Premian reportaje de Aristegui

PAULINO CÁRDENAS

En Medellín, Colombia, el reportaje de Carmen Aristegui sobre la famosa ‘Casa Blanca’ de la pareja presidencial Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, fue distinguida con el premio Gabriel García Márquez de Periodismo 2015, en la categoría de ‘Cobertura’, trabajo periodístico de investigación que le costó la chamba a la conductora de la empresa MVS donde laboraba, no obstante que ese trabajo fue dado a conocer en noviembre pasado en su portal Aristegui Noticias y en la revista Proceso simultáneamente.

Ese reportaje que fue premiado anoche, dejó al descubierto que una mansión en la exclusiva zona de la capital mexicana, Las Lomas de Chapultepec –valuada en 7.5 millones de dólares–, había sido construida y financiada por el Grupo Higa, que empresa constructora que fue beneficiada con millonarios contratos cuando el hoy presidente se desempeñó como gobernador del Estado de México entre 2005 y 2011.

En marzo pasado, MVS despidió a Carmen Aristegui argumentando la empresa que su adhesión de ella y de su equipo al proyecto ‘MexicoLeaks’ de denuncia pública, “implicó un lamentable abuso de confianza” dijo el principal accionista Joaquín Vargas hijo. En paralelo corrió la versión que su salida como conductora del medio de noticias entonces el de más alto rating por las mañanas de lunes a viernes, había sido ordenado desde Los Pinos por haber denunciado el asunto de la ‘Casa Blanca’.

La periodista ha dicho que su despido de MVS fue un “acto de censura”, pues se trató de “una acción indebida, calculada, cuya única pretensión era sacar del aire a un grupo de periodistas críticos con el poder”, en particular la información sobre las propiedades del presidente mexicano. Y “aunque no hay documento que lo pruebe”, subrayó, se puede presumir a intervención del gobierno en este caso.

El reportaje coincidió con una gira presidencial a China. Durante el vuelo se difundió el reportaje de la “Casa Blanca”, el cual destapaba que la casa propiedad de Angélica Rivera de Peña, con valor cercano a los siete millones de dólares. El escándalo por la  información revelada por la prensa y después confirmada por el vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, se generó no solo por las dudas que generaba el que una actriz de telenovelas pudiera comprar una casa en Las Lomas.

Trascendió entonces que la residencia, valuada en cerca de 86 millones de pesos, pertenecía a una empresa filial de Grupo Higa, un grupo muy cercano a Enrique Peña Nieto, desde que era gobernador del Estado de México. Durante los días y meses siguientes la polémica se incrementó al revelarse indicios de un claro ejemplo de tráfico de influencias y corrupción.

La “Casa Blanca” estaba registrada a nombre de una empresa del Grupo Higa, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, uno de los contratistas preferidos del gobierno del Estado de México, y que continuó sus beneficios desde que Peña llegó a la Presidencia. El asunto motivó que cuatro meses después de publicado el reportaje que agarró vuelo internacional en medios influyentes y de prestigio, vinieran las presiones de Los Pinos para la familia Vargas, dueña de la empresa de radio y televisión restringida MVS, en donde Aristegui tenía un espacio por las mañanas, el más altamente cotizado en audiencia, de lunes a viernes.

En marzo pasado MVS despidió a Carmen Aristegui argumentando la empresa que su adhesión de ella y de su equipo al proyecto ‘MexicoLeaks’ de denuncia pública, “implicó un lamentable abuso de confianza” dijo el principal accionista Joaquín Vargas hijo. En paralelo corrió la versión que su salida como conductora del medio de noticias entonces el de más alto rating por las mañanas de lunes a viernes, había sido ordenado desde Los Pinos por haber denunciado el asunto de la ‘Casa Blanca’.

La periodista ha dicho que su despido de MVS fue un “acto de censura”, pues se trató de “una acción indebida, calculada, cuya única pretensión era sacar del aire a un grupo de periodistas críticos con el poder”, en particular la información sobre las propiedades del presidente mexicano. Y “aunque no hay documento que lo pruebe”, subrayó, se puede presumir a intervención del gobierno en este caso.

Después de que Aristegui fue despedida de MVS y exigiera al aire la restitución de sus compañeros, la emisora decidió concluir también su contrato argumentando que le había perdido la confianza. La periodista denunció entonces que detrás de esa decisión estaba la mano de la Presidencia mexicana e inició un proceso judicial para exigir que se le permitiera a ella y su equipo volver a la emisora. No prosperó su demanda.

En Medellín, Colombia, la periodista y conductora Carmen Aristegui ayer por la mañana, anunció que había decidido presentar una denuncia contra el Estado mexicano ante la CIDH “por denegación de la justicia”, precisamente, dijo, porque el Estado mexicano impidió que este juicio procediera en México. Su decisión fue anunciada durante su participación en el coloquio “Contra la corrupción” que se celebra en esa ciudad, previo a la entrega anoche del Premio Gabriel García Márquez de periodismo. Por la noche recibió el premio en la categoría ‘Cobertura’.

Habló del intento que había hecho con su equipo de abogados en México luego de haber sido despedida de la empresa MVS, recurso que resultó infructuoso: “No sabíamos si ganaríamos o no, y si una orden judicial nos pudiera regresar al aire, en cumplimiento de un contrato civil que establece un modelo de libertad editorial, y no un modelo de control editorial. “Nosotros queríamos que la justicia mexicana dirimiera si ese grupo empresarial tenía derecho a cambiar las reglas del juego editorial establecidos e ir en contra de ese contrato, del código de ética, y de la ley”.

De esa forma se refirió al hecho de que en julio pasado un tribunal decidió terminar con el juicio que se seguía por la demanda de amparo que presentó la periodista tras su salida del aire en marzo pasado. Como producto del encuentro entre periodistas en Medellín, Aristegui de quienes recibió respaldo y solidaridad gremial, anunció que elevaría su demanda contra el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

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