Juicio ciudadano a Peña Nieto

PAULINO CÁRDENAS 

Mientras que el presidente Enrique Peña Nieto anunciaba cambios en su gabinete -demasiado tardíos, desatinados la mayoría y con al menos dos omisiones que debieron encabezar los relevos-, integrantes de la Constituyente Ciudadana y Popular continuaban los preparativos de un juicio ciudadano contra el mandatario federal y su gobierno, a realizarse el lunes en el Museo de la Ciudad de México a las 4 de la tarde. La iniciativa fue propuesta por el obispo de Saltillo, Raúl Vera López.

Los organizadores dijeron que los ejes de ese juicio popular serán por usurpación del poder, simulación democrática, control mediático, violencia y terror de Estado, así como por violencia económica y negación de derechos sociales. Intervendrán como fiscales del juicio popular entre otros investigadores, Laura Carlsen, Javier Sicilia, Alejandro Álvarez Béjar, y Periodistas de a Pié que fundó Marcela Turati, según se dio a conocer en conferencia de prensa.

También habrá testimonios de familiares y amigos de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero así como indígenas de la comunidad de San Francisco Xochicuautla, Puebla, quienes en meses recientes han sufrido el embate del poder al intentar imponer un megaproyecto carretero por su territorio. En dicho juicio popular se abordarán también hechos de sangre como las masacres de Tlatlaya, la de Apatzingán, de Tanhuato, y de Santa María Ostula, entre otros.

En el juicio participarán también trabajadores del sector salud, comunidades que luchan contra la iniciativa de ley de aguas, periodistas que han sufrido acoso en sus entidades y otras víctimas agraviadas por el régimen. En este juicio participarán diversos sectores que se han visto afectados por “la política criminal” del gobierno se dijo en la conferencia que al respecto se ofreció el pasado lunes.

La Constituyente Ciudadana-Popular (CCP), en la que participan miles de hombres y mujeres junto al obispo Raúl Vera López, propone refundar el Estado y el país con la unión de la ciudadanía y los pueblos, a partir de un movimiento social que elabore una nueva Constitución por fuera de las lógicas de las elites y los partidos existente.

Para esto, han dicho sus integrantes, es necesario tanto la conformación de un nuevo sujeto social comunitario, como la lucha pacífica, por desplazar del gobierno y el poder a los responsables de la crisis nacional, de la entrega de nuestro país al vecino del norte y a las empresas multinacionales con las llamadas reformas estructurales, proceso que se inició “desde el retorno del PRI a Los Pinos”.

Con este proceso de reformas, afirman, se ha atentado contra la Constitución de 1917 al quitar los derechos sociales consagrados en ella. Señalaron que Peña Nieto, con un acuerdo de los tres principales partidos más el apoyo de empresarios oligarcas y los medios de comunicación sometidos al gobierno, procedió a desmantelar los últimos resabios de soberanía nacional y los exiguos derechos sociales contemplados en la llamada carta magna.

“Concluyeron la conversión del Estado mexicano en un protectorado bajo el mandato de Estados Unidos y las empresas trasnacionales; entregaron las últimas riquezas del país que no se habían podido regalar a las multinacionales, como los hidrocarburos”.

Dijeron que este ejercicio de juicio ciudadano contra el régimen debe ser visto como una práctica de concientización, misma que toma como punto central escuchar la voz de las víctimas del Estado mexicano. Señalaron que la estrategia del gobierno peñanietista “es generar terror y violencia” como lo demostraron con las masacres de Tlatlaya, Ayotzinapa, Apatzingán y Tanhuato, entre otras, además de la desaparición de los 43 normalistas.

Dijeron que son algunos de los eslabones de las nuevas estrategias del terror de Estado que ha convertido en enemigo interno a todo ciudadano y ciudadana, opositores al régimen. Ante ello se pondrá en el centro la fuerza moral que tienen las voces de las y los agraviados para sentar las bases de formas de justicia “que vamos a ejercer en el proceso Constituyente”.

Señalaron que el artículo 39 de la Constitución establece el derecho inalienable del pueblo a cambiar su forma de gobierno. Lo que se pretende es recuperar la figura de Tribunal de conciencia como un ejercicio de memoria, concientización y educación. Manifestaron que el juicio contra el gobierno de Peña Nieto se justifica, luego que a casi tres años de su llegada a Los Pinos, los crímenes y ataques del gobierno mexicano contra el pueblo se han incrementado.

“Pero sobre todo, asumimos este juicio como parte del proceso por deponer legal y pacíficamente al actual presidente, que ha demostrado que no está gobernando para las mayorías”, enfatizó Romeo Cartagena, uno de los integrantes de la Constituyente Ciudadana y Popular.

Sin embargo, el juicio no lo es todo, añadió. Se va avanzando en la conformación de Comités en los estados y en la discusión con los sectores agraviados para generar este nuevo proyecto de nación entre todos, que va a estar contenido en el libro del pueblo”,  indicó.

Se enfatizó que además de la violencia económica contra la nación, la impunidad campea en el país, la corrupción y los crímenes de la clase política de la que participa la familia presidencial y los más altos funcionarios y dirigentes de los partidos del régimen, es premiada y legalizada por el Poder Judicial y Legislativo. La cereza del pastel fue la fuga del Chapo, comentaron.

Estuvo además el ‘lunes negro’ que llevó a la caída del peso a su máximo histórico en más de 20 años, es una de las tantas señales que anuncia una crisis social y económica aún más grave que todo lo que hemos vivido hasta la fecha. Por ello, señalaron, “Peña Nieto y su gobierno deben irse; de otra forma la violencia, el terror de estado, la pobreza y el desmantelamiento de toda soberanía nacional, avanzarán sin freno”.

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