Urge quitar el fuero constitucional

PAULINO CÁRDENAS 

Las corruptelas de las mafias de cuello blanco continuarán en México mientras no se derogue el fuero que le otorga la Constitución Mexicana a mil 854 servidores públicos, desde el Presidente de la República hasta los diputados y senadores federales y locales y altos funcionarios del poder Judicial. Sería la única arma letal para acabar con la corrupción oficial. Equivaldría a quitarles inmunidad procesal. Eso sí que recobraría la confianza de los mexicanos en el gobierno federal, en los gobiernos estatales y municipales, en los integrantes de los poderes Legislativo y Judicial y hasta en los partidos políticos.

En 2013 fue cambiado el término de ‘fuero constitucional’ por el de ‘inmunidad constitucional’, pero eso no remedió nada. Es como el procedimiento de juicio político, que ahí está, pero que resulta casi imposible que se le imponga a los más altos funcionarios o a gobernadores. En ocasiones se da para funcionarios menores o contra políticos a quienes el sistema quiere someter, que ocasionalmente son los de la oposición o los funcionarios muy incómodos del propio sistema. Lo que se requiere es derogar el fuero que otorga la Constitución y que ha sido tomado como escudo por muchos funcionarios federales y estatales para evadir sus fechorías.

De otro modo seguirá el saqueo al erario, el tráfico de influencias, los negocios al amparo del cargo y los abusos del poder por parte de los funcionarios públicos que gozan de fuero y cuyas fechorías quedan protegidas por el sagrado manto de la impunidad oficial como se vio con la pantomima de la exoneración que hizo el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade Martínez, del presidente Peña Nieto, su esposa y del titular de Hacienda, por conflictos de interés, al haber aceptado que empresas que gozan de contratos con el gobierno federal auspiciaran la adquisición de su residencia privada y sus casas de descanso.

La propia designación de Andrade Martínez fue por sí misma un conflicto de interés. La exoneración resultó una burla para una sociedad mexicana. Y de remate esa burla fue el tiro de gracia al Sistema Nacional Anticorrupción. El caso ha sacudido a la sociedad mexicana que se pregunta, ¿nadie puede acusar y procesar por actos de corrupción presidenciales? La respuesta es: No porque el presidente tiene inmunidad. El artículo 108 de la Constitución mexicana establece que “el Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, solo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común”.

Pero el listado de ‘delitos graves del orden común’ no incluye actos de corrupción ni conflictos de interés. Esta redacción es la que imposibilita acusar al Presidente, y es la misma que fue aprobada por el Constituyente de 1917 y sigue vigente. Por eso lo de Virgilio fue una vacilada. En el diario de debates del Congreso Constituyente de 1917 se señalan las razones por las que las causales para enjuiciar al Presidente fueron modificadas en relación con la anterior Constitución mexicana de 1857, en cuyo texto sí se reconocía la posibilidad de atribuir responsabilidad al Presidente por violación expresa de la Constitución.

El investigador y analista Alberto Herrera Aragón, egresado de la Maestría en Periodismo y Asuntos Públicos del CIDE, rescata lo que señala el diario de debates de esa histórica fecha donde le lee: “Desde su discurso ante la asamblea, [Venustiano] Carranza señaló que para lograr el equilibrio entre los poderes, la principal reforma que se presentaba [al apartado sobre responsabilidades de los servidores públicos] era un nuevo procedimiento para el juicio de responsabilidades”.

A pesar de los argumentos que algunos otros diputados del Constituyente vertieron en contra de esta modificación propuesta por Carranza, el artículo 108 de la Constitución otorgó la protección especial al Presidente. A partir de ese momento, investigar y juzgar al Presidente por responsabilidades que no sean delitos graves o traición a la patria está fuera de toda discusión.

Sin embargo, muchos mexicanos se preguntan ¿por qué no derogar el fuero constitucional que intrínsecamente le da inmunidad procesal al jefe del Ejecutivo federal y que es extensiva para la casta que integra el gabinete presidencial, gobernadores y los miembros activos del poder Legislativo y del poder Judicial?

José Roldán Xopa, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), cita tres factores que, considera, son centrales para explicar la ausencia de investigaciones oficiales cuando se revelan evidencias que podrían constituir actos de corrupción por parte de la figura presidencial en México: un marco normativo inadecuado, falta de autonomía de los órganos investigadores y falta de contrapesos reales en la política.

“Particularmente en el caso del presidente de la República, se establece por la Constitución que este solamente puede responder por casos graves. Solamente por delitos graves. Entonces para conocer cuáles son los delitos graves, hay que ver el código penal, y el código penal excluye tipos relacionados con corrupción”.

El Código Federal de Procedimientos Penales establece el listado de delitos que se deben considerar como graves, y entre ellos se encuentran: traición a la patria, espionaje, terrorismo, sabotaje, invitación a militares a cometer delitos y delitos contra la seguridad nacional. Nada se menciona sobre delitos relacionados con actos de corrupción o conflicto de interés. Urgiría, pues, derogar el fuero constitucional con el que cuentan muchos funcionarios que no tienen empacho en transgredir leyes porque saben que nada les pasará.

Eso sí que pudiera restablecer la confianza de los mexicanos en el gobierno federal, en los gobiernos estatales y municipales, en los integrantes de los poderes Legislativo y Judicial y hasta en los partidos políticos. Mientras no se haga, todo lo demás seguirá siendo parte de la retórica oficial.

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