Las cuatro hipótesis de los 43

PAULINO CÁRDENAS

A casi un año de sucedidos los abominables hechos de Iguala, se han venido manejando al menos cuatro hipótesis sobre lo que pudo haber sucedido. Una -que es la versión oficial-, que habrían sido incinerados y las cenizas echadas al río Cocula; otra, que fueron llevados a un lugar desconocido que pudo ser al sureste del país donde podrían estar realizando trabajos forzados; una más, que fueron muertos, y enterrados en diversas fosas clandestinas de las que hay muchas en el país, y una cuarta hipótesis, de que están vivos en una de las cárceles clandestinas que tiene el Ejército ex profeso para esos casos.

Esta última versión la sostiene el General Brigadier en retiro del Ejército Mexicano, Francisco Gallardo Rodríguez, quien afirmó que el ataque a los 43 normalistas de Atyozinapa la noche del 26 de septiembre de 2014, fue una maniobra militar encaminada a proseguir con la “política” represora del actual régimen usurpador. Reveló que el Ejército sí dispone de cárceles clandestinas, aunque lo niegue, y que por lo tanto hay altas posibilidades de que los estudiantes estén vivos. El ex militar participó en una reunión auspiciada por el Colegio de México denominada “A un año de los hechos de Iguala”.

Acompañado del doctor Lorenzo Meyer y familiares de Julio César Mondragón, normalista torturado, desollado y asesinado en aquellos hechos brutales. Gallardo aseguró que “hay cárceles clandestinas que el Ejército dice que no hay”, y que ha habido casos de personas encarceladas hasta por 30 años. De ahí, sostuvo que él ve la posibilidad de que los normalistas estén vivos. El general retirado confirmó que los hechos en Ayotzinapa configuran plenamente un crimen de Estado.

Ello, aseguró, porque Peña Nieto tuvo conocimiento en tiempo real de todo lo que estaba sucediendo, la policía de Guerrero está militarizada e incluso opera con un cuerpo de espionaje para “prevenir” rebeliones en esa tierra brava de nuestro país. “El Ejército mexicano sabe perfectamente dónde están los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa”, agregó citado por el portal digital Sinembargo que dio cobertura a la conferencia. En ese sentido, el ex militar reiteró que en Guerrero hay cárceles y crematorios clandestinos del Ejército y que hay que seguir con la búsqueda en todos los rincones del Estado.

Recordó casos de personas “desaparecidas” que estuvieron encarceladas hasta por 20 o 30 años, por lo que él ve una posibilidad de que los normalistas estén vivos. Para ello puso en contexto documentos de inteligencia del Pentágono, que él mismo revisó, en los que se consigna que “la amenaza más grande que detectamos son los movimientos sociales”, por lo que la represión es una orden que viene “de muy arriba”.

El ex general Gallardo instó a los familiares de los normalistas a no quitar el dedo del renglón, seguir luchando y presionar a través de las instancias internacionales, pues “sí yo no tengo pruebas de que mi hijo está muerto, para mí está vivo”. A casi un año de ese brutal crimen de Estado, los familiares de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos de manera forzada, siguen clamando justicia al gobierno de Peña Nieto. Bajo la consigna de “!Vivos se los llevaron, vivos los queremos”!, se han venido realizando infinidad de protestasen todo el país e incluso en al menos 16 otras naciones.

A su paso van exigiendo justicia y castigo para efectivos del Ejército, la Policía Federal y elementos de seguridad estatal que habrían participado en la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la escuela rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, lo que tiene bajo presión al jefe del Ejecutivo federal y al gabinete de Seguridad que ha tenido una serie de desatinos, lo mismo que las investigaciones que ha realizado la PGR sobre el caso, cuya ‘verdad histórica’ fue echada abajo por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

El domingo antepasado, los familiares de los normalistas desaparecidos pidieron que se enjuicie al ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, al ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, y a los militares y policías involucrados en la desaparición forzada de los normalistas entre la noche del 26 de septiembre del año pasado y la madrugada del 27. Lo mismo solicitó el senador perredista Alejandro Encinas integrante de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional quien advirtió que las autoridades pudieron haber incurrido en complicidad criminal o, por lo menos, obstrucción de la justicia.

Señaló el legislador que “la investigación es contundente, lo que revela es que mintieron, todos mintieron, todos tenían información de lo que ocurrió y mintieron, tanto la autoridad local, como la estatal, la federal y los militares”. Y añadió: “La mentira es un delito, porque es obstaculizar la impartición de la justicia, es ser cómplice de la delincuencia organizada. A Murillo Karam, al ex gobernador Aguirre y al General del 27 Batallón militar se les deben fincar responsabilidades, por acción u omisión, por dolo o por ignorancia” señala una nota de Claudia Guerrero para la agencia Reforma.

Entrevistada por separado, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña, exigió a la PGR reabrir la investigación por completo, para empezar de cero y colocar como hipótesis central del caso la posibilidad de que los normalistas pueden estar con vida. “Se les tiene que buscar vivos, porque ya no se puede comprobar que hayan sido quemados en el basurero de Cocula, como se dijo. La ruta de investigación se debe reabrir, pero se les debe buscar vivos”, expresó.

Al día siguiente de que los familiares de los normalistas manifestaran sus demandas, el presidente Enrique Peña Nieto expresó “su total disposición” de reunirse con los padres de los estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa. El mandatario afirmó que su gobierno no cejaría en trabajar para conocer la verdad de lo que sucedió en Iguala, Guerrero, y dijo que había ordenado convenir con la CIDH la ampliación del mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) con el fin de que concluyan sus labores sobre el caso.

Trascendió que la reunión entre Peña Nieto y los familiares de los estudiantes que sufrieron desaparición forzada será el próximo 24 de septiembre, dos días antes de que se cumpla un año de esos lamentables hechos, que el 26 volverán a cimbrar al país.

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