México bajo la lupa de la ONU

PAULINO CÁRDENAS

Mientras que el presidente Enrique Peña Nieto se alista a exaltar mañana en el mensaje a la nación lo que considera logros de su gobierno, y que sin duda aprovechará su tercer informe para hacer un balance general de su administración, continúa pesando sobre sus espaldas y la de su gobierno las acusaciones de la tragedia de los 43 normalistas desaparecidos y otros eventos similares de violencia y sangre, que es una clara muestra de que las violaciones a los derechos humanos y los delitos de lesa humanidad continúan en el país.

Esos problemas continúan porque no hay freno a la impunidad. Hay mucha verborrea sobre el tema; se dice que harán y no hacen; prometen y no cumplen sus promesas ya que en la práctica todo sigue igual, según las quejas que familiares y asesores de las víctimas han hecho llegar al área de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Las pesquisas carecen de rigor científico, los delitos de desaparición forzada no existen para la autoridad y la responsabilidad del Ejército no se indaga.

Tampoco se investiga la cadena de complicidades que hay entre las bandas del crimen organizado y los funcionarios que en teoría deben encargarse de combatir la delincuencia. Los círculos de connivencia no se rompen por falta de voluntad política o simplemente porque hay muros de corrupción que lo impiden. El narcotráfico y la clase política parecen vivir un romance interminable. Así conviene a las partes; son como los matrimonios por conveniencia.

Pero la gente ya comenzó a organizarse ante la infame cadena de corruptelas e impunidades que prevalece en los pactos entre el crimen organizado y gobernantes, militares, partidos y empresarios. Han ido apareciendo varias agrupaciones civiles integradas por familiares de las víctimas, que asesoradas por abogados, han empezado una lucha, no solo jurídica para exigir justicia y aplicación de la ley para perseguir, detener y consignar responsables, sino incluso para iniciar una lucha civil, de ser posible sin armas.

Muchas comunidades que han ido organizándose en todo el país tienen como denominador común un enemigo común que unos lo ubican en el gobierno federal, otros en los gobiernos estatales e incluso en los mandos municipales, coludidos un gran parte de ellos con la delincuencia organizada. Por la parte de los cárteles hay ya muchos grupos que se han diversificado en todo el país repartiéndose o peleando por rutas y territorios en donde sientan sus lares a base de fuego y sangre. El recurso más frecuente es el secuestro. Lo segundo es la desaparición forzada.

Le siguen las torturas, las ejecuciones, las decapitaciones, las incineraciones, las mutilaciones, las disoluciones de cadáveres en ácido y los entierros en fosas clandestinas que siguen siendo halladas en prácticamente todo el territorio nacional. Nada menos que en Nuevo León, en el poblado rural de Salinas Victoria, hubo el hallazgo de una mega fosa en la que, se dice, encontraron 31 mil fragmentos humanos -no se sabe si son fragmentos óseos solamente- que podrían corresponder a decenas y decenas de muertos, nadie sabe en qué condiciones.

La información se había ocultado a los medios por parte de la administración saliente a cargo de Rodrigo Medina. En una reunión del gobernador saliente y su procurador Javier Flores, con el equipo de transición del mandatario entrante, Jaime Rodríguez alias El Bronco, salió a relucir la existencia de la megafosa con los 31 mil fragmentos de restos humanos. La cifra parece descomunal o equivocada pero así fue manejada.

Esto lo hizo público la activista y religiosa Consuelo Morales, titular de la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) en el diario El Mañana de Nuevo Laredo. No dijo como se estableció esa cifra. Se cree que esos homicidios dolosos podrían ser parte de los crímenes relacionados con el narcotráfico.

El poblado de Salinas Victoria está ubicado a 34 kilómetros al norte de Monterrey. Esa comunidad que es uno de los principales reductos de la delincuencia organizada durante la época más violenta en Nuevo León, entre 2009 y 2012.

Tras el hallazgo, los restos fueron recogidos por las autoridades y son analizados en el anfiteatro del Hospital Universitario regiomontano, donde se les practicarán pruebas de ADN, con muestras de personas que han reportado desapariciones, afirmó la activista. Mientras, el secretario de Gobernación sigue diciendo que en México la violencia se ha reducido “a su mínima expresión”, lo mismo que afirma Peña Nieto.

Habrá que ver si ese hallazgo es un toro que El Bronco decida agarrar por los cuernos, quien en campaña había ofrecido ir tras el crimen organizado con la colaboración de la ciudadanía. Ahí está el primer reto que tiene en ese sentido el gobernador electo que ganó las elecciones como candidato independiente el pasado 7 de julio y que tomará posesión del cargo el próximo 4 de octubre.

El encontrar más y más fosas clandestinas, es prueba de que en México la violencia, los hechos de sangre y la serie de actos que atemorizan e incluso aterrorizan a muchos poblados de la República por parte de los cárteles de la droga y de las mafias del crimen organizado, siguen vigentes. Tampoco es cosa de querer echarle la culpa al de atrás.

Según la revista Zeta de Tijuana, en lo que va del sexenio de Enrique peña Nieto, del 1 de diciembre de 2012 al 31 de julio de 2015, van 57, 410 homicidios dolosos vinculados la mayoría con el narcotráfico y con el crimen organizado. ¿En dónde quedaron tantos muertos? Se supone que en fosas clandestinas, en cañadas, en ríos, en el mar.

Es lo que se preguntan los dolidos padres de los 43 normalistas desaparecidos: ¿Dónde quedaron sus hijos? Se acerca el primer aniversario de esas desapariciones forzadas, por lo que el país se irá cimbrando cada día con las protestas, hasta el 26 de septiembre. Y aun más allá. Mientras tanto, la ONU mantiene bajo la lupa al gobierno de México. Y no solo por los desaparecidos de Ayotzinapa.

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