Investigación simulada de los 43

PAULINO CÁRDENAS

Dentro y fuera del país se da por hecho que para salir del paso el gobierno federal ha realizado una investigación simulada del caso Ayotzinapa que a nadie ha convencido, mucho menos a los familiares de las víctimas. ¿Verdad histórica o mentira histórica? De hecho el Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, lamentó el desinterés del gobierno mexicano para cumplir con las recomendaciones que emitió desde 2011.

A principios de este año, ese Grupo de Trabajo recabó información del gobierno mexicano y de organizaciones de la sociedad civil sobre el cumplimiento de las recomendaciones que emitió durante su visita al país hace cuatro años. Con base en ese intercambio con el gobierno de Enrique Peña Nieto, concluyó en un extenso informe que el Grupo manifestaba su pesar por los pocos avances en la implementación de sus recomendaciones.

No obstante que valoró que el gobierno mexicano reconociera “la gravedad” del delito de desaparición forzada y “los importantes retos” que enfrenta en la materia, constató que en realidad “no ha habido un reconocimiento a la dimensión del problema”, ya que “las autoridades aún utilizan una terminología elusiva para referirse a las desapariciones forzadas”, “suelen evadir sus responsabilidades” o “minimizan los hechos calificándolos como aislados”.

De hecho esa misma estrategia ha sido la misma en el caso de la desaparición masiva forzada de los 43 jóvenes de la escuela rural ‘Raúl Isidro Burgos’ de Ayotzinapa, Guerrero. Han venido utilizando una terminología elusiva. El ex procurador Jesús Murillo Karam dijo que se trataba de la mayor investigación de la historia. Se basó en ‘testimonios’ de supuestos autores de la pira humana y de quienes habrían ordenado la desaparición forzada de los normalistas.

Fueron incinerados, y sus cenizas echadas a un río, según uno de lo sicarios, El Gil. Y punto. Para el ex funcionario esa fue ley. Pero al comenzar a revisar el caso algunos organismos independientes internacionales, sus argumentos echaron abajo el teorema oficial con el que se quiso dar por cerrado el incómodo tema que le hizo perder credibilidad y confianza al gobierno de Enrique Peña Nieto.

Naturalmente, salieron a defender la ‘verdad histórica’. Pero quedaron en evidencia las torpezas de las indagatorias, su desaseo y sus omisiones. Una de las primeras críticas fue doméstica. La Comisión Nacional de Derechos Humanos declaró que la PGR nunca elaboró las fichas de identificación de los 43 desaparecidos. ¿A quiénes iban a buscar si no sabían de quiénes se trataba? Empezaron a indagar prácticamente a ciegas; no tenían datos ni se habían ocupado de recabarlos.

De hecho los primeros indicios de cómo habrían sido los hechos, fueron por testimonios recabados por reporteros que hablaron con familiares, amigos, estudiantes normalistas que conocían a los desaparecidos, con todo lo cual se fue armando el rompecabezas. Así se supo que los normalistas habían tomado unos autobuses para ir a Iguala a boicotear la celebración de la directora del DIF, María de los Ángeles Pineda Villa y que en dicha fiesta aprovecharía para lanzarse como sucesora de su marido, el alcalde José Luis Abarca, les fue impedido el paso hacia ese municipio.

Era el viernes 26 de septiembre de 2014. Por órdenes del alcalde la policía de Iguala y de Cocula los persiguieron, los atacaron, balearon un autobús donde iba a bordo un equipo de futbol, hirieron a varios de sus ocupantes y tres estudiantes murieron en ese ataque. Luego persiguieron a los cinco autobuses en los que iba otro grupo de estudiantes; se habla de que eran 57 en total. A como pudieron se escabullaron 14 de ellos y los demás, 43, fueron atrapados, subidos a patrullas y camionetas de la policía, y más tarde desaparecidos.

El resto de la historia ha sido referida en diferentes medios a lo largo de casi un año de esos acontecimientos, en torno a los cuales hay varias hipótesis. Una de ellas la dio el General Brigadier en retiro del Ejército Mexicano, Francisco Gallardo Rodríguez, quien afirmó que el ataque a los 43 normalistas de Atyozinapa la noche del 26 de septiembre de 2014, fue una maniobra militar encaminada a proseguir con la “política” represora del actual régimen.

En una reunión auspiciada por el Colegio de México denominada “A un año de los hechos de Iguala”, el militar señaló: “El Ejército mexicano sabe perfectamente dónde están los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa” y reveló que el Ejército “sí dispone de cárceles clandestinas, aunque lo niegue, y que por lo tanto hay altas posibilidades de que los estudiantes estén vivos”.

Pero el gobierno no ha autorizado que los grupos ajenos al gobierno que vienen investigando el caso Ayotzinapa, entren a las instalaciones del cuartel del 27 Batallón militar de Iguala, ubicado en el epicentro de la desaparición multitudinaria de los 43 normalistas, que tendrían que ser 42, porque uno de ellos, Julio César Mondragón, apareció esa madrugada arrojado en una calle de Iguala, muerto, golpeado, desollado.

Nadie sabe qué argumentará Peña Nieto de toda esa investigación simulada, este jueves, cuando se reúna con los padres y madres de los normalistas víctimas del caso Ayotzinapa. ¿Dará por buena la ‘verdad histórica’? O habrá más historias oficiales que contarle a los familiares, que ya están hartos de oír versiones y promesas incumplidas. Los ojos de México y de muchas naciones estarán pendientes de lo que diga el mandatario federal.

Y millones en el mundo estarán a la expectativa de lo que suceda el próximo sábado y domingo, cuando se cumpla un año de esos vergonzantes acontecimientos que siguen teniendo atrapado al gobierno peñanietista y sobre todo que el caso Ayotzinapa mantiene en entredicho a los aparatos de justicia y de seguridad del régimen priísta. Se temen disturbios. De hecho en Chilpancingo, Guerrero, ya comenzaron.

 

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