Funcionarios ricos, pueblo pobre

PAULINO CÁRDENAS

Mientras los legisladores y la clase dorada del poder Ejecutivo y el poder Judicial, gobernadores y hasta alcaldes, ganan grandes sueldos, les dan coches último modelo, les pagan gasolina, tienen choferes, viáticos y prestaciones, además de gastos para despilfarrar como les viene en gana, la gran mayoría de la población en México percibe sueldos que apenas le alcanza para comer y para pagar impuestos. De 2010 a 2012, se incrementó de 52.8 a 53.3 millones el número de pobres. Esa información fue dada a conocer por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Asegura que la pobreza extrema se redujo marginalmente al pasar de 11.5 millones de personas a 11.4 millones. Lo más aberrante del asunto es que mientras el número de mexicanos que empobrecen crece más y más cada día, los privilegios, sueldos y prestaciones de los altos funcionarios de los tres poderes del Estado crecen también, pero en proporciones exacerbadas y desproporcionadas. Solo hay que ver lo que reciben de aguinaldos y sus cheques de retiro del cargo que dejan para luego ir a buscar otro y continuar viviendo a costillas del presupuesto.

Y se quejan de los maestros disidentes de la Sección 22 que cobran sin hacer nada. Incluso muchos mexicanos han perdido sus empleos por los recortes que han tenido que hacer los dueños de negocios de la iniciativa privada e incluso el propio gobierno, derivado del ajuste presupuestal de este año. Para 2016 habrá al menos otro recorte que ya se prepara para ser aprobado en el Congreso con miras al presupuesto de egresos con ‘base cero’ o lo que eso signifique.

En los últimos tres años y medio, los grupos parlamentarios del Senado se embolsaron cerca de 4 mil millones de pesos, cantidad casi equivalente a un año del presupuesto total de la Cámara alta. Esa partida es equiparable al gasto que ha representado hasta ahora la construcción y equipamiento de la nueva sede de los senadores.

Este gasto se entrega directamente a las bancadas para su operación. Su manejo, por parte de la coordinación parlamentaria, es discrecional, ya que su comprobación carece de controles. Una nota de Claudia Guerrero para el diario Reforma da cuenta de ello. Añade: Por separado, y de otras partidas, los senadores reciben el pago de sus dietas, apoyos para gasolina y comida, así como viáticos cuando salen de viaje.

Documentos de la Dirección General de Contabilidad detallan que, por “Asignaciones a los Grupos Parlamentarios”, se han erogado de 2012 a mayo de 2015 un total de 3 mil 997.7 millones de pesos. Para acreditar el uso de ese dinero basta con la firma de los senadores en recibos simples que no tienen valor fiscal. Incluso la ausencia de reglas para el uso del dinero ha permitido que legisladores como los del PVEM usen los recursos para pagar campañas mediáticas de promoción partidista para incidir en los comicios.

Además del incremento de sueldos -‘dietas’ le llaman en el argot legislativo- los cuales se aumentan cada determinado periodo que ellos mismos establecen, tienen partidas para diferentes prestaciones como viáticos de viaje, comidas y la remodelación de los despachos, además de agregar el plus por desarraigo que perciben aquellos que viven en el interior del país y los tramos terrestres y aéreos que reciben por mes, los cuales pueden ser canjeados por dinero en efectivo si no se utilizan.

El tema de esos incrementos de sueldos, prestaciones y fondos para ‘gastos diversos’ de la clase política incluidos los funcionarios de élite, que nunca son comprobados, siempre han causado un fuerte descontento social porque esos abusos contrastan dramáticamente con las cifras del aumento de pobres como las que dio a conocer el Coneval, aunque para matizar trate de decir que el número de gente que padece pobreza extrema ‘ha disminuido’.

Por el fuerte descontento social que provocan esas abusivas medidas de incremento constante de dinero que perciben senadores y diputados y la élite de los poderes Ejecutivo y Judicial de México, esos temas se evitaba que salieran a la luz pública, dizque para no ofender a la clase trabajadora y a millones de empleados que tienen apenas para vivir y para no lastimar a jefes de familia que no tienen trabajo o aquellos que ni siquiera tienen para comer, que suman millones en el país.

Ahora se dice que la gente puede solicitar información de esos sueldos y prestaciones al sistema del Instituto de Información y de Acceso de Información y de Acceso a la Opinión Pública. ¿Para qué? ¿Para enojarse aún más? Esa desproporción es la que lacera la credibilidad de los mexicanos en sus gobernantes.

En el caso de la actual administración, esas desigualdades son las que se suman a la desconfianza y falta de credibilidad de la gran mayoría de los sectores de la sociedad en el gobierno de Peña Nieto, cuya administración se la pasado dos años y medio hablando de que las reformas vendrán a ser la salvación de México, sin que se asome por ningún lado tal posibilidad, excepto en los discursos.

Si a eso se aúnan los abusos de los funcionarios -como el de la pareja presidencia, el del titular de Hacienda y el de Gobernación- para lograr prebendas con proveedores favorecidos con el otorgamiento de contratos de obra pública en lo que parece un evidente conflicto de intereses y tráfico de influencias, la reprobación de los mexicanos acaba subiendo de tono.

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