Que no hubo ejecuciones: Rubido

 PAULINO CÁRDENAS

Monte Alejandro Rubido García, comisionado Nacional de Seguridad, salió al paso de versiones sobre si lo de la matanza de Tanhuato, Michoacán fue o no una ejecución masiva. Manifestó que el operativo inició en la misma madrugada del pasado viernes, y que fueron los elementos de las fuerzas federales quienes resultaron agredidos por los delincuentes, mismos que después buscaron resguardarse en el rancho El Sol y que luego de tres horas de enfrentamiento hubo bajas de ambos lados.

Una primera versión que se difundió por las redes sociales señalaba que elementos del Ejército y agentes de la Procuraduría General de la República, sorprendieron dormidos a un grupo de 45 delincuentes en el rancho El Sol, que al ser atrapados, repelieron con armas de fuego el operativo, registrándose la masacre de 42 presuntos delincuentes, y tres detenidos. Por parte de las fuerzas federales, hubo solo un policía muerto. Lo que llama la atención es tan desigual cifra. Se dijo que el grupo que fue abatido pertenecía al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Rubido reiteró que los sucesos de Tanhuato no fue una ejecución extra judicial: “Definitivamente no. Desde el mismo viernes y a petición de nosotros, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) estuvieron presentes en el lugar”. ¿Habrían presenciado el enfrentamiento que duró tres horas? Más bien habrían estado a buen resguardo o habrían llegado después de los hechos. Sin duda que otros organismos internacionales querrán venir a constatar lo dicho por el comisionado Nacional de Seguridad. Y ojalá que no vengan con algunos ases bajo la manga.

Ya con los casos del presunto fusilamiento de otro ‘supuesto’ grupo de delincuentes -al parecer dedicados al secuestro- sucedido en Ttlatlaya, estado de México el 30 de junio del año pasado, en donde un comando militar habría ‘fusilado’ a la mayoría de los 22 sospechosos ya sometidos, que también se dijo que habían muerto en un enfrentamiento a tiros, pero que una testigo tiró esa versión porque dijo que ella había visto cómo los mataban aún después de haberse rendido, es un asunto en el que ha dejado en evidencia el buen nombre del Ejército mexicano.

Y sigue estando el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa que siguen en calidad de desaparecidos y muchos se preguntan si acaso no habría sido una ejecución masiva. Está también la masacre de Apatzingán, Michoacán del pasado 6 de enero, donde policías federales dispararon a sangre fría, contra un grupo de manifestantes ya sometidos de la Fuerza Rural, a las afueras del Palacio Municipal. Y está la masacre de Tanhuato, Michoacán, la madrugada del pasado viernes, en donde hubo un saldo de 42 muertos y tres detenidos por parte de los ‘malos’ y un solo policía fallecido; una versión que para muchos resulta un tanto fantasiosa.

Ojalá sea mero sospechosismo la nueva estrategia de exterminar sicarios con ejecuciones extrajudiciales, lo que para Peña Nieto resultará otro asunto de verdadero cuidado. Habrá que ver qué sigue y las reacciones que pueda haber en los medios extranjeros que estarán monitoreando a ver si no se presenta el mismo modus operandi en próximas operaciones antinarco. Habrá quienes aplaudan la medida, pero de ser así saldrían a relucir las banderas de quienes velan por los derechos humanos, aún tratándose de delincuentes.

El caso es que la violencia ha resurgido en varios estados de la República, lo cual resulta evidente, pero eso para el gobierno federal y los estatales es más que preocupante, sobre todo porque están en puerta las próximas elecciones llamadas intermedias en torno a las cuales es preferible un clima de paz en todas las entidades, aunque los estados en donde se celebren tengan que estar bajo la vigilancia de las fuerzas militares y la Policías Federal y las estatales. Las áreas de inteligencia del sistema federal deberán estar muy coordinadas al menos de aquí al próximo domingo 7, día de las elecciones.

Habrá comicios en varias entidades federativas. Se renovará la titularidad de sus gobiernos en los estados de Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora. Además, cambiará la totalidad de los 500 integrantes de la Cámara de Diputados, se elegirán 903 presidentes municipales y 639 diputados locales. Las operaciones militares se han intensificado a solo once días de las votaciones. Hace unos días policías de la agrupación Fuerza Tamaulipas acaba de desmantelar en el municipio de Reynosa un sistema de video-vigilancia clandestina de un cártel.

La sofisticada red contaba con aparatos en 52 puntos fijos llamados de ‘alto impacto’ desde los cuales vigilaban a través de internet -como su propio ‘Big Brother’-, las acciones de las fuerzas estatales y federales de seguridad, así como de la sociedad civil. La mayoría de las cámaras fueron instaladas en postes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de Teléfonos de México. ¿Cuántas de esas redes de vigilancia no tendrán en cada estado de la República los diversos cárteles que operan en México, para los mismos fines delincuenciales?

Además de contar con sofisticados armamentos bélicos y de tener infiltradas a la Policía Federal estatal y municipal, así como con espías en las áreas de inteligencia de las Fuerzas Armadas y del propio Cisen, pone en desventaja al gobierno de Enrique Peña Nieto en la lucha que se supone lleva a cabo contra los cárteles de la droga y grupos de la delincuencia común y de la delincuencia organizada. De ahí que con los métodos que sean necesarios, la lucha contra el narco por parte del actual gobierno, parece ir tomando un cariz serio.

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