‘Abatir es matar’ en lenguaje militar

PAULINO CÁRDENAS

A un año de distancia de la matanza de 22 civiles en Tlatlaya, estado de México, el Centro Agustín Pro Juárez de Derechos Humanos reveló que lo que habría alentado las ejecuciones extrajudiciales los efectivos del Ejército que participaron en esa masacre, fue la orden unívoca de ‘abatir delincuentes en la oscuridad’ que se refugiaron en una bodega del rancho El Limón, el 30 de junio de 2014.

Amnistía Internacional (AI) sostuvo: “No cabe duda que abatir significa matar, ya que el término se emplea con ese significado preciso en varios documentos militares”; además, “hay motivos fundados para pensar que la orden militar alentó las ejecuciones extrajudiciales”.

En Tlatlaya, un comando militar fusiló al menos a doce personas cuando ya se habían rendido, en una operación en la que hubo un total de 22 muertos. La versión original del Ejército fue que esas muertes habían sido a consecuencia de un tiroteo entre fuerzas castrenses y los civiles, y que éstos habían iniciado la agresión.

En conferencia de prensa el director del Centro ProDH, Mario Patrón Sánchez, mostró un documento oficial del Ejército en el que se muestra que el comando que actuó en Tlatlaya tenía la orden expresa y por escrito de ‘‘abatir a delincuentes en horas de oscuridad’’.

Se da por hecho que esa orden es general para los que mandos y efectivos que participan en las operaciones del Plan Estratégico de Combate contra el Narcotráfico. Patrón Sánchez reveló que la orden por escrito fue dirigida al teniente de infantería Ezequiel Rodríguez Martínez, quien iba al frente del grupo militar, copia de lo cual mostró a los reporteros.

En el documento, en su inciso VII señala: ‘‘Las tropas deberán operar de noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad, ya que el mayor número de ilícitos se comete en ese horario’’.

Patrón Sánchez aclaró que ese documento, dirigido al 102 Batallón de Infantería de la 22 Zona Militar, fue obtenido de manera legal mediante un proceso jurisdiccional iniciado contra la opacidad castrense. Enfatizó que la circunstancia obliga a que se investigue la responsabilidad de los superiores jerárquicos en los hechos, en razón de la cadena de mando presente en la institución castrense.

Sobre todo, añadió, porque en el propio expediente el término ‘‘abatir’’, es empleado de manera unívoca en lenguaje castrense para aludir a la privación de la vida. En ello coincidió Amnistía Internacional.

En la conferencia de prensa se presentó por primera vez en público la señora Clara Gómez González, testigo sobreviviente conocida solamente como “Julia”, cuyo testimonio fue crucial en las indagatorias para conocer detalles de la masacre que echó abajo la versión original del Ejército.

El Centro ProDH demandó que el esclarecimiento de esos crímenes de lesa humanidad se investigue con eficacia y debida diligencia en toda la cadena militar de mando “hasta sus últimas consecuencias’’.

Se dijo que la investigación de fondo debe iniciar con los militares directamente involucrados en las ejecuciones extrajudiciales, pero que llegue “al mismo titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos”. La cadena de mando comienza en el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas quien da las órdenes que los subordinados deben acatar.

La Defensa envió un comunicado a los medios señalando que el Centro ProDH había informado de manera sesgada el contenido del documento oficial al que hace referencia, el cual no se difundió completo en su contenido. En dicho documento hay instrucciones a los militares que participaron en el llamado caso Tlatlaya, que buscaba “a proteger la vida de las personas y la seguridad de las tropas”.

Indica el comunicado militar que el documento al que alude dicho el Centro, en la conferencia de prensa no se mencionaron las 38 indicaciones que el mando superior ordena para el caso de la operación referida. De ellos se desprende que su propósito era que “las operaciones del personal castrense se ajusten al marco jurídico vigente que contempla el respeto irrestricto de los derechos humanos” señala la Sedena. Y destaca algunas de ellas:

Actuar en forma contundente y conforme a derecho, “prevaleciendo en todo momento el respeto a los derechos humanos y a la observancia de la ley para prevenir y sancionar la tortura (…) “La prioridad durante las operaciones será garantizar la seguridad de las personas inocentes, evitándose generar víctimas colaterales (…) “Las operaciones deben realizarse con estricto respeto a los derechos humanos, evitando cateos sin orden de la autoridad judicial, así como el traslado de detenidos al interior de instalaciones militares…”

El relator de la ONU, Christof Heyns, señaló que a un año de los sucesos, los avances en la investigación resultan insuficientes y las autoridades mexicanas “tienen la obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de emitir órdenes que pudieran conducir a violaciones del derecho a la vida”.

Por su parte Ericka Guevara-Rosas, directora para las Américas de AI, dijo que es fundamental que el presidente Enrique Peña Nieto ordene una inmediata investigación independiente a cargo de las autoridades civiles, sobre cómo están aplicando las fuerzas armadas la política de seguridad del gobierno.

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