Entre inseguridad y descontento

 PAULINO CÁRDENAS

Guerrero, Michoacán, Morelos, Tamaulipas y Jalisco son de los estados en donde la situación de inseguridad sigue prevaleciendo en mayor medida, lo que podría provocar que haya problemas bastante serios para que se lleven a cabo las elecciones programadas para el domingo 7 de junio en varios poblados y comunidades de esas entidades federativas. La violencia no sólo no ha disminuido en ciertos puntos de esos estados, sino que se ha recrudecido. No obstante, el gobierno federal ha reiterado que los índices han bajado en cada una de los apartados criminales que van desde el robo con violencia hasta decapitados y colgados, pasando por otro tipo de delitos como las extorsiones, secuestros, desapariciones forzadas y torturas.

Por ejemplo, los padres de los 43 normalistas desaparecidos exigen al INE suspender elecciones en Guerrero. “Si no hay solución, no hay elección”, han venido reiterando. Hay una mezcla, pues, entre inseguridad y hartazgo social, que pudieran afectar las elecciones en algunos estados, por el descontento acumulado durante más de dos años de promesas incumplidas por parte de un gobierno que se la ha pasado gobernando a base de retórica más que con hechos tangibles, y hablando de un México que solo está en la imaginación de quien conduce los destinos de la nación. Ahí está el decálogo de acciones que propuso el presidente Peña Nieto a raíz de la crisis del caso Ayotzinapa del que solo se han cumplido a medias dos de los diez mandamientos, mientras que otros ocho han quedado en el limbo.

Dada la premura con la que se elaboró el decálogo de acciones prioritarias, la mayoría llevaba problemas de origen, por lo que en el Congreso no pasaron. Una de ellas fue la ley contra la infiltración del crimen en municipios, en donde se proponía la aprobación para que la Constitución diera facultades a la Federación para intervenir en los municipios donde se tuvieran indicios de una infiltración del crimen organizado. Incluso podría pedirse la destitución misma del alcalde. Esa iniciativa sufrió cuestionamientos de la oposición casi inmediatos, sobre todo en el sentido de que se rompía con el pacto federal y podría ser objeto de abusos.

La reforma está prácticamente congelada en las comisiones de justicia, puntos legislativos y constitucionales de la Cámara Alta, aunque se dijo que en abril será revisada y modificada, señala un recuento que hizo Arturo Ángel para el sitio de noticias Animal Político. Apunta que a 120 días de que el presidente Peña Nieto diera a conocer el famoso decálogo de acciones en seguridad tras la crisis desatada por el caso Ayotzinapa, ocho de los puntos anunciados no se han materializado, y los otros dos apenas se cumplieron parcialmente. Entre los pendientes hay algunos atorados en el Senado o con los diputados, pero también están iniciativas o programas que el mismo gobierno no ha presentado.

Uno de ellos es la línea de emergencia 911 cuy anuncio causó gran impacto y polémica al principio pero meses después es poco lo que se ha dicho. De acuerdo con Peña Nieto, concretar este plan era vital para que México cambiara, pues como el mismo mandatario reconoció, lo hecho hasta hace cuatro meses era insuficiente para revertir las condiciones de violencia y deterioro en varios sitios del país.

“A pesar de las acciones emprendidas en la actual y anteriores administraciones, algunas de estas condiciones de debilidad institucional siguen presentes (…) los hechos de Iguala nos han dejado claro a todos, a sociedad y Gobierno, que aún hay mucho por hacer” dijo el 27 de noviembre. Menos de 48 horas después de ese discurso legisladores del PRI calificaron como una “prioridad” la aprobación de estas medidas, pero hasta ahora, el balance deja muchos más pendientes que objetivos consumados. En el recuento sobre el incumplimiento del decálogo que buscaba abatir los índices de inseguridad, violencia y crímenes en el país, se señala que el presidente planteó establecer nuevas ‘Leyes de Concurrencia y Competencia’ con el objetivo de agilizar la investigación de delitos con independencia del fuero al que pertenecen.

Por ejemplo, se propuso que fiscalías locales pudieran indagar casos de delincuencia organizada. Esta iniciativa no recibió los cuestionamientos que tuvieron algunas de las otras propuestas de parte de la oposición, pero forma parte del paquete de reformas que está parado en el Senado de la República y por ende, no se ha concretado. También propuso eliminar definitivamente las más de mil 800 policías municipales que existen en el país y que la operación y mando se trasladase a 32 corporaciones estatales únicas, con el objetivo, según se dijo, de dificultar que permee la corrupción. A las fuerzas de los ayuntamientos se les dejará únicamente labores de vialidad.

Esta propuesta no solo enfrenta la resistencia de los legisladores sino también la oposición de otros sectores. Otras de las propuestas tampoco han transitado en el Congreso como Peña hubiese querido. Una de ellas es la expedición del 911 que no está concretada. Tampoco la Clave Única de Identidad. Los operativos en Tierra Caliente, Tamaulipas y Jalisco se han concretado parcialmente. La Agenda de reformas en justicia cotidiana es tema no concretado. Peña Nieto consideró necesario apuntalar una serie de reformas en lo que denominó “justicia cotidiana” con la finalidad de fortalecer los derechos de los ciudadanos en temas de derecho civil y mercantil y no solo penal. Para ello pidió al Centro de Investigación y Docencia Económicas la elaboración de recomendaciones en la materia en un plazo de 90 días.

En febrero concluyeron los foros que realizó el CIDE sobre estos temas y también el plazo mencionado, pero hasta ahora se desconoce cuál es la propuesta definitiva pues no se ha anunciado. En consecuencia el gobierno tampoco ha presentado las iniciativas de reformas que se requerirán al Congreso. También el presidente anunció varias iniciativas para apuntalar la protección de los derechos humanos y en especial de las víctimas. La mayoría de ellas eran pendientes que se venían acarreando desde meses atrás, y otras un reclamo de organizaciones de la sociedad civil u organismos internacionales.

Entre lo anunciado ya se cumplió con el reglamento de la Ley General de Víctimas, el diseño de un fondo para la protección y reparación del daño, y la integración de un consejo consultivo para reformas en derechos humanos. Pero siguen pendientes temas coyunturales como leyes generales en desaparición forzada y tortura de las que ya hay varias iniciativas no aprobadas, y tampoco existe el sistema nacional de búsqueda o el de información genética. En la Cámara de Diputados hay el compromiso de que antes de que concluya el actual periodo de sesiones se dictaminen estos pendientes.

Peña dio en noviembre su respaldo “total” a la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción propuesto por la oposición, que incluye el fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación, el nacimiento de un tribunal imparcial para sanciones administrativas y de una fiscalía especializada. Los diputados aprobaron a finales de febrero el dictamen para sacar adelante esta iniciativa, pero el tema se estancó en el Senado donde ya adelantaron que habrá cambios en la minuta. Tampoco se ha designado a un fiscal en la materia, como se pretendía hacer desde diciembre pasado.

El presidente anunció que la Secretaría de la Función Pública lanzaría un nuevo portal de información sobre los proveedores y contratistas de toda la Administración Pública Federal. El objetivo es que los ciudadanos pudieran conocer en un solo sitio el número y monto de los contratos de cada dependencia o de cada empresa. El 3 de febrero Virgilio Andrade fue designado al frente de la SFP y prometió investigar a fondo casos como el de la llamada “casa blanca” del presidente; pero del portal anunciado el año pasado no se dieron noticias. En fin, que entre la inseguridad y las promesas incumplidas -además de la corrupción de los funcionarios-, hay malestar que podría manifestarse en las urnas en junio próximo.

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