Movimiento contra “farsa electoral”

PAULINO CÁRDENAS

Delegados estatales y nacionales de la Convención Nacional Popular -que nació como un movimiento de protesta de los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos el pasado 26 de septiembre en Ayotzinapa, Guerrero-, realizaron su segunda reunión el pasado fin de semana en la escuela normal ‘Raúl Isidro Burgos’ y acordaron boicotear “la farsa electoral” que se pretende realizar el próximo 7 de junio en algunas entidades del país. Aunque no quedó establecido formalmente, los estados en los que podrían impedirse las elecciones son Guerrero, Oaxaca, Chiapas, además de Michoacán e incluso Puebla.

En esa segunda Convención Nacional Popular se plantearon tres ejes de trabajo principales: construcción de un referente nacional, construcción de un programa político y elaboración de un plan nacional de lucha a corto, mediano y largo plazo, de acuerdo con la agencia EFE. En declaraciones al término de las mesas de discusión, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, informó que se ratificaron los puntos bajo los que se fundamentó la primera Convención Nacional celebrada en febrero pasado:

Exigir la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa detenidos-desaparecidos el 26 y 27 de septiembre en Iguala; Castigo a los culpables materiales e intelectuales de la masacre; Derrocamiento ‘del usurpador’ Enrique Peña Nieto; Libertad a todos los presos políticos; Reversión de las contrarreformas estructurales. A estos cuatro puntos se añadió “el tema amplio de respeto a los derechos humanos”, debido a que en declaración política de la Primera Convención Nacional, los delegados manifestaron que la masacre de Iguala tiene como antecedente la matanza de Aguas Blancas y la de El Charco.

Asimismo, se establecieron las fechas y lugares para las próximas movilizaciones de cara a los siete meses de la desaparición de los normalistas, a cumplirse el próximo 26 de abril, así como la conmemoración del Día del Trabajo, el 1 de mayo. Dentro de los pronunciamientos generales, se acordó que la Segunda Convención Nacional apruebe la construcción de los Consejos Populares Municipales, en Guerrero y otros estados.

“El punto medular fue el pronunciamiento por el boicot a las elecciones, de acuerdo con las condiciones de cada entidad y de las organizaciones sociales”, señaló Rosales Sierra. En ese sentido, no especificó los estados en los que podrían impedirse las elecciones, sin embargo mencionó que “principalmente se considera que serán los estados del sur, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Puebla”.

Aunque en ese acuerdo la decisión fue dividida, se fijó una “postura intermedia”, entre los delegados que están a favor del proceso electoral y los que están en contra, para evitar una posible ruptura y mantener en todo momento la unidad del movimiento, que es lo más importante. Desde febrero pasado, al celebrarse la primera Convención Nacional Popular a más de cuatro meses de la desaparición forzada de sus hijos, en la convocatoria abierta para la celebración de ese primer encuentro, los padres de los normalistas reclamaron que el gobierno “no ha encontrado indicios de dónde puedan estar nuestros desaparecidos, por el contrario, en días pasados tomó la decisión de declarar por sentada la verdad histórica decretando el cierre del caso”.

Reclamaban también que para el gobierno “nuestros hijos fueron asesinados y calcinados en el basurero de Cocula, basándose solamente en la declaración de 4 detenidos y sin contar con prueba científica irrefutable. Simultáneamente ha desplegado un operativo de miles de policias y militares en el Estado de Guerrero, con el claro propósito de reprimir a las organizaciones sociales que luchan junto a nosotros para exigir la presentación con vida de nuestros hijos”.

Añadían: “Somos conscientes de que en México existen muchos dolores como el nuestro, cientos de miles de personas que han sido víctimas de la violencia de Estado. Existe un pacto de impunidad entre quienes son parte de la clase política y una relación de contubernio entre quienes son gobierno y quienes son delincuencia organizada. Frente a esta realidad, hemos decidido establecer condiciones para que hechos como los ocurridos el 26 de septiembre en Igual, no se vuelvan a repetir, hemos resuelto terminar con la violencia de Estado para evitar que nos sigan pisoteando.

“Con ustedes, los pueblos y comunidades, organizaciones sociales y sociedad civil en general hemos decidido organizarnos para encontrar formas de ejercer nuestros derechos y nuestra libre determinación, construir un buen gobierno desde abajo entre la gente humilde y sencilla como nosotros para garantizarnos una vida digan, con paz, justicia, tierra y libertad.

Así convocaban a instalar la Primera Convención Nacional Popular, como un espacio de coordinación “que nos permita crear un referente nacional, su programa político y plan de lucha a corto, mediano y largo plazo. Lo anterior permitirá darle rumbo al movimiento nacional”. Y el pasado fin de semana se realizó la segunda Convención en donde participaron 214 delegados que acordaron boicotear “la farsa electoral” de junio próximo, en al menos cinco entidades federativas.

Dicha jornada nacional popular la integran diversos grupos civiles y organizaciones de distintas denominaciones, desde las que desean protestar de manera pacífica, hasta los que proponen medidas mucho más radicales, como una manera de rebelarse en contra de la negligencia gubernamental en el caso específico de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, pero en cuyo movimiento se han adherido grupos que protestan por diversas causas que les afectan y que culpan a los gobiernos estatales y al federal de no haber sido atendidas.

Esa advertencia de boicotear los comicios del 7 de junio será sin duda un foco rojo, no solo para la parte política federal, sino para las autoridades estatales de las entidades que han sido señaladas para evitar que haya elecciones intermedias. Otro ‘torito’ con el que tendrá que lidiar Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación.

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