en la tentación de valerse de la posición o el cargo para obtener beneficios personales, prácticas que el jefe del Ejecutivo, desde su campaña, prometió que serían erradicadas en su gobierno.

Después del escándalo, el Sistema Nacional de Integridad Pública habla de que debe haber probidad y transparencia en el manejo de los recursos públicos, y prevenir posibles conflictos de interés de funcionarios públicos, como sucedió con la pareja presidencial y el secretario de Hacienda, señalando que ‘es una de las exigencias más sentidas’ de la ciudadanía. Cómo no va a ser una de las exigencias más sentidas, cuando los principales personajes del gobierno, aprovechan su ventaja para adquirir inmuebles en condiciones   poco claras y ponen el ejemplo para que otros gobernantes y secretarios de finanzas hagan lo mismo. ¿Y alguien les tendría que decir algo?

El hecho es que, no de ahora, sino de siempre, la corrupción ha sido una política de Estado, una forma de ser de los funcionarios. Y ahora, si de veras va haber acciones punitivas contra quienes cometan conflicto de interés o roben al erario público, el ejemplo debería comenzar con Peña Nieto y Videgaray; y aunque se dice que la ex actriz Angélica Rivera no tiene pecado administrativo porque no es funcionaria pública, sí debería quedar clara esa historia que contó para la televisión y que nadie o muy pocos le creyeron, para tratar de zafarse del escándalo. Las sanciones del Sistema Nacional de Integridad Pública deberían comenzar con ellos.

Incluso, fue tal la presión interna y externa y el descrédito para Peña Nieto y para el Financiero del Año 2014, por los casos de las mansiones y las casas de descanso adquiridas bajo los auspicios de dos empresarios que obtuvieron contratos millonarios con el gobierno del estado de México y del gobierno Federal, que al dar posesión a Virgilio Andrade Martínez como nuevo secretario de la Función Pública -instancia ésta que se supone que desaparecería para darle vida a la Comisión Nacional Anticorrupción-, la primera orden que recibió de quien le estaba otorgando el cargo, fue la de investigarlo a él y al titular de Hacienda para ver si hubo o no conflicto de interés con el asunto de las famosas casas.

El hecho, obviamente fue criticado por todos los sectores de México -y en el exterior ni se diga-, porque Peña le pidió a Andrade Martínez realizar una faena que sería bueno ver, pero que nunca se concretará. Se dice que hasta los propios funcionarios del gabinete se rieron de la vacilada. Pero eso sí, ahí surgió el apuro de los legisladores, una vez que, en otra mascarada, el mandatario federal envió al Congreso oootra reforma, dizque para poner en práctica acciones ejecutivas en prevención de posibles conflictos de interés de funcionarios públicos.

Todo mundo sabe que no es con la expedición de nuevas leyes ni con instancias de relumbrón como el Sistema Nacional de Integridad Pública o la Comisión Nacional Anticorrupción, como se va a acabar el problema. Servirán par que crezca la burocracia, pero nada mas. Esa nocivas prácticas pudieron haber disminuido desde hace muchos sexenios, si simplemente se hubiese aplicado la ley vigente. El problema es que la ley no se aplica con el rigor que debe aplicarse. Y cuando dizque se aplica, es con mañas deliberadas que hacen que el asunto, por no cumplir con los debidos procesos, en las sentencias finales queden en calidad de improcedentes.

Ahora resulta que, dentro de la Secretaría de la Función Pública, se ha propuesto crear una Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés, como lo anunció el Ejecutivo federal. Se cree que esto ayudará a transparentar la actuación de los servidores públicos a nivel federal. Erradicar la corrupción como una política de Estado y aumentar la transparencia en el manejo de los recursos públicos y poner fin a las nocivas prácticas que atentan contra los recursos del erario público, no es cuestión de nuevas leyes o nuevos recursos legales. Es asunto de aplicar la ley vigente y darle seguimiento, evitar los ‘cochupos’ y castigar a quienes incurren en la comisión de delitos.

De otro modo, las cosas seguirán igual. Habrá que ver lo que sucede en primer término con el asunto de la pareja presidencial y del secretario de Hacienda. Porque los titulares de la SFP no dispara ni en defensa propia. Y menos Andrade se atreverá a ir contra quien lo puso en el cargo. Eso es querer verle la cara a los mexicanos. Y los mexicanos ya no están dispuestos a seguir soportando ese tipo de vaciladas. La corrupción, como ha quedado visto, sí es una política de Estado para los funcionarios, que se ampara en la impunidad. Erradicarla no es cuestión tan fácil. Se requiere voluntad política, pero verdadera.

Esa voluntad es la que ha faltado, no solo en este sexenio, sino en los anteriores. Gobiernos van y gobiernos vienen y ninguno se hace cargo de combatir ese flagelo. Porque, además, conviene a los funcionarios que llegan al poder a despacharse con la cuchara grande. La facilidad con la que los funcionarios cometen ilícitos administrativos y de orden penal, es la que propicia muchas faltas, como el conflicto de interés, y cosas peores, como el saqueo al erario público con la creación de empresas fantasmas. Ahí está de ejemplo la cadena delictiva del clan Aguirre y sus compinches de la familia Hughes, que operaba con la complacencia y obvia complicidad del ex gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero.

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