Distanciados gobierno y gobernados

PAULINO CÁRDENAS

No hay duda que uno de los grandes problemas que padece la administración peñanietista y que parece irremediable, es el distanciamiento que existe entre el gobierno federal y los gobernados del país, brecha que cada vez se abre más en lugar de angostarse. Ese es el efecto. Las causas son los ya conocidos: errores de cálculo, promesas incumplidas y actos que rayan en la corrupción por parte de quienes están obligados a predicar con el buen ejemplo, que son los que están hasta arriba de la pirámide del poder en México y tienen la sartén por el mango. ¿Por qué ese distanciamiento? Porque sigue prevaleciendo el feudalismo bajo el gobierno priísta, aunque sin llegar a ser el antiguo presidencialismo hegemónico.

Quienes llegan al poder creen que son dueños de sus cargos, de los recursos público y por ello toman las decisiones que les conviene y actúan de facto sin consultarle a nadie. Para justificar sus planes los envían al Congreso en donde los legisladores que están al servicio del mandatario y que hacen mayoría, aprueban todo lo que les llega de propuestas del jefe del Ejecutivo. Con ello, se jacta de gobernar bajo una supuesta democracia que reconoce el derecho de todos. Pero la realidad es que existe una oligarquía (gobierno por pocos) que toma decisiones a modo en el Legislativo y que solo beneficia a esos pocos.

Eso sin considerar que hay un desaliento generalizado porque el actual gobierno federal ha actuado más de saliva que con hechos consumados. Son muy pocos los logros que ha aterrizado y muchos los pendientes que faltan por resolver. Varios de ellos son de primer orden, como el estancamiento de la economía y la preocupante violencia que no ha sido capaz de ser frenada y que a falta de resultados la realidad se quiere sustituir con demagogia señalando -como en el caso de Tamaulipas- que la estrategia de seguridad “ va bien” y que “está dando resultados”, como asegura el titular de Gobernación.

Ello no obstante que no solo la violencia sino el derramamiento de sangre ha ido en aumento en Reynosa, Tampico y Altamira, en donde las mafias del narcotráfico han hecho suyos esos lugares y donde ni las fuerzas militares ni federales y menos estatales, han podido arrebatarles a los cárteles esas plazas que se vienen disputando desde hace tiempo. Se habla incluso que hay evidentes colusiones entre autoridades gubernamentales y capos de las drogas en esa entidad federativa, como sucede en otras.

Para colmo el propio Monte Alejandro Rubido, titular del Comisión Nacional de Seguridad, reconoció que uno de los grupos criminales que operaba en Tamaulipas se dividió y fragmentó en dos nuevas organizaciones: ‘Los ciclones’ y ‘Los metros’, a quienes se señala como los causantes de la violencia de los últimos días en la entidad fronteriza. “No tienen nada que ver con la fuerza de los anteriores grupos criminales”, dijo a Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula.

Reconoció que la situación en Tamaulipas es compleja y particular por ser un estado fronterizo con muchos cruces con Estados Unidos. “Al tener Tamaulipas tantos cruces fronteriza y aeropuertos lo hace un estado muy particular”. Al ser cuestionado sobre el optimismo mostrado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en torno al balance que diera el lunes en aquel estado, Monte Rubido dijo que no se puede considerar que los problemas de seguridad en Tamaulipas estén resueltos, pero aseguró que hay avances considerables.

Pero lo cierto es que Tamaulipas ha sido bastión del Cártel del Golfo. Además de los enfrentamientos por la posesión territorial, los secuestros siguen en ese estado, como en otros. Ese mismo esquema de violencia y ley de fuego armado por parte de narcocrimen se está dando en otras entidades federativas. Y eso no podría ser negado. Cierto es también que las fuerzas militares de la Sedena y de la Marina, así como de la Policía Federal, han realizado detenciones y rescatado a grupos de migrantes secuestrados.

Otra causa por la que el gobierno ha perdido credibilidad ante los diferentes sectores de la sociedad ha sido por los actos delictivos que han sido cometidos por gobernadores y presidentes municipales priístas, así como funcionarios de ese partido que se han aprovechado del cargo para hacer negocios privados con dinero público, amparados, como siempre han estado, bajo el manto de la Santa Impunidad.

Por todo ello, cuando se habla de democracia en los discursos jactándose de que se gobierna reconociendo los derechos de todos los mexicanos, todo termina siendo una falacia. El propio presidente Enrique Peña Nieto acaba de reconocer que la justicia cotidiana, la del día a día, está fuera del alcance de la mayoría  de los mexicanos. Es necesario, dijo, revertir esta situación para renovar el pacto social y recuperar la confianza en la ley y las instituciones.

Se supone que en México existe una democracia representativa que permite que todos los grupos tengan la oportunidad de expresar sus intereses y opiniones. En teoría, los distintos grupos son estimulados por los que aspiran a ocupar cargos públicos, a manifestar sus intereses y opiniones, pero hasta ahí. La sociedad está impedida de tomar las decisiones por ellos mismos.

Esto les toca a los representantes elegidos por cada partido, que son los responsables ante el pueblo, los votantes. Sin embargo, el problema estriba en que quienes deberían ser los responsables ante los votantes, no lo son. Al contrario. Terminan olvidando sus promesas de campaña y acaban siendo unos delincuentes de cuello blanco, amparados por la impunidad que el sistema ha propiciado para ellos.

Por ello, ese distanciamiento cada vez más abismal, entre los intereses de la ciudadanía y los intereses que imponen quienes llegan a ocupar cargos de elección popular. Y ese círculo vicioso se repite cada vez que se renuevan los cargos en cualquiera de los tres poderes como sucederá en junio próximo. Para empezar, un mal endémico es que la justicia cotidiana que está fuera del alcance de la mayoría, como lo reconoció Peña Nieto.

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