Una declaración con olor a farsa

PAULINO CÁRDENAS

El jefe de gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, no quiere líos con el priísmo, quizá por razones futuristas. Le sacó al parche para ir al fondo del asunto en el caso de las ejecuciones del fotoperiodista Rubén Espinosa, de la activista Nadia Vera Pérez y de tres mujeres más en la colonia Narvarte, y prefirió que su procurador, Rodolfo Ríos Garza, bajo el argumento de que el móvil habría sido el robo, dejó fuera de las líneas de investigación las amenazas de muerte de las que habían sido víctimas en Veracruz que fue la razón por la que huyeron de aquel estado para refugiarse en la capital del país, donde fueron ultimados.

Mandó a la capital veracruzana a Edmundo Garrido Osorio, subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales de la Procuraduría General de Justicia del DF, para atestiguar la entrega por escrito del gobernador de aquella entidad sobre los crímenes de Rubén y Nadia, así como los asesinatos de Yesenia Quiroz, Olivia Alejandra Negrete Avilés y Mile Virginia Martínez, ultimadas en el mismo departamento de la colonia Narvarte el pasado 31 de julio. Una ‘declaración voluntaria’ por escrito con olor a farsa.

Rubén y Nadia habían huido de aquel estado por amenazas de muerte y culpando al gobernador de tan graves amagos; buscaron refugio en el DF pero ahí fue donde los mataron. Duarte presumió que no cree en el fuero y, como nada teme, entregó al personal de la Procuraduría del Distrito Federal su ‘testimonio’ sobre esos hechos. Obviamente, como era de esperarse, en su declaración se deslindó totalmente de esos crímenes.

La diligencia celebrada en la capital veracruzana fue una pantomima. Una farsa que ninguna gente seria creyó. Ni los capitalinos, ni los veracruzanos, ni los mexicanos en general. Lo que habría dicho en su escrito es lo mismo que repitió en la víspera ante representantes de los medios. El gobernador había entregado su declaración por escrito con las respuestas al cuestionario del PGJDF a dos funcionarios de la procuraduría capitalina.

El acto se llevó a cabo el martes al medio día con la presencia del procurador de Veracruz, Luis Ángel Bravo; el fiscal de Homicidios Marco Enrique Reyes, el agente del Ministerio Público José Francisco Coronilla y la fiscal de Investigaciones Ministeriales de la FGE de Veracruz, María del Rosario Zamora, además del subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales, Garrido Osorio.

Duarte de Ochoa ha repetido que esas acusaciones en su contra no tienen sustento y son producto de un ‘linchamiento’ que no tiene ningún fundamento. Sin embargo, tanto Rubén Espinosa como Nadia Vera habían declarado en varias ocasiones que, por críticas al gobierno del estado, venían sufriendo amenazas de muerte y en declaraciones y videos culpaban de antemano al gobernador de la entidad por si algo les sucediera. Y aunque salieron huyendo de Veracruz para instalarse en el DF, las amenazas de muerte se cumplieron.

Junto con otras tres mujeres fueron ultimados en el mismo departamento de la capitalina colonia Narvarte la noche del pasado 31 de julio, apareciendo con señales de tortura, la activista violada y todos con el tiro de gracia, clásico de las ejecuciones por coraje o venganza. En un escueto mensaje difundido en el portal del gobierno del estado Duarte de Ochoa aseguró que él mismo fue quien solicitó al jefe capitalino Miguel Ángel Mancera, rendir su declaración por el caso de la Narvarte. Fue un valor entendido y la farsa se concretó.

Mirtha Luz Pérez Robledo, poetisa y madre de la activista Nadia Vera, chiapanecas ambas, cuestionó a la PGJDF por el manejo que ha dado al asesinato de su hija, del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, y de las otras tres mujeres. La acongojada madre de Nadia había dado lectura a un pronunciamiento en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas en Chiapas.

Ahí cuestionó el motivo por el cual las autoridades de la Ciudad de México no han tomado en cuenta el contexto de violencia que impera en Veracruz, entidad de la que salieron Nadia y Rubén Espinosa tras denunciar amenazas hacia su persona, la información que se ha filtrado a la prensa y la insistencia de mencionar el robo como un móvil. Doña Mirtha Luz señaló: “Tenemos muchas preguntas para la Procuraduría del Distrito Federal, institución de la que aún esperamos respuestas:

¿Qué declaraciones relevantes han hecho los testigos claves sobre el caso? ¿Por qué la actividad de Nadia como activista no es contemplada como un hecho que la colocó en una situación de vulnerabilidad? ¿Por qué no se ha tomado en cuenta el contexto de violencia e inseguridad además de la agresión directa por parte del estado de Veracruz a grupos de estudiantes y activistas a los que Nadia perteneció? ¿Cuál es la explicación de tanta saña en el crimen? ¿Qué implica que el arma utilizada en el crimen haya sido utilizada por primera vez y sea un arma con silenciador?

“¿Por qué se filtra la información a los medios de comunicación, si con ello se pone en peligro a los familiares de la víctimas? ¿Por qué no se le permitió rápidamente el acceso del expediente a los abogados y sí a los medios de comunicación¿ ¿Por qué no se le permitía declarar a los amigos y familiares de las víctimas que querían aportar más información? ¿Por qué se ha priorizado el robo y se han minimizado otras líneas de investigación?”, leyó la madre de Nadia Vera.

Pese a que Duarte de Ochoa se deslindó de esos hechos de sangre, de cualquier forma no escapará de seguir siendo señalado por la opinión pública veracruzana y de muchas partes del país, como principal presunto culpable de lo sucedido al joven reportero gráfico y a la joven activista. Al menos estará bajo sospecha por ese y otros crímenes sucedidos a periodistas en su administración. Quizá estos últimos hechos de sangre sean el principio de una larga pesadilla para el mandatario.

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