Temas de crimen opacarán Informe

PAULINO CÁRDENAS

Los temas relacionados con la inseguridad y el crimen organizado que se han dado en el país opacarán cualquier logro o cifra que pretenda presumir el presidente Enrique Peña Nieto en su Tercer Informe de gobierno, el cual será entregado por escrito el próximo 1 de septiembre al Congreso; al día siguiente, el miércoles 2, el jefe del Ejecutivo federal dará un mensaje del estado que guarda su administración, en Palacio Nacional. Porque el estado que guarda la nación los mexicanos lo saben de sobra.

Ni decir que pudiera dar a conocer logros en la economía ya que no estarían soportados por hechos tangibles; es otro de los rubros en los que la actual administración le ha quedado muy mal a los mexicanos. Lo que se diga será sacado de la manga y se le querrá presentar como uno de los asuntos nacionales que van por buen camino. El tema de las reformas volverán a ser enunciadas y serán recicladas como la panacea que vendrá a cambiar las cosas para los mexicanos. Ya aprobadas van por buen camino. Por tercer año se dirá lo mismo.

Ahí estarán vueltas a referir la reforma educativa, la energética, la financiera, la de competencia económica, la hacendaria, la laboral, la de telecomunicaciones, el nuevo código nacional de procedimientos penales, la nueva ley de amparo, la reforma política-electoral y la reforma en materia de transparencia. Todas merecerán el elogio y la ponderación de sus supuestas bondades por parte de mandatario federal, dentro de una semana.

Quizá le dedique una línea a decir que quedó exonerado de haber cometido algún conflicto de interés junto con su esposa y su secretario de Hacienda por la adquisición de inmuebles auspiciadas por empresas contratistas de su gobierno. Acaso diga que fueron figuraciones de gente mal pensada que solo trata de ver lo malo donde no existe ni maldad ni dolo ni abuso de poder ni tráfico de influencias. Virgilio Andrade lo exoneró.

Tenía cartas de recomendación. Su padre, del mismo nombre, fue quien defendió como abogado a Carlos Romero Deschamps, en el espinoso asunto de corrupción institucional conocido como el Pemexgate del que fue acusado por presunto desvío de recursos a la campaña del candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Francisco Labastida Ochoa, durante las elecciones del 2000, en las que el panista Vicente Fox resultó ganador.

A Peña Nieto se le ha achicado el panorama de presunciones. A finales de 2013 estaba viviendo el ensueño de ser reconocido como un visionario, un estratega, un transformador. Era, según los expertos a sueldo, el ‘Mexican Moment’, y el mandatario era catalogado como el artífice, el ‘Salvador de México’ reconocido por la comunidad económica internacional. Sucedió que ese embeleso lo empezó a trastornar.

Lo mismo que a su secretario de Hacienda quien incluso promovió que lo reconociera como ‘el financiero del año 2014’ la revista The Banker., como impulsor de las reformas estructurales. Los gastos de aquella fiesta del embeleso fueron multimillonarios en dólares, pero no importaba.

Había que festejar por anticipado lo que vendría; había que prepararse para administrar la riqueza porque para eso estaban las reformas, sobre todo la energética que nadie se había atrevido a tocar y decidirse a proponer al Congreso los cambios constitucionales necesarios para abrirle las puertas a las megaempresas petroleras y a los grandes capitales que quisieran invertir en la riqueza petrolera de México.

Hoy, nada queda de aquellos paradisíacos días. Los logros que quisiera dar como relevantes de su gestión administrativa Peña Nieto, habrán quedado rebasadas por temas de crimen, por hechos de sangre, por actos atrabiliarios de su gobierno violatorios de los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas a su mando, y del área de seguridad a cargo del titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que tan mal le ha ido con el encargo de seguridad pública que le adhirieron en este sexenio a la dependencia a su cargo.

En el gobierno han querido dar por olvidado el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, el fusilamiento de al menos 15 civiles de un grupo de 22 en Tlatlaya por parte del Ejército aún después de haberse rendido; los muertos a mansalva de Apatzingan del pasado 6 de enero, los más de 40 asesinados en Tanhuato, y la masacre de Santa María Ostula contra la población civil nahua, por parte de la Policía Federal, elementos de la Marina y del Batallón 86 del Ejército mexicano.

El Ejecutivo federal inició su administración el 1 de diciembre de 2012 con la promesa de que “en un año” se empezarían a ver resultados de la supuesta estrategia contra el crimen organizado, la violencia e inseguridad, y que por lo tanto, habría una hipotética “disminución” en los delitos que más aquejan a los mexicanos, como es el caso de los homicidios tanto dolosos como culposos.

A partir de entonces se echó a andar una estrategia extraña -como el no mencionar términos como ‘crimen organizado’, ‘cárteles de la droga’ ni nombrar a los líderes de las bandas criminales, ni usar en los discursos palabras como ‘masacre’ ni otras vinculadas con el argot criminal-; quedó prohibido a los funcionaros decirle a las cosas por su nombre en los discursos públicos.

Desde entonces se ha venido insistiendo, por parte del presidente Peña Nieto y de su secretario de Gobernación, que ha habido una disminución ‘real’ en el, número de homicidios que se cometen en el país, vinculados al crimen organizado. Sin embargo, los hechos cotidianos de violencia y sangre desdicen su optimismo.

Toda esa sombra de criminalidad y de conflictos de interés que pesan sobre la administración peñanietista es lo que opacará las buenas intenciones con las que habrá de informar el mandatario federal del país el estado que guarda su administración en su tercer mensaje a la nación del próximo 2 de septiembre en Palacio Nacional.

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